España recorta en una década más del 90% la inversión en conservación de las catedrales

Hace 10 años, gracias al Plan Nacional de Catedrales, se destinaban 18,3 millones de euros para la conservación de estos templos. Hoy la misma partida recibe 1,6 millones de euros, un 91% menos. “Es poquísimo dinero”, reconoce el subdirector general del Instituto de Patrimonio Español de Cultura (IPCE), Javier Rivera, responsable de velar por el bien del legado histórico y artístico del país.

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Rivera aterrizó en su cargo hace cinco meses y reclama volver a las partidas presupuestarias de hace una década. El IPCE realiza al año más de 300 intervenciones en toda España y tienen una parte de un presupuesto total de 20 millones de euros para acometerlas (el Museo Nacional del Prado, por ejemplo, tuvo 49,7 millones de euros para 2018). Rivera asegura que los recursos económicos destinados a la conservación y protección del patrimonio han mermado de forma “drástica” en la última década.

El recorte invertido ha significado que de 40 intervenciones al año en estos edificios se ha pasado a siete. “Las catedrales requieren una atención constante. Para un mantenimiento estable hay que volver a los 18 millones de entonces. Aunque se podría meter mucho más, porque nada sobra”, añade.

Papel de tutelaje

Desde que en 1990 el Ministerio de Cultura y la Iglesia católica, propietaria de todas las catedrales, firmaran un acuerdo para mantener la integridad de todas ellas —al que se sumaron las comunidades autónomas—, el plan de catedrales parece haber colapsado. Nació para realizar “una constante labor de conservación y restauración de los conjuntos catedralicios”, pero Rivera señala que los vaivenes políticos han cuestionado sus objetivos. José Guirao, ministro de Cultura, tenía prevista una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 para dotar de independencia estos planes nacionales y al IPCE, pero ha sido abandonada por la convocatoria anticipada de elecciones.

Las catedrales requieren una atención constante. Para un mantenimiento estable hay que volver a los 18 millones de entonces Javier Rivera

En su papel de tutelaje de los bienes eclesiásticos (tal y como ordena el artículo 46 de la Constitución), el Estado catalogó 90 catedrales (en 1997) que debían recibir especial atención económica. Hoy el número ha crecido a 95. Las comunidades autónomas con más catedrales son Andalucía y Castilla y León (13 ambas), seguidas de Cataluña (con 12). Aunque la experiencia del plan ha sido positiva, han surgido considerables grietas. La primera es la falta de dotación. Así se reconocía ya en un documento público de 2015, en el que se llamaba a la atención sobre la “insuficiencia de la inversión económica”.

Un plan sin finalizar

Después de más de 20 años, “la gran mayoría de las catedrales no han alcanzado más que una pequeña parte de las inversiones previstas en aquel momento”, se denuncia en el informe. Muchas de las actuaciones planificadas hace décadas continuan pendientes debido a la falta de compromiso económico “por parte de las Administraciones y de los Cabildos [responsables del funcionamiento de cada catedral]”.

“Los recortes económicos se notan en las colaboraciones en intervenciones. Se han reducido de forma drástica. Ahora colaboramos con muchas catedrales, pero sin dinero. Estamos en comunicación continua, pero los Planes Nacionales no tienen presupuesto. Es un error que debería corregirse con urgencia”, cuenta Rivera. En estos momentos, además, solo disponen de la mitad del presupuesto de 2019 ante las elecciones, como medida cautelar contra el endeudamiento, hasta que no se configure el nuevo Gobierno y levante la obligación de gastar la mitad.

La falta de presupuestos y de inversión ha acabado también con las comisiones de seguimiento, un instrumento de coordinación entre Administraciones Públicas e Iglesia. Desde mayo de 2018 no se convocan reuniones. Y no está previsto que se reúna el próximo mes. A pesar de todo, Rivera lanza un mensaje de tranquilidad: “Ninguna de las catedrales del plan tienen problemas estructurales. Hace 20 años no era así. Hoy hay problemas concretos, que requieren un mantenimiento continuo y una inversión constante”.

La Iglesia se queja

El director del Secretariado de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Pablo Delclaux de Muller, explica que en las inversiones de los poderes públicos (Estado central y autonomías) se comprueba “el interés por la conservación y parece que no tienen demasiado en la inversión del patrimonio español y de las catedrales”. Los mayores recortes del Estado al patrimonio de las catedrales suceden con Mariano Rajoy como presidente: en 2013, la inversión cae en seis millones de euros y pasa de 9,3 millones de euros a 3,4 millones de euros. Cada año el PP mantuvo la merma de los recursos destinados a restaurar y recuperar estos edificios.

El sacerdote establece una clara diferencia entre las catedrales francesas y las españolas: “En Francia son del Estado, porque los bienes eclesiásticos se desamortizaron en 1789, por eso se cuidan menos. En España, la conservación es mejor porque quien lo cuida es el propietario”, argumenta. Según la última memoria de la CEE, la Iglesia destinó en 2016 un total de 71,1 millones de euros a 373 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación, sin especificar cuánto se dedica a cada capítulo.

De hecho, en los últimos Presupuestos Generales del Estado, de 2018, las catedrales que mayor partida presupuestaria recibieron fueron la de Jaén y la Seu Vella de Lleida, con 400.000 euros para sus labores de restauración. Diez años atrás la inversión más alta ascendió hasta los 2,1 millones de euros para la mezquita-catedral de Córdoba. Aquel año, hasta 16 catedrales recibieron más de 400.000 euros. La arquitectura defensiva (murallas, castillos, etc) tuvo para su conservación 4,6 millones de euros en 2018.