‘El banquillo de los inocentes’, una injusticia indígena

En mayo de 2014 comenzó el juicio por los hechos del 5 de junio de 2009, cuando los protagonistas de un paro de 58 días en la selva norte -en protesta contra decretos que afectaban sus tierras- reaccionaron a la policía que les disparó desde helicópteros y desde un montículo para despejar una carretera: el saldo en la Curva del Diablo fue de 12 policías muertos y 18 heridos, y entre los civiles, 10 fallecidos y casi 200 lesionados. Sin embargo, el único proceso judicial en curso acusa a 53 indígenas y mestizos de victimar a las fuerzas del orden. Un documental estrenado este martes en Lima revela la distancia entre los hombres y las culturas de un mismo país, y el maltrato a quienes tienen lengua materna indígena.

El banquillo de los inocentes presenta las historias de 13 acusados con los cargos más graves -como homicidio o instigación de delitos de lesiones graves- pese a la falta de pruebas o el irrespeto a la ley en la toma de declaraciones en 2009: policías y fiscales interrogaron entonces en español a indígenas de las etnias awajún y wampis detenidos en el cuartel militar El Milagro: todos fueron golpeados y algunos sufrieron tortura.

El documental se basa en fotos y videos del 5 de junio de 2009 y en decenas de horas de grabación del juicio, realizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a 47 ONG.

En varios trechos, el fiscal José Novoa y el magistrado Gonzalo Zabarburú preguntan a los ciudadanos si reconocen como suyos los testimonios registrados en un cuaderno, y todos indican que no entendían bien lo que les decían. “Firmé porque tenía miedo y estaba detenido”, “No entiendo la palabra logística, pensaba que eso significaba apoyo”, revelan los subtítulos en castellano al traducir las respuestas en lengua awajún.

Desde la tercera audiencia del juicio de la Curva del Diablo los acusados indígenas han contado con intérpretes para las fases de interrogatorio, pero sólo a partir de la trigésima audiencia las sesiones enteras han sido traducidas para ellos al awajún y al wampis; antes no comprendían bien lo que ocurría en la sala.

Miguel Jugo, abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indicó a EL PAÍS que se han realizado 44 audiencias en la Sala Penal Transitoria de Bagua (provincia de Amazonas), “aproximadamente dos por mes, y se ha pedido al Poder Judicial que disponga traducción simultánea, pero ha dicho que no hay presupuesto”.

Durante el lanzamiento de ‘El banquillo de los acusados’, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, dijo que la producción evidenciaba “una demora excesiva del proceso y la complejidad. Se ha pedido al tribunal que tenga dedicación exclusiva (a este caso), pero vamos a insistir en ello y en la interpretación simultánea, porque eso es parte de la justicia intercultural: en tu país hablar en tu propio idioma indígena es un derecho”, afirmó.

En una audiencia, los magistrados preguntan a Alberto Pizango, el expresidente de la principal organización amazónica peruana, Aidesep, si contestará en su idioma. “Voy a hablar en español porque soy de la etnia shawi, y no hay intérprete”, responde.

Sin embargo, el registro no solo muestra las dificultades de las lenguas distintas, sino también el maltrato en la formulación de preguntas y otros procedimientos. “¿En qué momento la policía le encuentra el arma de fuego?”, inquiere la Sala Penal al ciudadano awajún Feliciano Cahuasa, y él responde: “No me está preguntando bien. No había intérprete, no entendía bien. Jamer Jetsa me entregó en el centro pastoral el arma que encontró en El Reposo (punto cercano a la Curva del Diablo). Como licenciado del Ejército sé que las armas no deben perderse”. Cahuasa estuvo cuatro años preso, y la Fiscalía ha pedido cadena perpetua en su caso, pues lo acusa de instigador de homicidio de 12 miembros de la Policía Nacional, e instigador de delitos de lesiones graves de otros 18 efectivos.

En la cuarta audiencia, aunque no es recogido el episodio en el documental, el fiscal al dirigirse a un mestizo, le pidió: “usted que es normal, responda”.

El banquillo de los acusados ha sido realizado por el Instituto de Defensa Legal, patrocinador de algunos de los acusados, dada la falta de atención al caso en la capital, comentó Patricia Wiese, a cargo del guion.

Luego de la proyección, el abogado y activista de derechos humanos Wilfredo Ardito dijo a EL PAÍS: “en el juicio los magistrados hacen una serie de preguntas hostiles y maliciosas hacia los dirigentes indígenas. No se sabe si actúan así por el desprecio que muchos mestizos sienten hacia los indígenas, percibiéndolos como atrasados y violentos, o porque intencionalmente buscan humillarlos”.