Los bandazos políticos zarandean las artes escénicas en España

El relevo de cargos políticos en Ayuntamientos y comunidades autónomas derivado de las últimas elecciones locales y regionales está dejando un reguero de destituciones en los centros artísticos que, más allá del baile de nombres, tiene consecuencias en la creación teatral española: compañías que ven mermadas sus giras, festivales que desaparecen, centros que cambian sus criterios de programación de la noche a la mañana. Esto no es nuevo, sucede cada vez que los Gobiernos cambian de manos porque el sector depende en gran medida del dinero público y porque sigue imperando la cultura del nombramiento a dedo, pero los vaivenes de los últimos meses en distintas ciudades han extendido la incertidumbre, el enfado y en algunos casos han desembocado en parálisis.

La gota que ha colmado el vaso acaba de caer en Madrid: el Ayuntamiento ha despedido antes de que acabara su contrato a los directores del centro Conde Duque, Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, elegidos por concurso público por el anterior equipo municipal, para designar como sustituta a Natalia Álvarez Simó, que a su vez había sido relevada hace tres meses como directora de los Teatros del Canal por el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid. En el caso de Álvarez Simó no hubo vulneración de contrato porque su nombramiento en Canal no fue por concurso sino por designación política, por lo que simplemente se extinguió al cambiar el Ejecutivo regional.

Esto ocurre después de una serie de nombramientos a dedo en el nuevo Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde José Luis Martínez-Almeida a la cabeza y Andrea Levy en la Concejalía de Cultura. Entre otras decisiones que desmontan el legado del anterior equipo de Manuela Carmena, se ha cerrado el Centro de Artes Vivas en Matadero para devolver ese espacio al Teatro Español, bajo la dirección de Natalia Menéndez, y se ha designado a una codirectora (Laila Ripoll) en el Fernán Gómez con la que deberá convivir quien ganó el cargo por concurso, Ignacio Marín. Fuentes de la Concejalía de Cultura aclaran que “se han respetado todas las programaciones previstas” por los cargos salientes e incluso las que estaban comprometidas pero no formalizadas.

Cada vez que se produce una “injerencia política” en un proyecto artístico, los creadores protestan y difunden manifiestos de rechazo, pero nunca el sector teatral ha logrado unirse para dar continuidad a sus protestas. La precariedad paraliza cualquier iniciativa. “Quizá yo pierda el año de trabajo que he invertido en preparar un espectáculo que tenía previsto estrenar en Conde Duque en mayo, además de un ciclo de música en febrero y otro montaje en otoño”, relata Manuel Bonillo. “Esto nos pone a todos ante un dilema ético tremendo: si la nueva directora del centro mantiene nuestros proyectos en su programación, ¿deberíamos aceptar o renunciar, teniendo en cuenta que hemos criticado el relevo?”. Jaime Vallaure, del dúo Los Torreznos, también con proyectos abiertos en Conde Duque, subraya la fragilidad de un sector que vive con “miedo” a perder contratos: “En todo caso, somos el eslabón más débil de la cadena, por lo que la responsabildad de regular un marco de buenas prácticas no debería recaer en nosotros, sino en las instituciones”.

El caso Conde Duque es paradigmático, pero no único en España. La veterana compañía Matarile tenía previsto estrenar un nuevo espectáculo el 19 de septiembre en el festival ZGZ de Zaragoza. Hacía meses que había cerrado la fecha con el Ayuntamiento y la Asociación Aragonesa de Artes Escénicas (ARES), organizadores de la cita, pero el 15 de junio cambió el alcalde y poco después el nuevo equipo canceló el certamen por “falta de presupuesto”. Matarile no solo se quedó sin teatro donde estrenar, sino que tuvo que renunciar a la subvención estatal para giras porque al haber perdido Zaragoza no cumplía el mínimo de funciones exigidas. Otras 26 compañías que habían reservado fechas para el ZGZ se vieron perjudicadas, pero no pudieron reclamar porque los contratos estaban sin formalizar.

En Andalucía, una treintena de programadores municipales han creado la plataforma Proescena para hacer valer su criterio técnico frente a decisiones políticas como el recorte del 30% en el presupuesto del programa Enrédate, que apoya giras por la comunidad, que adoptó la Junta al cambiar sus dirigentes el pasado enero. “No solo eso, sino que canceló las reuniones en las que discutía el catálogo con nosotros, que somos los que sabemos lo que necesita cada municipio”, explica su portavoz, Juan Alonso Sánchez, programador de Loja (Granada).

Resistencia

Por ese recorte, entre otras cosas, la distribuidora Impulso ha perdido 17 funciones de diferentes espectáculos que tenía precontratadas. “Entiendo que quien llega nuevo quiera cambiar cosas, pero no se puede eliminar un programa sin tener otro preparado como ha hecho la Junta en este caso, porque se machaca a las compañías”, dice su fundadora, Elena Carrascal. Lo absurdo es que ahora la Junta ha visto que le sobra dinero y se lo ha ofrecido a los Ayuntamientos que habían sufrido los recortes. “El problema es que ya es tarde para que vuelvan a programarnos, a estas alturas tenemos pocas fechas disponibles”, lamenta Carrascal.

Dos últimos ejemplos en Galicia. La 12ª edición del festival FITO, que organiza cada otoño el grupo Sarabela en Ourense con apoyo del Ayuntamiento, se ha celebrado este año de manera casi testimonial —“de resistencia”, la han llamado sus impulsores— porque el nuevo alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, ha retirado la subvención del consistorio con el argumento de que la cita no es económicamente rentable. Y la compañía Chévere, ganadora del Premio Nacional de Teatro en 2014, perdió en septiembre su residencia artística en el auditorio municipal de Teo (A Coruña) porque la nueva concejala de Cultura decidió no renovar su convenio. Lo que quizá no sabía la edil es que casi toda la dotación escénica de ese espacio era propiedad de la compañía, que se la llevó, claro.