Los beneficios colaterales del ‘caso Odyssey’

En los días de tempestad, el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) de Cádiz recuerda a un buque de principios del siglo XX a merced de las olas. Las ventanas del antiguo balneario, ubicado en la playa de La Caleta, crujen con el viento y la mar embravecida rememora tragedias del pasado. Solo hasta donde se pierde la vista en esa zona hay 87 pecios hundidos de todas las épocas, 19 localizados arqueológicamente y el resto conocidos gracias a la documentación. Si el radio se amplía al golfo de Cádiz, la cifra se eleva a “unos 2.000″, estima Milagros Alzaga, jefa del CAS. El expolio cometido por la empresa Odyssey en solo uno de ellos, el Nuestra Señora de las Mercedes, hace ya 14 años, ha hecho posible que el resto de yacimientos subacuáticos se beneficien, al menos, de un blindaje legal que ha puesto a España a la vanguardia de su protección y que empuja a nuevos retos científicos.

“Nos hemos convertido en un ejemplo y el mundo nos mira como referencia”, resume Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público y experto en la materia. Aznar es consciente de lo agridulce de su reflexión. Para llegar a este punto, España consiguió ganar el litigio ante la Justicia estadounidense en tribunales de Florida, en febrero de 2012, que reconoció “la propiedad española” de las 500.000 monedas de plata y oro expoliadas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz se ha visto obligada, el pasado julio, a dejar morir la causa contra Odyssey, que debía juzgar su destrozo del yacimiento, ante la prescripción de la mayoría de los delitos, no sin reconocer su “desconcierto” y “enfado” por la insólita tramitación, según su auto. “Es un poco triste el caso, pero si vemos la parte positiva, ha sido una llamada de atención para todos”, resume la jefa del CAS, centro dependiente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

Para Odyssey Marine Exploration, dirigida entonces por Greg Stemm, no era desconocida la historia de la Mercedes, un buque español en el que viajaban 275 personas, hundido por los ingleses frente a la costa del Algarve (Portugal) en octubre de 1804 y que acabó por desembocar en la derrota hispano-francesa de Trafalgar (1805). Tampoco se le escapaba los conflictos de competencias entre instituciones y los vacíos legales existentes en España. “Se aprovecharon de la debilidad de la Administración”, razona Aznar, en referencia a los responsables tanto del barco Odyssey Explorer, como del Louisa, otro buque fletado por otra empresa americana para expoliar la costa de Cádiz en 2004.

Tras dos años de reuniones y debates, el Libro Verde del Plan de Protección del Patrimonio Subacuático, publicado en el verano de 2010, dejó atrás buena parte de esa descoordinación. “Ese plan ha supuesto un apoyo a las comunidades autónomas, que no tenían carta arqueológica subacuática”, apunta Alzaga. En lo legal, la suma de fuerzas puso en marcha una cascada de reforzamientos normativos. En el caso autonómico, cada comunidad se “ha alineado aún más” con la Convención de 2001 de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. La ley estatal de navegación marítima ya ha incorporado que las reglas de salvamento no son aplicables a la arqueología subacuática. Y el cambio ni siquiera ha concluido aún: la modificación de la Ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español —anunciada el pasado junio— incluirá la necesidad de supervisión del Ministerio de Cultura de cualquier extracción de un bien cultural del fondo marino.

Más conciencia, menos excavaciones

La protección, coordinación y conocimiento también han fluido hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Armada tiene ahora un papel mucho más activo en esta tarea. Además, la incorporación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior —una red de cámaras y sensores en el Estrecho y las Islas Canarias para controlar la inmigración y el tráfico de drogas— ha blindado contra piratas cazatesoros a buena parte del golfo de Cádiz, donde está la mayor concentración de pecios hundidos susceptibles de protección. “La profesionalidad ahora es espectacular”, asegura el catedrático.

Si el caso Odyssey ha revivido ahora en el imaginario colectivo no ha sido solo por el archivo de la causa judicial, sino gracias a La Fortuna, la serie del director Alejandro Amenábar que ha llevado a televisión la historia, a partir de El tesoro del Cisne Negro, el cómic de Paco Roca. Pero de aquel suceso, que se dilató durante años, queda un poso de concienciación. Pocos son ya los buceadores locales que se atreven a expoliar piezas del fondo marino y muchos los ciudadanos que “llaman y avisan si ven algo extraño”, explica Alzaga. “Desde entonces, la gente ve el patrimonio subacuático como algo suyo que no se puede permitir que se comercie con él”, abunda la responsable del CAS. Con todo, Aznar cree que aún se puede hacer más en lo educativo: “Hay que hacer ver a los chavales que eso es el mayor museo del mundo. A lo mejor, por motivos económicos y tecnológicos ni podemos acceder a él, pero llegará el momento en que será posible. Solamente se quiere lo que se conoce y entonces podremos forzar a nuestra clase política a que sea más proactiva”.

Y queda más margen de mejora. El arqueólogo Javier Noriega y su empresa Nerea —nacida de la Universidad de Málaga, llegó a ser galardonada por la UE en 2009 por ser socialmente responsable— se personaron como acusación particular en la causa que ahora ha muerto en la justicia española. El especialista reconoce su decepción con lo vivido en la instrucción, pero prefiere centrarse en el futuro con estudios que pongan el foco justo en lo que se ha quedado sin condena: los yacimientos subacuáticos como lugares de memoria y tumbas de guerra. La pasada semana, Noriega defendió esta visión en Cyanis, la primera edición de un congreso internacional iberoamericano sobre patrimonio subacuático, que se ha celebrado en Cádiz.

Cada naufragio, bien sea por batallas, inclemencias del mar o accidentes, suele ocultar tras de sí decenas de fallecimientos. Fue algo que Odyssey no tuvo en cuenta cuando destrozó y expolió a la Mercedes “sin pudor ni respeto”, como rememora Alzaga sobre lo que también fue una de las líneas de defensa de España en el juicio en Estados Unidos. Si el caso no hubiese muerto en los tribunales españoles, Aznar cree que también habría sido una de las líneas argumentales claves. Más allá de esas implicaciones legales, Noriega defiende el empleo de la arqueología subacuática con ese enfoque memorialista, como una forma de “dar identidad a las personas, reconstruir su historia”.

La jefa del CAS conoce bien esa perspectiva. Tras unas obras en el Puerto de Cádiz en 2012, se hallaron tres buques hundidos de los siglos XVI al XVIII. Ella consiguió identificar a la Piccola Vassalla, el primer pecio mandado a pique por el pirata inglés Drake, en 1587, durante su ataque a la ciudad. En aquellos sondeos a los tres barcos hundidos se localizaron también los restos del cráneo de una mujer y el fémur de un hombre que aún estudian a fondo para averiguar aspectos de la vida cotidiana del siglo XVI. Desde aquella campaña, el CAS no ha vuelto a realizar nuevos sondeos, aunque sí visitas de documentación a yacimientos.

Noriega defiende la necesidad de realizar más excavaciones como esas bajo el mar y pone el foco en los buques de la batalla de Trafalgar, ya que algunos de ellos son aún grandes desconocidos. “Nos hace falta investigar, intervenir, conservar y publicar sobre más pecios para arrojar luz de la historia de estas personas que murieron”, apunta el investigador. Para el arqueólogo, después de la decepción de que el expolio de la Mercedes quede impune, sería un acto casi de justicia poética, una forma en la que “un problema se convierta en una oportunidad”.