El espejo escocés

La capacidad ejemplar de atracción y de emulación del nacionalismo escocés sobre el catalán se ha multiplicado desde que el Gobierno de Reino Unido aceptó en enero de 2012 el principio de la celebración de un referéndum acerca de la posible independencia de Escocia. Se aceleró desde el acuerdo Londres-Edimburgo en octubre, sobre la fecha y el contenido de la pregunta a plantear a los ciudadanos. Y llegó a su convergencia cuando a final de 2013 varios partidos catalanes concretaron —con dos preguntas y un calendario preciso, el 9 de noviembre de 2014— su propósito de realizar también un referéndum, dos meses después de la convocatoria fijada para la consulta legal de Escocia.

Hasta muy recientemente el nacionalismo escocés del Scottish National Party (SNP) gozaba de escaso predicamento y glamour entre sus homólogos catalanes, debido probablemente a su carácter minoritario y a su propensión más bien regionalista, durante una larga etapa en que Reino Unido iniciaba un proceso de descentralización (devolution) y la desarrollaba con gran cautela y alcance competencial limitado. Ha sido desde que inició su travesía soberanista, especialmente desde que en 2007 obtuvo su primera mayoría parlamentaria en la Cámara escocesa, cuando ha empezado a cuajar como posible referente y espejo en el que mirar su “proceso”. Y sobre todo desde la fragua final, en 2012, de la convocatoria del referéndum.

Pero ni Cataluña es Escocia ni España es Reino Unido. Hay entre ambos casos evidentes paralelismos y diferencias muy sustanciales.

La primera gran diferencia es la demografía. Cataluña y Escocia tienen un tamaño humano parecido. Una, siete millones largos de habitantes. La otra, algo más de cinco millones. Sin embargo, son muy diferentes por su peso e influencia en el conjunto del Estado que las abarca o engloba. Los catalanes representan el 16% de los españoles. Los escoceses suponen el 8,4% de la población británica. ¿Podríamos inferir de ello que el problema catalán se presenta ante la percepción popular en el resto de España como de doble dimensión que la cuestión escocesa lo es para Reino Unido?

La Constitución española excluye la posibilidad de secesión. Pero de ninguna manera impide celebrar referendos

La segunda es la historia. Pese a las importantes coincidencias históricas registradas en la construcción de sendos Estados compuestos desde al menos principios del siglo XVIII, ni España es Reino Unido, ni Cataluña es Escocia. A Reino Unido la época contemporánea lo encontró en su fase nacional e imperial ascendente. A España, en la descendente.

La tercera proviene de la actualidad más reciente. El proceso de construcción de una Administración catalana con competencias propias se inicia mucho antes que la devolution escocesa. El autogobierno catalán recomienza tras el paréntesis de la dictadura de Franco. Por el contrario, el autogobierno escocés, tras el intento fracasado de 1979, toma cuerpo a partir del segundo referéndum de devolution, en 1997.

Las competencias materiales, autonomía financiera e influencia política y mediática de la Generalitat son más amplias que las del Gobierno escocés, como resultado de un recorrido histórico reciente más largo. Sin embargo, la propuesta de un referéndum sobre el estatuto político futuro estaba más trabajada en Escocia: la reivindicación oficial de una consulta arranca al menos de la National Conversation, de 2007, y el primer borrador de la ley de referéndum data de febrero de 2010.

En Cataluña este proceso ha sido más desordenado. Ha imperado la improvisación. Aunque existen propuestas y partidos independentistas desde la noche de los tiempos, siempre han cosechado una exigua minoría electoral. La reivindicación de una consulta sobre la creación de un “Estado propio” —difundido como un eufemismo de la independencia o de la secesión, al que es muy aficionado el nacionalismo dominante para restar dramatismo a la propuesta— solo ha adquirido peso político desde otoño de 2012.

Y eso, de forma caótica, pues coexisten en la alianza de Gobierno quienes pretenden que el referéndum sea legal y pactado con el Gobierno central (la mayoría de Convergència i Unió) y quienes consideran que la legalidad es un asunto menor y que debe celebrarse cuanto antes y aunque sea ilegalmente (un amplio sector de Esquerra Republicana). Es más, los nacionalistas catalanes no elaboraron un borrador/propuesta de referéndum hasta el 12 de diciembre de 2013. Y el que propusieron fue una compleja articulación de dos preguntas encadenadas. La cuestión de la pregunta contrastó frontalmente con la previa experiencia escocesa. En este caso, el planteamiento es claro y de inequívoca interpretación; al mismo tiempo, se trata de una pregunta producto de una negociación y un pacto con el Gobierno británico, mientras que en el caso hispano-catalán no se produjo siquiera un diálogo inicial.

La cuarta gran diferencia entre Cataluña y Escocia es la que exhiben las respectivas estructuras económicas. Tanto el nacionalismo escocés como el catalán, en sus distintas formulaciones, albergan un argumentario de reivindicaciones económicas. En el caso escocés juega un rol importante la expectativa sobre los recursos energéticos del mar del Norte.

El déficit democrático por parte catalana, proviene de que el referéndum solo aparentemente versa “sobre la independencia"

En el caso catalán, el peso del malestar económico ha crecido exponencialmente al compás de la dureza de la crisis económica y financiera desatada con la caída de Lehman Brothers en 2008 y la consiguiente (doble) gran recesión, que ha golpeado severamente a las clases populares y medias. Ese asunto ha incorporado a nuevos sectores sociales a una reclamación que solía exhibir un carácter más político y una modulación romántico-sentimental, de fuertes raíces culturales.

En realidad, las situaciones económicas de Escocia y Cataluña no son opuestas. Ambas son comunidades relativamente prósperas, aunque alberguen zonas, ciudades y sectores en decadencia.

Ni España ni Reino Unido son entusiastas de la independencia de ninguna de las naciones o regiones que los integran. Ni tampoco son fanáticos de la celebración de referendos en que esa cuestión sea sometida a votación. La diferencia sustancial es que Reino Unido aceptó —más allá de cualquier otra consideración procedente de su ordenamiento legal y de su no escrita Constitución— la primacía del principio democrático y, pues, la convocatoria de una consulta en Escocia, si bien sometiéndola a una serie de condiciones.

Por el contrario, el Gobierno español se ha negado a asumir una posición similar en el caso de Cataluña, pese a que los partidos catalanes partidarios de celebrar un referéndum obtuvieron el 72,2% del electorado en las elecciones del 25 de noviembre de 2012. Ha argumentado para ello que la Constitución no lo permite. No es así. Es cierto que la Constitución española, como la de EE UU o la de Canadá, excluye claramente la posibilidad de secesión de cualquiera de los territorios adscritos al Reino de España.

Pero de ninguna manera impide celebrar referendos (artículo 92): en una lectura restrictiva, no podrían ser directamente sobre la independencia, ni tampoco en un ámbito que no fuese el territorio íntegro español, sino una de sus partes; en una lectura más amplia, podrían sortearse esos obstáculos, por analogía o acudiendo a alguna formulación menos directa. Aunque la facultad para convocarlos reside en el Parlamento y el Gobierno centrales, podrían delegar la competencia concreta a un Gobierno autónomo por la vía de cesión de competencias del artículo 150.2. El Gobierno de Mariano Rajoy podría haber contraofertado con la celebración de un referéndum en toda España, en el que también se manifestaría la voluntad específica de los catalanes, al efectuarse el recuento de forma territorializada. No ha sido así. Esa rotunda negativa del Gobierno, en ausencia de cualesquiera otra salida, es uno de los principales motivos de que el litigio se haya enconado.

El déficit democrático por parte catalana, proviene de que el referéndum que se reivindica solo aparentemente versa “sobre la independencia”, de hecho se configura como un referéndum “por” y “para” la “independencia”; mientras el Scottish National Party ha incluido por dos veces en su programa electoral el objetivo de la “independencia”, ese concepto jamás ha aflorado en los programas de CiU, que ha utilizado siempre conceptos más genéricos y blandos; el Gobierno de la Generalitat ha ocultado, minimizado o ignorado las consecuencias eventualmente negativas de un proceso de secesión; ha utilizado de forma partidista los medios de comunicación públicos; ya ha formulado unilateral y tendenciosamente las preguntas. 

Cataluña ante España, de Xavier Vidal-Folch, está editado por Libros de la Catarata. 144 páginas. 15 euros.