Propiedad intelectual: primer acto

Se acabó el primer tiempo: la Comisión de Cultura del Congreso aprobó ayer —con 22 votos a favor, los del PP, y 20 en contra de la oposición— el texto del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El copyright del símil futbolístico pertenece al portavoz del PP, Juan de Dios Ruano Gómez, que lo empleó en el debate. Así, queda todavía la segunda parte —el Senado, en otoño—, donde tanto los populares como la oposición dejaron entender que la normativa podrá sufrir más cambios.

Luego está previsto que la ley entre en vigor con la llegada de 2015. Justo entonces empezará una larguísima prórroga de este enconado partido. Porque el propio Ejecutivo ha afirmado que esta reforma es “parcial y urgente”, a la espera de una nueva modificación, radical y más profunda, de la ley de propiedad intelectual que recoja las decisiones que se están tomando en Bruselas.

Sea como fuere, para ser solo la primera mitad, ya hay unos cuantos veredictos. La aprobación de ayer con un margen tan escaso deja en evidencia que el "consenso" que prometía el PP no se ha producido, tanto que los populares han tenido que recurrir a su mayoría para sacar el texto adelante. Sólo nueve de las casi 170 enmiendas propuestas por la oposición fueron finalmente incorporadas.

En términos concretos, la reforma confirma la llamada tasa Google o Canon AEDE —para sus detractores—, una remuneración que los agregadores de noticias como Google News tendrán que pagar a los editores de prensa por reproducir fragmentos de sus noticias. El texto refuerza también la lucha contra la piratería online, al confirmar las sanciones de hasta 300.000 euros para las páginas de enlaces.

La reforma supone cambios relevantes para las entidades de gestión, al lanzar la ventanilla única, una mesa a la que pueda acudir el usuario de contenidos protegidos por los derechos de autor para pagar a todos los organismos de una sola vez sin tener que negociar con ellas individualmente. La votación confirma también la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado, ese sistema que nació para sustituir al enterrado canon digital y que la oposición criticó en bloque.

Otra certeza es que la reunión se celebró en un clima caótico: interrupciones, recuentos y búsquedas de diputados huidos a por un tren, enmiendas anunciadas por error para la votación o repetidas —“no, esta no” o “¡si ya la hemos votado!”, llegó a decir el presidente de la Comisión, Juan Manuel Albendea Pabón—, confusión sobre los números a favor o en contra y risas de algunos de los presentes fueron algunos de los ingredientes de un debate que duró más de tres horas.

La votación se celebró en la Comisión de Cultura, habilitada excepcionalmente para el mes de julio y con competencia legislativa plena, lo que hizo que las enmiendas no tuvieran que pasar por un debate en el pleno del Congreso. Sí lo hicieron las enmiendas a la totalidad que presentaron PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Amaiur en febrero, todas ellas rechazadas. A lo largo de la discusión, Ruano Gómez enumeró los objetivos que persigue el PP con esta ley. Se trata, entre otras finalidades, de “reforzar la supervisión a las entidades de gestión; mejorar la protección de los derechos de autor online y adaptar el límite de cita de los agregadores de contenidos en Internet reconociendo el derecho de las empresas editoras a ser compensadas”. Sin embargo, los grupos de la oposición atacaron al PP por no apostar por una ley consensuada.

En realidad, el texto ha sufrido ataques desde su génesis también por parte de las entidades de gestión, que se han quejado de no haber sido consultadas durante todo el proceso. Antonio Fernández, director general de Adepi, entidad que agrupa a las ocho entidades gestoras de derechos de autor en España, hizo una valoración “muy negativa” de la votación. “Es una oportunidad perdida, teníamos mucha expectativa en el consenso que había prometido el Partido Popular", agregó Fernández. Y Antonio María Ávila, secretario de la Federación de Gremios de Editores, defendió que “lo fundamental es no solo que salga una buena ley sino que se pueda aplicar”, en referencia a los recursos que el sector pide que se proporcionen a la comisión Sinde –la que persigue la piratería 'online'- para que sea más efectiva en su trabajo. Ávila añadió que el Gobierno ha prometido a la industria del libro que la normativa será mejorada y ulteriormente modificada en el Senado.

A lo largo del debate, retransmitido en streaming, la reforma fue criticada también duramente en las redes sociales entre mofas e indignación. Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en propiedad intelectual e Internet, explicaba: “El verdadero problema es que el legislador español no entiende lo que es un enlace ni que Internet se reproduce a través de los links. Mientras la solución siga siendo jurídica, el resultado va a ser el mismo: habrá más enlaces a esas mismas obras”. Al parecer, queda mucho partido.