El día en que la propiedad intelectual miró al futuro

Todos la respetaban. Hasta la llamaban “venerable”. Y, aun así, había llegado el momento de cambiarla. El siglo XX se dirigía hacia su final y España aún se regía por una Ley de Propiedad Intelectual aprobada en 1879: es decir, antes de que los Lumière inventaran el cine o Nikola Tesla mostrara ante un público asombrado la primera retransmisión por radio de la historia. De ahí que urgiera un texto que, además del pasado, cuando menos conociera el presente. Y al fin, 108 años después, en 1987 el Congreso aprobó una nueva normativa que permitió al derecho de autor recuperar el terreno perdido. Por ello, el curso La modernización de la propiedad intelectual en España y su evolución, celebrado hoy en la Universidad Complutense de Madrid, conmemoró el 30º cumpleaños de aquel texto “moderno y vanguardista”, según coincidieron los participantes.

“Queremos reconocer la labor de los que trabajaron hace 30 años para modernizar la ley. Fue la piedra angular de todo lo que ha sido la propiedad intelectual desde entonces”, argumentó José Manuel Gómez Bravo, director corporativo de propiedad intelectual del grupo PRISA –editor de EL PAÍS-, en la introducción de las ponencias. La cita, en cuya organización colaboran también Bertelsmann, Google y Telefónica, reúne a catedráticos, abogados, expertos, empresarios y hasta a uno de los padres fundadores de la ley para recordar aquel punto de inflexión, qué supuso y los cambios acontecidos desde entonces.

Porque Internet ha invadido la industria, los hábitos y los negocios. A las televisiones tradicionales se han sumado los canales de streaming. Y los periódicos publican información 24 horas al día, en papel o en la web, y para todos los soportes. “Ha cambiado total y absolutamente lo que es EL PAÍS. Hemos modificado el producto, la organización del trabajo y la redacción física”, explicó por ejemplo Jorge Rivera, director adjunto de este periódico. “Antes los usuarios nos buscaban, ahora tenemos que ir en busca de ellos”, agregó. Tanto que el periódico edita unos 300 artículos al día y a una mitad de la redacción volcada en la producción del contenido ya le corresponde otra que se encarga de su distribución para un público que actualmente ronda los 80 millones de usuarios al mes.

En 1987, en cambio, el reinado de la Red ni se intuía. Aun así, los legisladores tuvieron que afrontar las enormes novedades acontecidas durante más de un siglo. “No se trataba de hacer ninguna revolución, sino de poner el país al día”, aseveró Miguel Satrústegui, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Tal vez por eso la ley fue “consensuada entre todos los sectores sociales, políticos y empresariales”, según los organizadores del curso. Nada que ver con su polémica reforma aprobada en 2014 en solitario por el PP, entre críticas de la oposición y de las entidades de gestión del derecho de autor. Y no solo. “Hay artículos de la reforma de 2014 que gente expertísima en propiedad intelectual no entiende. Las leyes han de ser comprensibles”, reivindicó José Miguel Rodríguez Tapia, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga.

En ello se esmeró hace 30 años Juan Mollá López, hoy presidente de honor de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores, pero pieza clave de la creación de la normativa de 1987, ya que colaboró en primera persona en su redacción. Mollá rememoró la creación de varias comisiones, algunas de “solo cuatro funcionarios”, otras enormes, “asamblearias”, para lograr un texto que satisficiera a todos los afectados. Su trabajo fue reconocido por los asistentes, que aplaudieron su intervención puesto en pie.

Porque, gracias a aquella reforma, España pasó a estar a la vanguardia en toda Europa. “Sus redactores mostraron mucha valentía”, afirmó Ángel Juanes Peces, juez magistrado y vicepresidente del Tribunal Supremo. Varios de los ponentes destacaron que el texto se convirtió en pionero, “envidiado” en el resto de Europa. Ahí estuvo el origen de muchos aspectos que hoy en día siguen siendo centrales para el sector: la ley de 1987 fijó normas sobre la compensación para los creadores por la copia privada de sus obras, arrancó la lucha contra la piratería, aumentó y reforzó la jurisprudencia del Supremo sobre el copyright, se esforzó en proteger al autor y su trozo del pastel y en subrayar el valor de la propiedad intelectual, en un país donde nadie la enseñaba en las universidades y todavía hoy cuesta explicar que una descarga ilegal de una película está tan mal como “robar una toalla en una playa”, ejemplo que puso Rodríguez Tapia. “Fue una pieza legislativa extraordinaria”, resumió Agustín González, abogado experto en propiedad intelectual.

Entre tantos elogios, la cumpleañera se llevó también alguna crítica. “No pusimos bastante el acento en la necesidad de supervisar más a las entidades de gestión”, sostuvo Satrústegui. Así lo han sugerido el tiempo y los sucesivos escándalos internos a la SGAE. Cierta pérdida de protagonismo de los autores y el escaso respeto al derecho moral, que tiene que cumplir quien emplee una obra de dominio público, fueron otras pegas señaladas. Tanto que según algunos ponentes es necesaria una nueva reforma de la ley. Carolina Pina, socia del Departamento de Propiedad Intelectual de Garrigues, ha demandado leyes “claras, concisas y flexibles” y también un mayor pragmatismo para que las entidades de gestión expliquen las tarifas y las memorias económicas de manera más sencilla. “Se necesita seguridad jurídica y tutela judicial efectiva”, ha insistido. Porque el mundo no para de cambiar y los retos tecnológicos no esperan. Ni siquiera ante una fiesta de cumpleaños.