Hacia una reforma de la reforma

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y su cara más destroyer —esos multazos de entre 150.000 y 600.000 euros que la autoridad competente puede imponer desde ya a quienes faciliten o intermedien en el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor— escenifican, ante todo, una urgencia: la de parar la hemorragia de latrocinio que el mundo de la creación cultural viene sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. Esto se debe, básicamente, a lo de siempre: una cuestión educativa. Ni las instituciones políticas ni las educativas —simplemente las primeras ordenan lo que hacen las segundas y así nos va— se han preocupado nunca de verdad de poner en marcha campañas de mentalización escolar y universitaria encaminadas a algo tan sencillo como hacer ver a la ciudadanía (a los más jóvenes, pero no solo: aquí se baja de todo casi todo Cristo de toda edad y condición) que si unas zapatillas deportivas o una sudadera cuestan dinero, una película, una canción, un videojuego o un libro también, o deberían. Si el cine o la música o la literatura no cuestan nada, a lo peor un día nadie quiere seguir intentando vivir de ellos, más que nada porque será una quimera. Imaginemos a un zapatero haciendo zapatos sólo por amor al arte de hacer zapatos, o a un escritor escribiendo sólo por amor al arte de escribir, incluso a un cineasta pensando y rodando una película sólo por amor... al séptimo arte.

Hasta ahí, la explicación de por qué un país serio necesita combatir la muerte lenta de sus industrias creativas, que no son otra cosa que la suma de la labor de sus creadores, el apoyo público a su acción y la colaboración del sector privado.

Pero lo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho con esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual —seguro que con la inexorable/buena voluntad política que traen las urgencias (por ejemplo, la de acabar de una vez con el estigma español de encabezar las grandes listas del pirateo mundial, para escarnio de los países, perdón, serios)— se parece demasiado a un parche, a un recauchutado con mucha forma y, hoy por hoy, poco fondo. La reforma no llega como un producto de consenso parlamentario, por más que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se siga diciendo que sí. La oposición en bloque ha rechazado y criticado desde hace mucho tiempo el espíritu del nuevo texto, aprobado exclusivamente gracias a los votos de la mayoría de Gobierno, con el famélico peaje de tan sólo nueve enmiendas transaccionales aprobadas en el Congreso.

Además, la nueva Ley (?) establece un plazo de un año para acometer cambios más profundos en su articulado. O sea, que habrá una gran reforma de la pequeña reforma. Cabe pensar qué ocurrirá si quienes han previsto reformar la reforma dentro de un año ya no están entonces al timón del país para reformar, ya sea esa reforma de la LPI o cualquier otra cosa reformable. Pero aquí ya entramos en el ámbito del camarote de los hermanos Marx.