Los arqueólogos españoles se hartan de la destrucción del patrimonio cultural

Los arqueólogos españoles están hartos. Si alguien se pensaba que su trabajo es como el de un Indiana Jones, entre excitantes hallazgos, la imagen nada tiene que ver con la realidad. Son profesionales que alertan del abandono del patrimonio cultural, del intrusismo y de la precariedad laboral… así que han decidido dar un grito a través de la recién creada Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (PEPA), un acrónimo guiño a la primera Constitución española, porque incluye una serie de reivindicaciones y porque el primer impulso para que naciera esta agrupación fue igualmente en Cádiz, en 2018. Ahora acaban de aprobar sus estatutos en una reunión en Bilbao, una invitación a que se unan los más de 2.500 arqueólogos que calculan hay España. La Plataforma ya tiene miembros en siete comunidades autónomas: Madrid, Cantabria, Andalucía (en Cádiz, Almería, Granada, Jaén, Málaga), Baleares, Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón), Galicia y País Vasco.

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Virginia Pinto, portavoz gaditana de la PEPA, fue quien, hace más de dos años contagió a sus compañeros la necesidad de unirse. “Ha tenido que llegar una nueva generación de arqueólogos, desilusionados, para llamar la atención sobre nuestro estado”, dice por teléfono. Pinto explica que la mayoría de los integrantes de este sector están en la construcción. Se les requiere para zonas protegidas desde que se empieza hasta que finalizan los movimientos de tierra, ya sean obras de particulares o de administraciones. “Parecía una idea excelente de la Ley de Patrimonio Histórico, de 1985, para comprometer al promotor, que es quien debe pagar al arqueólogo, pero ha conseguido el efecto contrario, porque a aquel le importa poco lo que se pueda encontrar y lo que busca es el arqueólogo más barato”, dice Carlos Caballero, uno de los portavoces de la plataforma en la Comunidad de Madrid.

Así, el profesional se encuentra en las obras entre la espada y la pared, señala Ángel Astorqui, componente de la PEPA en Cantabria: “Te paga un privado, así que la Administración autonómica te considera un vendido porque cobras del promotor, y este cree que eres la policía de la Administración”. Una situación que ha llevado a que “la mayoría de esos arqueólogos sean falsos autónomos”, subraya Pinto.

Una vez que el arqueólogo hace su informe de lo que hay en esa obra, hay que pedir el permiso para continuar con los trabajos, “pero hasta que se concede por la Administración pueden pasar meses; hasta ocho en el caso de la andaluza. Eso nos convierte en el eslabón débil. Se nos culpa siempre del parón, que afecta a muchas personas que no pueden trabajar”, añade.

Caballero apunta más lejos: “Es que ni siquiera se precisa de colegiación para ejercer la profesión”. La Plataforma lamenta que “cualquier licenciado, sin la especificidad de ser arqueólogo, puede participar en las convocatorias públicas para intervenir en yacimientos. Por eso queremos que se unifique en todo el país y se exija la licenciatura en Historia en la disciplina de Arqueología”.

La Plataforma lamenta que “cualquier licenciado, sin la especificidad de ser arqueólogo, puede participar en las convocatorias públicas”

El otro perfil del arqueólogo es el que trabaja en yacimientos conocidos, donde se hacen campañas todos los años promovidas por administraciones o universidades. La Plataforma ha calculado que hay “unos 10.000 yacimientos arqueológicos en España, pero menos de 2.500 están declarados Bienes de Interés Cultural”, la figura jurídica de máxima protección del patrimonio histórico. El resto están expuestos a que la falta de atención degenere en daños o destrucción. “Los expolios siguen siendo un problema y lo peor es que encuentran a veces aplauso en la población y en la prensa”, indica Caballero. La web de la Plataforma recoge informaciones dolorosas para ellos, como un reportaje de Telecinco en el que “un periodista acompañaba a un expoliador a un yacimiento arqueológico catalogado”. “En la visita se alentaba al expolio”. No obstante, Pinto admite que en su profesión “no se ha sabido llegar a la sociedad para que se tome conciencia del patrimonio histórico”.

Con todo, “la gran amenaza son las expansiones urbanísticas, porque el patrimonio arqueológico pasa a ser secundario y puede ser destruido”, subraya Caballero. El otro problema capital es el abandono de yacimientos excavados “que no han tenido un plan económico viable”. Pone como ejemplos varios “parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, construidos a principios de este siglo; se musealizaron y cuando llegó la crisis no hubo mantenimiento, algunos se recuperaron gracias a los ayuntamientos, otros no”.

Astorqui remarca precisamente la importancia de las administraciones locales, “que no tienen competencias en la materia, pero son los que conviven con esa realidad”. El caso de Cantabria es un ejemplo de que la Administración no puede llegar a todo lo que merece ser conservado. “Aquí se pone el acento en la prehistoria porque tenemos 10 cuevas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su arte rupestre, pero hay yacimientos, como las torres medievales, que están sin proteger, y es una urgencia. Este invierno se han venido varias abajo por el mal tiempo”. La Plataforma espera que su nacimiento ayude a acabar con la visión peliculera del arqueólogo. Como señala Caballero con humor: “La realidad es bastante más gris, lo habitual es que pasemos mucho tiempo en una oficina inventariando pequeños fragmentos de cerámica que parecen todos iguales”.