El lío de desalojar a Franco de las calles

España alberga todavía 533 vías urbanas cuyos nombres enaltecen al general Francisco Franco, honran la sublevación militar que emprendió o conmemoran la represión que sufrieron los españoles entre 1936 y 1975, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno en 2020. Pero esta semana se han vivido dos episodios que reflejan de nuevo las complicaciones que acarrea el propósito de borrar esos homenajes de los lugares públicos.

En Palma, un error de bulto presentó a los almirantes del siglo XIX Churruca, Gravina y Cervera como fascistas, argumento que derivó después en que se trataba en realidad de los nombres de tres buques de guerra que habían servido a los sublevados en la Guerra Civil (lo cual no era cierto en el caso de los dos primeros, que combatieron del lado republicano). En Oviedo, su Ayuntamiento ha tenido que restituir por orden judicial los nombres de militares franquistas que se habían quitado hace un año. El juez consideró que la comisión no cumplía la normativa por “falta de objetividad” y ausencia de “pluralismo”.

A ello se añaden las denuncias en varias ciudades cuyos ayuntamientos no terminan de borrar las huellas del régimen dictatorial. Una mirada de conjunto permite observar que la ley de memoria histórica no se aplica del mismo modo en toda España, y además invita a dudar si algún día será posible por fin desalojar a Franco del callejero nacional.

El primer punto de dificultad en la tarea de alejar el franquismo de las placas urbanas radica en que algunas comunidades autónomas (por ejemplo, Aragón) apenas le dedican un pequeño párrafo en su ley propia y no son precisas a la hora de dictar cómo formar una comisión de memoria y cómo debe funcionar.

La composición de las comisiones y la presencia de historiadores es esencial para impedir los errores. Pero no basta con contar con expertos. Las instituciones deben seguir sus consejos. Se evitarían así pasos en falso como cuando el Ayuntamiento de Cáceres quitó en 2010 un escudo de los Reyes Católicos por considerarlo franquista, sin haber consultado debidamente la opinión de expertos. Tuvo que reponerlo tras la intervención de Antonio Bueno, secretario del Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos.

Un segundo término del problema afecta a los encargados de aplicar las decisiones, más allá de la calidad de los informes, de la constitución de las comisiones y de sus propuestas. Y en eso resulta decisiva la tarea de los ayuntamientos, que son los que finalmente las ejecutan. Por ejemplo, en Málaga, pese a haber aprobado en pleno el cambio de nombre de varias calles, los carteles no se han descolgado. Ahí siguen los rótulos de las avenidas de Carlos Haya y del Comandante García Morato, entre otros. Daniel Pérez, portavoz del grupo municipal socialista, en la oposición, señala como responsable a la Comisión de Calles del Consistorio, regida por la concejala de Cultura.

Y un paso adicional consiste en que, una vez retiradas las placas de las calles reales hay que conseguirlo en las virtuales. En Google, por ejemplo, es fácil encontrar pueblos que mantienen en sus callejeros el nombre del dictador. Es el caso de Campillo de Deleitosa (Cáceres), donde el GPS del buscador aún sitúa la calle principal dedicada al General Franco y otra adyacente a José Antonio Primo de Rivera. El alcalde, Fermín Sánchez, del PP, matiza: “Llevamos tiempo queriendo arreglarlo. El anterior Gobierno municipal del PSOE sustituyó las placas, pero no tramitó el cambio de forma oficial. Muchas cartas tienen aún la dirección antigua y el cartero se pierde”.

En otros pueblos como Acebo, también de Cáceres, los vecinos y el grupo municipal de Podemos se quejaron porque el Consistorio simplemente colocó las placas nuevas junto a las antiguas, lo que derivó en que algunas vías tengan dos nombres para los viandantes: la calle del General Mola es también el Rincón del Obispo.

Pese a todas las dificultades, también se han dado casos en los que estos trabajos han llegado a buen término. Por ejemplo, en Madrid, donde en el año 2017 la entonces alcaldesa Manuela Carmena reunió a personalidades como el escritor Andrés Trapiello, la filósofa Amelia Valcárcel, el sacerdote Santos Urías o el historiador y académico Octavio Ruiz-Manjón. Trapiello lo recuerda con agrado: “Fue una de las experiencias personales e intelectuales más satisfactorias de mi vida. Era un grupo de personas de todas las ideologías poniéndose de acuerdo en el 95% de las decisiones. Comprendimos desde el primer momento que se nos llamaba para aplicar una ley con muchas deficiencias, y tratamos de hacerlo desde la racionalidad, no desde la emotividad, como demasiado a menudo se tratan estos asuntos”. Se acordó cambiar el nombre de 52 calles.

Pero eso sucedió tras vencer las deficiencias que entraña la propia norma, entre las que Trapiello destaca la ambigüedad de ciertos preceptos. Por ejemplo, ordena eliminar nombres que enaltecen el golpe militar de 1936, la Guerra Civil y el franquismo. ¿Está Calvo Sotelo en ese marco normativo? No, murió el 13 de julio, días antes de la sublevación militar. ¿El franquismo lo utilizó como figura representativa de su pensamiento? Sin duda. Algunas sentencias ya han dictaminado que no es aplicable cambiar el nombre de esa calle bajo el argumento de la ley de memoria.

A Calvo Sotelo se suman otros nombres que han provocado debates de si deberían estar o no en el callejero por sus discursos acusados de antidemocráticos. Ese fue el caso del presidente republicano Francisco Largo Caballero.

Santa Teresa

Para el historiador y académico Enrique Moradiellos, la selección de las calles cuyos nombres deben cambiarse ha de regirse, primero, por la referencia directa a elementos que aparecen clarísimos en la ley, como podrían ser los de Generalísimo, 18 de julio (inicio de la Guerra Civil), o la calle de la Falange (partido del bando sublevado). “Pero ¿quitamos la calle de Santa Teresa porque fue la Santa de la Raza? Es cierto, lo fue. Pero era también la patrona de la Iglesia católica y estuvo a punto de ser patrona de España en lugar de Santiago. Estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII, de la Contrarreforma. Eso no es franquismo”, analiza el experto.

En lo que insiste Moradiellos es en tener muy claro cuál va a ser el nuevo nombre que llevará la calle y evitar dar honores a una personalidad de cuyos valores se dude. “El cambio del callejero es siempre una operación de alto contenido político y simbólico. Se trata de promover una serie de valores que, si se vive en una dictadura los decide el líder, pero si estamos en una democracia, deben ser consensuados por toda la sociedad”.