Marina Castaño: “En mi ánimo nunca estuvo malversar fondos”

"Mi intención nunca fue faltar a la ley. En mi ánimo nunca ha estado malversar fondos", se ha defendido Marina Castaño, segunda esposa de Camilo José Cela, a las preguntas del fiscal durante la primera sesión del juicio contra ella y tres personas más en la sección sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en los juzgados de Santiago. Durante toda esta semana, la fiscalía y la acusación particular tratarán de dejar claro a los magistrados que, en el momento más agónico de la Fundación Cela, cuando tuvo que entrar la Xunta para rescatarla y convertirla en una entidad pública, los acusados "orquestaron" el despido "simulado" del que era su eterno director, Tomás Cavanna, a espaldas de la Administración gallega y del propio patronato.

Supuestamente sabían que el Gobierno gallego, al tomar las riendas de la hasta entonces institución privada, prescindiría de sus servicios porque su sueldo (unos 6.000 euros al mes tal y como declaró la subdirectora) era inasumible en el sector público. Entonces, apresuradamente, según la acusación, en 2010 cerraron un pacto para que Cavanna (el hombre que el propio Cela había designado en 1993 para gestionar su legado) se embolsase 150.000 euros netos procedentes de los caudales de la Xunta. El ministerio público pide para cada uno de los procesados cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación absoluta. La acusación particular, en nombre de la vecina que presentó la denuncia inicial en 2012, reclama cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación. La abogacía del Estado, que hasta hoy también acusaba, ha tenido que abandonar la sala al considerar los magistrados que el supuesto daño al erario público a quien perjudicaba era a la Xunta. Paradójicamente, la Xunta no acusa.

Pero Castaño se ha escudado hoy en las lagunas que sufre su memoria después de la década transcurrida y ha atribuido en algunos momentos a "los contables" y en otros "al contable", sin saber precisar su nombre, el cálculo de la cuantía con la que se compensó a Cavanna. "Hace preguntas un poco difíciles y no quiero faltar a la verdad", llegó a reprocharle al fiscal Álvaro García Ortiz en un momento del interrogatorio. La que hasta que volvió a contraer matrimonio fue marquesa viuda de Iria Flavia (la localidad natal del escritor y sede de la Fundación) y también presidenta de la institución (hasta que la tomó de lleno la Xunta) dibujó el dramático escenario financiero que atravesaba la entidad. Reivindicó varias veces que "en ocasiones" tuvo que "adelantar dinero" suyo "para pagar las nóminas" de la plantilla. Y explicó que no se le ocurrió mejor solución que salvar la institución privada "entregándosela a la Xunta".

"Mi difunto marido quería que quedase en Galicia", recordó. Y "no quería que se vendiese nada" de su legado, un conjunto que en 2009 fue tasado en más de 12 millones de euros, el más abultado de los que poseen las fundaciones de autor en España. Dentro de la sede de las Casas dos Coengos, un conjunto histórico de Iria (Padrón) declarado BIC, la Fundación había llegado a atesorar entre otras cosas "459 obras pictóricas, 54.000 volúmenes, y la colección completa de los manuscritos [de Cela], algo único en el mundo" entre autores de trascendencia internacional.

Según han explicado los acusados a lo largo de esta mañana, ante el estado de "quiebra técnica" se habían llegado a poner sobre la mesa varias opciones. O vender la Fundación a una "universidad americana"; o llevársela a Madrid; o negociar la compra por Caixanova (la entonces caja de ahorros del sur de Galicia); o dejarse rescatar por la Xunta; o bien cerrarla y donar todos los fondos a la Universidade de Santiago. Para entregársela a la Xunta, Castaño pensó que "había que aligerarla de peso" y entre otras medidas prescindir del sueldo de Cavanna, que según ella cobraría "100.000 o 110.000 euros anuales" (la quinta parte del presupuesto de los tiempos de bonanza).

"Pide el oro y el moro"

En la documentación intervenida, especialmente la recabada en un registro de la institución por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía), se descubrieron diversos correos electrónicos que destaparon la malversación de caudales públicos presuntamente perpetrada en el proceso de despido de Cavanna por la que están acusados Castaño, el exdirector, la subdirectora que sigue en el cargo y el padre de esta, exconselleiro de Fraga y expatrono de la fundación. El fiscal ve en esta correspondencia las distintas fases del supuesto pacto entre los cuatro, y hoy ha recordado varios mensajes. Ha leído uno en el que la esposa de Cela da directrices económicas a Covadonga Rodríguez, la subdirectora, acerca de Cavanna: "Él mismo arbitrará la fórmula. Dispongo que se haga según él y yo decidamos". "No habrá acuerdo con nadie puesto que se despide bajo mi presidencia. Los servicios que ha prestado le hacen merecedor de una ilimitada generosidad".

Lo que se trata de determinar esta semana es si los miembros del patronato habían sido informados de la indemnización de 150.000 euros que corrió finalmente a cargo de fondos públicos porque la entidad no tenía liquidez alguna. Y también si la Consellería de Cultura de la Xunta estaba informada. Según han declarado Covadonga Rodríguez y su padre, el exconselleiro popular Dositeo Rodríguez, el Gobierno gallego sí lo supo, y en concreto dan un nombre: el de Antonio Fernández-Campa, hasta 2012 (casualmente el año en que empezaron las pesquisas) secretario general técnico de Cultura y hoy de Sanidade.

La acusación afirma que ante los patronos, que votaron por unanimidad la marcha de Cavanna, no se mencionaron los 150.000 y que al director se le comunicó "su despido por causas organizativas" con una indemnización "de 96.000 euros" (20 días de salario por año trabajado con un límite de 12 meses). En algunos correos intervenidos, la subdirectora protesta por la cantidad que reclama su superior, la califica de "alucinante" porque "pide el oro y el moro". Dice que Cavanna "no se baja de la burra".

La fiscalía asegura que todo estaba acordado previamente, a pesar de lo cual disimularon "en ejecución de un plan preconcebido" y llegaron a celebrar un acto de conciliación del que los 96.000 salen convertidos en 150.000 redondos (unos 32 días por año trabajado). Rodríguez, padre e hija, insisten en que todo eso ya estaba contemplado en el "plan de viabilidad" que exigió la Xunta para asumir la institución.

Lo que cobró Tomás Cavanna se correspondía con lo que habría cobrado hasta los 65 años si la institución hubiera seguido siendo privada y tuviese liquidez. El acusado de beneficiarse de la supuesta malversación ha asegurado, sin embargo, que él no quería irse. A principios de 2012 llegaría a la edad de jubilación, pero él "tenía muchos planes para el centenario del nacimiento de Cela, en 2016". El autor le había confiado las "directrices" para la edición de sus obras completas y aquella encomienda que se le presentaba era, según él, "ilusionante". Pero al entrar la Xunta vio que le iban a echar y pensó en "oponerse de una manera razonable". El cheque de los 150.000 euros firmado por Marina Castaño y Covadonga Rodríguez tiene fecha del 31 de julio. El 12 de agosto, la Xunta ingresa en la cuenta de la Fundación Cela 207.000 euros para el plan de viabilidad. El 18 de agosto, Cavanna acude a cobrar su indemnización.