Absuelto el exdirector del Cervantes de Atenas

El exdirector y el exadministrador del Instituto Cervantes en Atenas (Gracia), Eusebi Ayensa y Adrián Bautista pueden respirar aliviados. La Sala de lo Penal del Supremo acaba de confirmar el sobreseimiento libre de ambos, confirmando el auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en contra del criterio del Abogado del Estado y del fiscal. Ayensa y Bautista estaban acusados de los delitos de falsedad de documento público y prevaricación y el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez había dictado incluso el auto de apertura de juicio oral, que ahora ha quedado anulado.

El origen del caso está en el contrato de arrendamiento por 25 años que ambos firmaron en julio de 2008 por el inmueble donde se ubica la sede del Instituto Cervantes en la capital griega. En concreto, se comprometían a abonar una mensualidad de 79.000 euros a partir del 1 de enero de 2009 y se especificaba que las obras de adecuación del local, por un importe de 2,9 millones de euros, correrían por cuenta del arrendador. Sin embargo, un año después modificaron tal contrato y se comprometieron a sufragar la mitad del coste de las obras, que se valoraban en 1,6 millones, mientras que el arrendador devolvería el alquiler ya abonado, 409.220 euros, pues el local aún no había podido ser ocupado.

El fiscal consideró que este segundo contrato incurría en falsedad, mientras que el abogado del Estado denunciaba la ocultación del mismo a los responsables del Instituto Cervantes, que solo tuvieron conocimiento de su existencia tras el relevo del director, en 2012.

El Supremo se pregunta “qué dato de los allí descritos [en el contrato] no se acomoda a lo acaecido” y alega que, aunque se hubiera incumplido algún requisito administrativo en su firma, este sería fácilmente subsanable. Pero lo más importante es que, como reconoce el propio Abogado del Estado, la modificación del contrato no supuso “perjuicio económico alguno” para el Instituto Cervantes, sino solo un cambio de naturaleza contable, pues la cantidad abonada pasó de ser un gasto en arrendamiento a una inversión en edificio alquilado.

Los acusados sostienen, además, que la demanda ha hecho que el propietario del inmueble —que fue interrogado a través de una comisión rogatoria a Grecia— rompiera un acuerdo alcanzado en 2012 para rebajar el precio del alquiler en unos 10.000 euros mensuales.

En todo caso, el Supremo ha condenado al Abogado del Estado, que actuaba en representación del Instituo Cervantes, a abonar las costas del proceso.

Tras la presentación de la denuncia, Ayensa fue destitutido como director del Instituto Cervantes en Fráncfort (Alemania), a donde se fue desde Atenas.