Historia de una subvención

El cine español siempre ha recibido ayudas. De una forma o de otra. Como ocurre con toda producción industrial en España y como ocurre con el cine en cualquier parte del mundo. Durante el franquismo el cine fue controlado y, sobre todo, censurado, por la Dirección General de Cinematografía. Tras la llegada de la democracia, llegó el apogeo del destape y de las películas S: de 105 producciones españoles realizadas en 1978, 20 eran porno; en 1979, creció el porcentaje: 11 de 80. El Congreso Democrático del Cine Español unió a los creadores en diciembre de 1978, que clamaron ante la terrible situación y que, entre otras medidas, pidieron la creación del ICAA, un Instituto de Cine organismo autónomo aunque fuera dentro del Ministerio de Cultura. El segundo gobierno de Adolfo Suárez fue el primero en crear una Ley del Cine en democracia: en 1980 se modificaron las cuotas de pantalla ya establecidas por el franquismo (por cada día de proyección de cine español se puede proyectar tres de cine extranjero doblado) y de distribución (cinco licencias de doblaje por cada película española distribuida).

Octubre de 1982, el PSOE ganó las elecciones generales. Y la directora de cine Pilar Miró fue nombrada directora general del cine. Su famosa Ley del Cine, la Ley Miró, llegó en diciembre de 1983. Gracias a esta legislación el sistema de subvenciones anticipadas alcanzaba hasta el 50% del coste de las películas, dinero que procedía del Fondo de Protección, y las otorgaba un comité que juzgaba su calidad previa. El resto de los estrenos podía lograr hasta el 15% de la taquilla y se mantenía la cuota de pantalla de un día de cine español por cada tres de película extranjera doblada. Es decir, los recursos económicos iban a películas que aún no habían comenzado a rodarse (subvenciones a priori), en vez de hacerlo como en la actualidad, según la taquilla (a posteriori). A cambio Miró acababa con las viejas estructuras que aún mantenían el sistema franquista: desapareció la censura, se creó el ICAA, nacieron los acuerdos con TVE, se establecieron las salas X, y Miró practicó una política más intervencionista.

El Fondo de Protección sufrió una rápida descapitalización por los tristes resultados de muchas de las películas subvencionadas que no pudieron devolver los adelantos, y porque tanta generosidad económica hizo que se multiplicara la figura del director/productor, mientras iba desapareciendo el dinero privado que procedía de un productor con afán industrial.

En 1996 Jose María Aznar y el PP ganaron las elecciones. Su política cinematográfica prolongó la de los últimos directores del ICAA de gobiernos socialistas: reducción al mínimo de las subvenciones concedidas a priori y apoyo a las películas de mayor taquillaje. En 2001, con la Ley Del Castillo, el PP acabaría con la cuota de pantalla en un periodo de cinco años. Ese era el plan.

Pero José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) triunfó en las elecciones de 2004. Y comenzó otro proyecto del Ley del Cine el 28 de diciembre de 2006, auspiciado por la ministra de Cultura Carmen Calvo. Algunas de sus bases –como que las televisiones privadas invirtieran un 1% más en cine- fueron rechazadas por los afectados pero encalló nada más iniciar su andadura cuando las televisiones privadas se negaron a invertir un 1% más en cine y los exhibidores rechazaron el texto. Se tardó tanto que cuando por fin se logró un texto legislativo pactado (diciembre de 2007), el ministro de Cultura era César Antonio Molina.

Como medida de protección frente al cine de Hollywood, se mantuvo la cuota de pantalla (días de exhibición de cine europeo frente a cine extranjero doblado), pero el truco se hizo al contabilizar por sesiones y no por días, y sumando las salas integradas en un mismo complejo. Aumentaba la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía y lanzó un intento finalmente frustrado de convertir el ICAA en agencia estatal. Pero su desarrollo reglamentario fue larguísimo. Después de una guerra entre productores de cine y operadores de televisión por la obligación de las cadenas de invertir el 5% de sus ingresos en producción de películas, el nuevo reglamento de la Ley del Cine aprobado en diciembre de 2008 aportó algo de paz, aunque no se concretó otro tema candente, el de las desgravaciones fiscales.

En abril de 2009 Ángeles González-Sinde fue nombrada ministra de Cultura e Ignasi Guardans, director del ICAA, y por tanto responsable de rematar la Orden que desarrollaba la Ley del Cine. Su proyecto encontró una enconada oposición en el grupo Cineastas contra la Orden. En octubre lo saca adelante, pero la Comisión Europea suspendió temporalmente la Orden, que finalmente entró en vigor en enero de 2011.

Esa Ley del Cine sigue en vigor actualmente. Pero tras la victoria electoral del PP en noviembre de 2011 comenzaron las negociaciones para cambiar el paradigma. Fruto de esos cuatro años de conversaciones nació el Reglamento aprobado en mayo de 2015, que daba carpetazo a las ayudas a la amortización, que surgían de lo recaudado en la taquilla, y se sustituyen por ayudas anticipadas. Así los productores conocerán de antemano, antes del comienzo del rodaje, con cuánto dinero público podrán contar y no, como hasta ahora, tener que esperar hasta dos o tres años para poder cobrar las ayudas. El decreto ley que lo explicita es el que actualmente está en fase de enmiendas. En cualquier caso el nuevo modelo deberá convivir con el anterior hasta 2018, fecha en la que se finalizarán los pagos por las ayudas a la amortización de la norma actual.

Con la crisis las subvenciones al cine se desplomaron con la crisis. Y no llegaron ni a la mitad de un objetivo consensuado en su momento en el Congreso de los Diputados, el de 100 millones de euros. Uno de los problemas de estas ayudas es que no es fácil conocer cuánto se lleva cada película y por qué conceptos de las distintas administraciones públicas, aunque la Secretaría de Estado de Cultura ofrece toda la información posible.

Las subvenciones a la amortización se dividen en dos tipos: ayuda general y complementaria. La primera sólo tiene en cuenta el número de espectadores de cada película. La segunda es más compleja con un baremo de puntos (puntúa el coste de la producción, si es infantil o documental, si la productora es independiente o el director un primerizo…). El importe máximo por la ayuda de amortización general es de 400.000 euros y para la amortización complementaria de 1,2 millones, aunque entre las dos no pueden superar los 1,5 millones de euros. Normalmente, las películas más taquilleras son las que más dinero reciben. Para acceder a las ayudas complementarias (mejor dotadas) había que superar un número de espectadores: 60.000 entradas con carácter general y 30.000 para películas en lengua cooficial o primeros largometrajes del director. Y ahí empiezan las trampas, las compras de entradas para superar esas cifras. Hasta 2011 el sistema era aún más arbitrario y garantizaba un porcentaje que llegaba hasta el 33% del coste de producción a las películas que hicieron más de una determinada cifra en taquilla (la diferencia antes era que solo contaba la recaudación, ahora es recaudación y entradas contabilizadas, se vinculan). Como consecuencia, decenas de filmes cada año se quedan unos escasos miles de euros por encima de la marca establecida. Ahora, con el formato de puntos, se ha limitado en parte esta práctica. En parte. Pero la alternativa actual, que aprobará por los pelos el PP antes del 20 de diciembre, día de las elecciones, no acaba de convencer por los porcentajes raquíticos de las desgravaciones fiscales y la nula apuesta por el mecenazgo privado, las otras bases que el PP había cacareado como salvadoras del cine español.