Barcelona reitera su veto a los toros pese a la sentencia del Constitucional

Los toros no pisarán el albero barcelonés. Así lo asegura la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ayer, al conocer el fallo del Tribunal Constitucional que anula la ley catalana que prohíbe las corridas de toros, lo expresó primero en Twitter: “Diga lo que diga el TC, haremos cumplir las normativas que impiden el maltrato de animales”. Poco después compareció junto a los partidos que también rechazaron el fallo —PSC, CiU, la CUP y ERC— y remachó: “Trabajaremos para que la sentencia quede sin efectos, haremos todo lo posible. No solo lo rechazamos política y socialmente sino que nos avala la normativa catalana y municipal que prohíbe cualquier maltrato a los animales”. Hay además, otras posibilidades para dificultar nuevas corridas, cuestiones técnicas como la necesaria presencia de los mossos, veterinarios o una enfermería en condiciones, permisos y servicios municipales.

El Constitucional ha decidido por ocho votos a favor y tres en contra anular la ley catalana de julio de 2010 que acabó con la fiesta de los toros en la comunidad. La sentencia, cuyo texto se conocerá en unos días, afirma que Cataluña puede regular las condiciones de los festejos taurinos y proteger a los animales del maltrato, un argumento que podría servir para prohibir las corridas de toros. De no ser porque el Gobierno ha declarado la patrimonio cultural, de ahí que el tribunal estime que la prohibición invade competencias estatales (arts. 149.1.28 y 149.2 CE). El Gobierno del PP dictó dos leyes, una en 2013 y otra en 2015, que no fueron recurridas al Constitucional, con las que declaró patrimonio cultural inmaterial la fiesta taurina.

Así pues, el tribunal anula el artículo 1 de la ley catalana porque invade la competencia del Estado en materia de cultura. Tres magistrados han formulado voto particular, la vicepresidenta del tribunal, Adela Asua, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol, encuadrados en el sector progresista del tribunal.

Con esta sentencia cuyo sentido se conoció ayer oficialmente, el tribunal acepta el razonamiento de la ponente, la catalana Encarnación Roca, que recoge, a su vez, los argumentos expuestos por el Partido Popular en el recurso presentado a finales de octubre de 2010. En él se alegaba que la Generalitat invadía competencias estatales y vulneraba la Constitución al ir más allá de lo que permite el decreto de transferencias a las comunidades autónomas en materia de espectáculos.

Por tanto, la sentencia devuelve la posibilidad de celebrar corridas de toros en Cataluña, prohibidas el 28 de julio de 2010 en una sesión plenaria del Parlament por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones. La ley entró en vigor el 1 de enero de 2012. La última corrida en la Monumental de Barcelona se celebró el 25 de septiembre de 2011.

Tras conocerse el sentido de la sentencia, todos los partidos políticos en la comunidad, excepto Ciutadans y el PP, coincidieron con el Gobierno catalán en la necesidad de impedir que las corridas vuelvan a la Monumental, la única plaza de toros que estaba abierta en Cataluña cuando se aprobó la ley ahora declarada inconstitucional. El municipio de Olot (Girona) también tiene plaza fija pero el Ayuntamiento prohibió hacer más corridas.

La capital catalana se declaró antitaurina en un pleno municipal de 2004, con el socialista Joan Clos como alcalde. Diez años después, la ordenanza municipal de animales prohibió “los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren dentro o fuera de las plazas de toros”, por tanto, se prohibían también los correbous en la capital. Estos espectáculos son habituales en el sur de Cataluña donde se suelta un toro por las calles entre el gentío, aunque la carrera no acaba con la muerte del animal. Convergència i Unió (el actual Partido Demócrata Catalán), que ahora se postula en contra de los toros en Barcelona, fue decisiva para que siguieran los correbous en el sur de la comunidad, uno de sus feudos electorales.

 Solo Ciudadanos y PP

Varios miembros del Gobierno de la Generalitat expresaron ayer su rechazo a las corridas de toros. Lo hizo el consejero de Justicia, Carles Mundó, quien consideró que “en nombre de la cultura no se puede amparar el maltrato animal”. En la misma línea, el consejero de Territorio, Josep Rull, señaló que “no volverá a haber corridas de toros diga lo que diga el Tribunal Constitucional”. En su opinión, la Generalitat tiene “capacidad de regulación y es muy fácil” evitar la celebración de corridas. Lo que no hizo fue concretar qué medidas se pueden tomar, pero explicó que en los próximos días analizarán la sentencia para decidir qué opciones hay “para hacer imposible que haya corridas de toros”.

Solo Ciudadanos y el PP celebraron la sentencia del Constitucional. El resto de grupos se manifestaron en contra y brindaron su apoyo al Gobierno catalán para encontrar la fórmula legal para mantener la ley aprobada en 2010, nacida de una iniciativa legislativa popular.

Hortènsia Grau, diputada de Catalunya Sí que Es Pot subrayó que hoy por hoy se cuentan más apoyos en contra de la cultura taurina en Cataluña que los que existían en 2010, cuando se aprobó la ley: “Antes éramos 68 diputados y ahora seríamos 99 los que avalaríamos esta ley”. Jordi Terrades, diputado socialista, señaló que desde el PSC no se comparte la sentencia del Constitucional y se brindó a “acompañar” a la Generalitat a “buscar la fórmula que imposibilite” la vuelta de estos festejos a Cataluña.

Mireia Boya, diputada de la CUP, subrayó: “Seis años después no vemos la necesidad de abrir el debate”. Contundente, sentenció: “Estamos hartos de que el Tribunal Constitucional toree a este país” con “estocadas semanales” al Parlamento catalán.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, aseguró en Twitter que “los toros no volverán a Cataluña aunque el tribunal anule la ley catalana porque la voluntad del pueblo y del Parlamento es preeminente”. En la misma línea, el portavoz municipal de los republicanos en Barcelona, Alfred Bosch, fue tajante: “Quien no respeta a los animales no merece nuestro respeto. Basta”.

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, lamentó que “el Tribunal Constitucional respalde la barbarie y la tortura animal”.

Frente a la avalancha de críticas, Fernando de Páramo, del grupo parlamentario de Ciudadanos, señaló que la sentencia del TC “demuestra” que el marco legal del que dependen las corridas de toros es estatal y no autonómico. En su opinión, la decisión se debe tomar sobre elementos “animalistas y no identitarios”, en una alusión a que Cataluña decidió prohibir los toros por ser un símbolo español. Y el presidente del grupo popular, Xavier García Albiol, compartió ese hilo argumental: “Se trata de eliminar de la escena catalana cualquier tipo de señal que la una con España”. Los partidarios de la fiesta creen, que, con sentencia o sin ella, es ya muy tarde para que vuelvan las corridas a Barcelona.