La ley de Propiedad Intelectual echa a andar con una fuerte división política

La pelea está en torno a quien favorece la ley: a las empresas y editores o a los creadores y artistas. Con esta controversia ha empezado su andadura parlamentaria la Ley de Propiedad Intelectual después de que el PP haya rechazado las seis enmiendas que pedían su devolución al Gobierno. PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG y Amaiur han sido los autores de estas enmiendas, en tanto que CiU y el PNV han dado “un margen de confianza” al PP para que en las distintas fases entre el Congreso y el Senado sus objeciones se disipen. El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, en tono conciliador, se muestra dispuesto al diálogo con la oposición ya que “no hay líneas rojas”. Su objetivo es “la ordenación de derechos ; y el más urgente es establecer mecanismos en la lucha contra la piratería”

Esta apertura se ha visto matizada por el portavoz en esta ley del Grupo Popular, Juan de Dios Ruano, dispuesto a mejorar “técnicamente el texto”. No obstante, esta ley de Propiedad Intelectual, es una reforma muy parcial de la actualmente en vigor, aprobada en 1996, dado que en el mismo texto se remite a una ley completamente nueve que se aprobará un año después de que proyecto se apruebe definitivamente. “Ley parche” la llaman ya en la oposición.

Parece que los portavoces parlamentarios de la oposición glosaban un texto diferente al defendido por el ministro de Cultura y al portavoz parlamentario del PP. Una persecución más eficaz de la piratería; un control más directo de las entidades de gestión de derechos de autor y la denominada ‘tasa google” para que la utilización de fragmentos esenciales de autores sea compensado por los agregadores de contenidos.

“La reforma es parcial porque es necesario abordar asuntos urgentes como la redefinición de la copia privada; la actuación de los poderes públicos para proteger a los creadores y el desarrollo y apoyo a la transición de las industrias creativas”, ha explicado el ministro desde la tribuna de oradores. Junto a esto ha destacado el desarrollo “de un modelo de negocio legal y como colofón ha lanzado la urgencia de establecer mecanismos “de lucha contra la piratería”. Las sanciones económicas ante el incumplimiento constante de retirada de contenidos ilegales irán entre 30.000 y 300.000 euros. Una entidad jurídica privada tendrá la misión de encargarse de la facturación y pago de los derechos de propiedad intelectual.

Como declaración de principios y para que no quedaran dudas el portavoz de Cultura del Grupo Socialista, José Andrés Torres Mora señaló: “Los socialistas militamos a favor de los creadores y la propiedad intelectual; somos socialistas y creemos que la propiedad intelectual debe estar sometida al interés general”. Y siguió: “los trabajadores de la cultura defienden sus derechos de forma colectiva y mutualista y sus organizaciones reciben los mismos ataques que los sindicatos; pero la decencia es la decencia es la decencia y el robo es el robo”. La importancia económica del producto cultural no se le pasó por alto. Hay 7.500 empresas y 150.000 personas que viven de la cultura . Es evidente que las empresas defienden los derechos de explotación de sus licencias y patentes, lógico, pero hay que diferenciar y apartar a las que se portan como Piratas del Caribe 2. Tampoco es asumible, en 2014, que el creador se vea obligado a vivir bajo el paraguas de un mecenas. Este es el marco de los socialistas para negociar un cambio sustancial de la ley.

En términos mucho más duros se mostraron el resto de los portavoces. “Apoya a los lobbys”, resaltó Rosana Pérez del BNG; “El 84% de los contenidos culturales que se consumen en España son piratas, pero se mantiene como sistema para atacarla una comisión que depende del gobierno, en vez de ser independiente”, se quejó el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. “Favorecen a la gente rancia que quiere defender sus intereses sin adaptarse a los tiempos”, continuó el portavoz de la formación magenta. “Todos los sectores culturales están en contra de la ley”, espetó Chesús Yuste de Izquierda Plural. “Es perverso que lo que tendrían que pagar las operadoras y los fabricantes lo paguen los presupuestos del Estado, es decir, los ciudadanos y ellos de rositas desde el burladero”, clamó Joan Tardà de ERC. La tesis de que la ley” favorece a los editores y se olvida a los autores”, fue una constante desde la oposición como también señaló Rafael Larreina de Amaiur.

Además de principios se habló de cifras abultadísimas. Hay 720 millones de accesos ilegales a películas y 302 millones de accesos ilegales a libros; se pierden por estas irregularidades más de 16.000 millones de euros. “Les vamos a ayudar, aunque no hemos olvidado su comportamiento cuando el gobierno socialista en minoría trató de arreglar el problema” , ofreció el portavoz del PSOE, José Andrés Torres Mora. “Necesitamos la energía espiritual y la fuerza económica de la cultura”, se despidió. Equilibrio, en el que todas las partes se vean reconocidas en derechos y obligaciones, es lo que pidieron los portavoces de CiU, Montserrat Surroca y del PNV, Joseba Angirretxea.

Solo estos dos grupos y el PSOE se libraron de la crítica frontal del portavoz del PP, que una y otra vez resaltó la “clara sintonía entre Izquierda Plural, Amaiur y UPyD”.