La SGAE hace los deberes para salvarse

Hace tiempo que la SGAE es un alumno díscolo, pero últimamente insiste en que quiere portarse mejor. Así lo promete la presidenta, Pilar Jurado, desde su nombramiento. Y, para demostrarlo, la entidad se ha puesto a hacer los deberes. La junta directiva ha informado de que ha aprobado el texto de unos nuevos estatutos, ha ratificado el acuerdo que cerró el consejo de dirección para desarrollar el voto electrónico en todos sus procesos electorales y ha establecido que los últimos dos repartos semestrales —correspondientes a diciembre de 2018 y junio de 2019— ya incluyan el límite por el que la música emitida en televisión en horario nocturno no puede superar el 20% del total de la recaudación.

Es decir, justamente lo que le pedían el ministerio de Cultura y la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC), sus cada vez más hartos y resignados maestros. Así, la SGAE espera evitar las dos amenazas pendientes sobre su pupitre: la intervención del ministerio y la expulsión de la CISAC. Aunque hay un tercer escollo que la entidad ha de superar: todas estas decisiones de la junta deben ser ratificadas por la asamblea de los socios, convocada para el 24 de junio. Este organismo ya rechazó en dos ocasiones anteriormente las propuestas de reforma de los estatutos.

Cuando Jurado fue elegida presidenta, en marzo, dejó claro que la SGAE se encuentra "ante su última oportunidad". Tras años de crisis, inmovilismos, investigaciones judiciales, imputaciones y presuntos fraudes, tanto Cultura como la CISAC perdieron al fin la paciencia y lanzaron un últimatum a la entidad: ahora o nunca. Cada día el reloj de arena se vacía un poco más, pero Jurado está convencida de que aún queda margen para cambiar el destino de la SGAE. Una de las fechas clave es el 31 de mayo: ese día el consejo de administración de la CISAC tiene previsto recomendar en la asamblea general del organismo, que se reúne en Tokio, la expulsión de la SGAE. Antes o después puede llegar la otra sentencia que tiene en vilo a la entidad: la Audiencia Nacional debe decidir si da su visto bueno a la intervención solicitada por Cultura.

Mientras tanto, la SGAE trabaja en vaciar los argumentos detrás de las posibles sanciones. Un comunicado de la junta subraya que los nuevos estatutos "asumen y responden" a la "totalidad" de las exigencias que demandan tanto la nueva Ley de Propiedad Intelectual como Cultura. El documento sostiene además que los cambios introducen una "mayor exigencia de transparencia" y un "refuerzo" de la supervisión, ya que crean un órgano de control, tal y como le impone la ley, bautizado como "Comisión de Supervisión".

Aunque el caso más espinoso que intenta solucionar la junta es probablemente el del reparto. Durante años la música emitida de madrugada en televisión llegó a embolsarse hasta el 70% de los ingresos procedentes de las emisoras, gracias a un mecanismo conocido como "la rueda": socios de la SGAE y cadenas televisivas llenaban de canciones y melodías de fondo la programación de la franja de menor audiencia y disparaban así sus ingresos, hasta decenas de millones.

En el caso de las emisoras, percibían el llamado retorno: recuperaban parte del dinero que habían de pagar a la SGAE por el uso de su catálogo gracias a que los temas emitidos de madrugada estaban registrados en sus propias editoriales musicales. Todo ello generó eternas guerras internas y una investigación judicial, todavía en marcha, que cifra el presunto fraude en al menos 100 millones y por el que está imputado, entre otros, el expresidente José Miguel Fernández Sastrón. Finalmente, ante la incapacidad de la entidad de resolver el asunto, la ley puso fin al debate: estableció que en ningún caso la música de madrugada puede superar el 20% del total de ingresos por la televisión. Y ahora la junta de la SGAE ha decidido aplicar la normativa también a su anterior reparto, el de diciembre de 2018. Un exdirectivo de la entidad avisa sin embargo de que la decisión no ha sido negociada con Atresmedia y Mediaset, principales cadenas beneficiarias de ese reparto, y augura disputas y recursos venideros. La SGAE considera que "todos deben entender que hay que respetar los imperativos legales". 

"La junta también ha acatado la decisión de la comisión deontológica, a pesar de no estar de acuerdo con el dictamen que ha emitido y que considera un tratamiento injusto con los miembros afectados", añade el comunicado. En enero, la comisión deontológica acusó a 14 miembros de la junta, incluido el entonces presidente Hevia, de "conflicto de intereses". Ante ello, el gobierno de la SGAE optó por resetear la comisión deontológica. Ahora, la junta establece que los implicados (más de un tercio del mismo organismo) deberán "abstenerse de participar en las deliberaciones" sobre el reparto de derechos en el ámbito de la radiodifusión: es decir, en estas votaciones solo podrán participar 21 de 35 miembros de la junta.

Tras la serie de acuerdos alcanzados, Jurado ha manifestado a Efe su "profunda satisfacción" por el "ejercicio de responsabilidad" de los miembros de la junta directiva y ha afirmado que la entidad "aborda definitivamente el reto de transformación necesario para preservar el presente y garantizar el futuro de los creadores en el 120 aniversario de su creación". Todo depende, sin embargo, de la asamblea del 24 de junio, ya que son los socios los que tienen la palabra final sobre cualquier decisión de calado de la junta. Bajo la presidencia de Sastrón, primero, y Hevia, después, la asamblea ya tumbó dos propuestas de modificación de los estatutos. Tanto que Sastrón pone en duda en Twitter los avances de los que presume Jurado: "Supongo que la presidenta sabe que lo único que ha hecho es lo que ya se ha hecho otras veces y que será la asamblea la que tendrá que tomar las decisiones oportunas, en su caso. Los comunicaciones de SGAE son cada vez más patéticas. No entiendo que una junta directiva tolere este narcisismo".