El Gobierno aprueba la ley propia para la Biblioteca Nacional

Como el Museo del Prado, como el Reina Sofía o como el Teatro Real y su Fundación, la Biblioteca Nacional (BNE) encarará el futuro dentro de un nuevo marco legal que le otorgue más autonomía de acción. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes, como adelantó este periódico, un anteproyecto de ley que regule su actividad en el futuro. El objetivo: dinamizar su propia gestión y otorgar herramientas para que genere más recursos propios, tal y como hacen otras instituciones similares. "Al darle la naturaleza de organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dotamos al real patronato de una función rectora que hasta ahora no tenía", ha asegurado en la rueda de prensa tras el consejo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha confirmado que la BNE recupera su condición de Dirección General.

Ana Santos, su directora, se ha mostrado en conversación con este diario "muy contenta" tras conocer la noticia, cuyas consecuencias resume así: "Con la nueva norma se adapta una institución tricentenaria a la sociedad actual del conocimiento, que ya no solo circula en soportes tangibles, sino que también lo hace en lo intangible". "Es un primer paso del camino. Es un reconocimiento a la BNE como un organismo de primer orden en la cultura española. Y es un espaldarazo no solo administrativo sino también social. Para construir el texto nos hemos fijado en la Biblioteca Nacional de París, tan básica para la protección de la cultura y la lengua francesa, y en la British Library, que es sobre todo considerada como un lugar de generación de conocimiento. Nosotros pretendemos que, tras la aprobación del estatuto para el que habrá que esperar más o menos un año, el régimen de la BNE esté a medio camino. De ahí que hayamos creado un comité científico. Se moderniza la estructura orgánica y funcional, así como el régimen laboral, y se agiliza la gestión. Además, se fortalece el liderazgo de la institución dentro del ecosistema de las bibliotecas españolas". 

Como reza el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso EL PAÍS, se busca un nuevo marco jurídico que “le otorgue la consideración que merece como institución cultural y científica de primera orden”. Todo ello, señala el documento, se hará para definir “un nuevo modelo de biblioteca”.

De aprobarse la nueva ley, la institución dejaría atrás los tiempos de la gestión pública sometida a los criterios políticos y sujeta solamente a las subvenciones estatales. Desde que en 2003 el Museo del Prado iniciara su camino propio con una ley singular a su medida, diversos centros con un papel primordial en la cultura han querido regirse por su propio estatuto. El Reina Sofía, tras la insistencia de su director Manuel Borja-Villel, lo consiguió también en esta legislatura. La Biblioteca Nacional, después de una sonada polémica en la que se le arrebató su categoría de Dirección general en tiempos del anterior Gobierno, andaba en una especie de limbo y con demasiados interrogantes planeando por encima de sus sus monumentales escaleras de entrada.

El texto llegará al Consejo de Ministros hoy o el viernes próximo

La iniciativa —en tiempos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero— provocó en su día la dimisión de su anterior directora, Milagros del Corral. Tocaba ahorrar y dicha exigencia rebajó el rango de aquel cargo a Subdirección general. Esa es otra de las grandes novedades ahora. Con la nueva ley, se recuperará ese rango, que corresponderá en realidad a quien sea designado director de la institución.

El presidente de la Biblioteca Nacional será el ministro de Educación, Cultura y Deporte, quien entre otras funciones podrá “elevar al Consejo de Ministros propuesta de nombramiento del director, previa consulta con el Patronato”. Una elección que deberá responder a “los principios del mérito, capacidad e idoneidad” y que, teóricamente se realizará mediante un sistema de preselección publicitado.

Fue Rodríguez Zapatero quien rebajó el rango de Dirección general

El ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido otorgar a la Institución un nuevo marco que le dote del tipo de herramientas y agilidad con la que cuentan hoy otras instituciones con una notable mejora en su gestión. El anteproyecto de ley ha pasado hoy por la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación y ahora pasará a tramitación parlamentaria. El texto también establece que, una vez promulgado el texto como ley,  se apruebe en un plazo de un año un estatuto para regular la gestión de la BNE. Mientras, la Ley de Mecenazgo, piedra angular del programa electoral del Partido Popular en materia cultural, sigue haciéndose esperar.

Dentro del anteproyecto de ley —y con arreglo a su propia singularidad— se encuentra la intención de incrementar su capacidad de generar recursos propios mediante una financiación mixta abierta a patrocinios —que deberán captarse a través del Patronato, dice expresamente el documento— y actividades públicas o servicios que lo permitan. Pero la Biblioteca Nacional no cuenta con los fondos de un museo que le permitan explotar de la misma manera su función. Actualmente, Ana Santos Aramboro es su responsable y la institución está regida por el Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre.

El texto también establece la creación de un comité científico consultivo, que asesore a la BNE y sirva para "fomentar el impulso del desarrollo cultural, científico y económico de la Biblioteca", según un comunicado del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.

Para aventurar en qué puede afectar a la vida diaria de la Biblioteca Nacional el nuevo régimen, cabe sacar conclusiones de la experiencia de dos instituciones que ya gozan de esa ventaja normativa: el museo del Prado y el Reina Sofía. Miguel Zugaza, director del primero, regido por una ley propia desde 2003, explica, no sin advertir de que un museo no es lo mismo que una biblioteca, que el cambio les permitió emprender “una modernización en la organización e introducir una estructura única de carácter laboral, pero sobre todo ha posibilitado disponer de los recursos propios que generamos”. En este tiempo, estos han pasado de suponer “menos del 10%” del presupuesto a sobrepasar “el 70%”, algo fundamental en un periodo en el que las asignaciones presupuestarias han caído en picado (un 30% de hachazo solo el año pasado).

Los porcentajes son menos espectaculares en el Reina Sofía, sobre todo porque el centro disfruta de ley propia solo desde 2012. Aun así, el museo ha pasado de “un 5% del peso de los recursos propios en el presupuesto total a algo más de un 30%”. Manuel Borja-Villel, su director, pone dos ejemplos sobre en qué puede mejorar la Biblioteca Nacional en “agilidad y autonomía de gestión”. Uno de ellos es la reciente incorporación al patronato del Reina Sofía de empresas como el Banco Santander, Telefónica o Mapfre. En total, aportarán cerca de tres millones al año. El otro está por hacer. “La ley propia nos permitirá aprovecharnos en el futuro de la tienda”.

En el caso de la Biblioteca Nacional esos ingresos, probablemente, no tendrían el mismo volumen al carecer esta institución del mismo tipo de exposiciones. En cualquier caso nadie tiene dudas de que la nueva ley la consolidaría como uno de los grandes buques insignia de la cultura en España.