Cultura paga 853.000 euros a la duquesa del Infantado por su vivienda en el palacio

La Casa del Infantado sale del Palacio del Infantado (Guadalajara), uno de los más bellos ejemplos del gótico hispano-flamenco en España. El Ministerio de Cultura ha comprado a la duquesa, por 853.000 euros, el uso del torreón. Se queda así con la parte que le correspondía a la familia por sentencia del juzgado de primera instancia de Guadalajara, de 2009. El equipo de José Guirao ha puesto el dinero sobre la mesa y acaba con un problema que se ha arrastrado durante una década. Con este acuerdo, María de la Almudena de Arteaga y del Alcázar, duquesa del Infantado desde 2018 y autora de novelas históricas, renuncia a usarlo a cambio de ese dinero.

La cifra supera los 500.000 euros que el exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo (PP) había comprometido para habilitar un dúplex en la torre norte del palacio que es la actual sede del Museo Provincial de Guadalajara. El acuerdo que suscribió Méndez de Vigo permitía el uso de esta vivienda a los descendientes de Íñigo López de Mendoza y Luna, segundo duque del Infantado, que mandó construir el inmueble a finales del siglo XV. Este derecho reconocido se remonta a 1960, cuando el duque firmó la cesión gratuita del palacio en ruinas (fue víctima del bombardeo de la Legión Cóndor en 1936). El Estado se hizo cargo de la restauración, que el duque no asumió, para transformarlo en un espacio cultural, que ha llegado a albergar museo, archivo y biblioteca provincial. Y, además, debía reservarse un espacio para sus herederos, el de la polémica que se cierra hoy.

Román Fernández-Baca, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, ha asegurado a este periódico que les han bastado 10 meses para despejar la situación. “Estamos muy contentos porque hemos peleado con Hacienda, negociado con la duquesa y con la asociación que defendía el edificio. Además, estaba el problema de aluminosis detectado en el jardín y el claustro”, comenta Fernández-Baca, al que le “chirriaba” el proyecto anterior de reformar el espacio como “si fuera un dúplex de lujo”.

El director general de Bellas Artes cuenta que en estos momentos están redactando el proyecto para solucionar la aluminosis en dos años, con una inversión de 450.000 euros. Una vez resuelto este asunto replantearán el proyecto museográfico, para darle “un uso distinto”. En el acuerdo también se especifica que en las salas del museo se deberá dedicar un espacio a recordar la relación de la Casa del Infantado con el edificio, donde se celebró el matrimonio entre Felipe II e Isabel de Valois y también vivió Mariana de Neoburgo.

Intereses particulares

La sentencia de 2009 dictó que deberían reservarse en el edificio, declarado bien de interés cultural, los espacios necesarios para que el duque del Infantado pudiera habitar personalmente en ellas “de manera ocasional y utilizarlas como museo o archivo familiar”. El Gobierno del PP quería saldar su deuda con la familia con un dúplex de lujo, tal y como denunció el PSOE en el Senado en 2017. Para el grupo socialista, una vivienda de casi 400 metros cuadrados con las pretensiones que tenía la familia no era propia de “una vivienda ocasional”. De hecho, el PSOE la calificó de “palacete” o “casoplón”.

Para Íñigo Méndez de Vigo, exministro de Educación, Cultura y Deporte y barón de Claret, e impulsor del Archivo Histórico de la Nobleza, el proyecto de reforma cumplía con la sentencia y con la condición de los antiguos dueños. Era, en su opinión, una vivienda ocasional en un edificio público situado en el centro neurálgico de la ciudad de Guadalajara. El PSOE reclamaba priorizar el uso público del edificio “frente a los intereses particulares”.

El Ayuntamiento de Guadalajara (PSOE) no concedió la licencia de obras al Ministerio de Cultura, que recurrió esa decisión en 2018 ante un juzgado de primera instancia. Dos años antes, el mismo juzgado recordó al ministerio que debía cumplir con sus obligaciones con la familia. “Seguía pesando esa obligación, pero se ha negociado el precio para hacer uso el museo de la totalidad del espacio”, aseguran fuentes de Cultura a EL PAÍS. “El precio se ha establecido de acuerdo con los parámetros técnicos y oficiales de la tasación y con la aprobación —tanto del procedimiento empleado como de la valoración resultante— del Ministerio de Hacienda”, añaden.