El Consejo de Estado critica el anteproyecto de la ley de propiedad intelectual

“Desigual”. Así califica el Consejo de Estado en su dictamen, emitido ayer, al anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual. Porque, si bien el nuevo texto “trata de avanzar en la configuración de un régimen jurídico de la propiedad intelectual acorde con los cambios normativos recientes”, el organismo critica severamente varios puntos del anteproyecto, sobre todo en relación al nuevo modelo de compensación por copia privada.

Hay que aclarar, eso sí, que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante. Sin embargo, en una nota emitida ayer, el ministerio de Cultura aseguró que tendrá en cuenta “varias” de las observaciones. Y deberá hacerlo con cierta prisa, ya que el ministro Wert prometió ayer que la nueva LPI será aprobada por el Consejo de Ministros no más tarde de enero. A partir de ahí, la normativa pasará a la negociación parlamentaria.

En general, el dictamen del Consejo de Estado critica a menudo a lo largo de sus 184 páginas la falta de claridad del texto del anteproyecto de ley, así como la redacción de algunos artículos y la posible falta de coherencia con el derecho europeo. E incluso cuando el organismo valora positivamente algunos cambios, a continuación aparece una lista de elementos que no comparte.

 Una de las novedades de la LPI -el llamado sistema de compensación por copia privada con Cargo a los Presupuestos del Estado que venía a sustituir al enterrado canon digital- es uno de los aspectos que menos convence al Consejo. “Presenta elementos de dudosa conformidad con el Derecho europeo” y “puede derivar en la ilegalidad de numerosos hábitos de la sociedad española relacionados con la copia de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual” son de los principales apuntes del organismo.

También sostiene el Consejo que la procedencia de la nueva cuantía directamente de los Presupuestos del Estado obligaría, en el caso de que “no alcanzara el nivel adecuado de compensación exigido por el Derecho europeo, a acudir a alguno de los mecanismos de modificación de los créditos presupuestarios previstos en la LGP (artículos 51 y ss.), como las transferencias o los créditos extraordinarios o suplementos de crédito”. Finalmente, por tanto, el Consejo de Estado recomienda una “profunda revisión” de los artículos 25 y 31 de la LPI, relacionados con este aspecto.

Precisamente respecto a las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual –la segunda es la que creó la ley Sinde para perseguir la piratería informática- el Consejo también se muestra escéptico. Para empezar, porque “su estructura no se compadece con la importancia de las funciones que se les encomiendan. La reducida dotación de personal y la falta de determinación de los requisitos exigibles a sus miembros para garantizar el adecuado desempeño de las funciones que se les atribuyen, unidas a la previsible escasez material y económica con la que contarán dichas Secciones, serán obstáculos notables”.

Entrando más en el detalle, el organismo defiende que son más las medidas que necesitan una revisión respecto a las que merezcan una valoración positiva. En concreto, en cuanto a la sección primera, el Consejo de Estado duda de “su configuración como una suerte de organismo regulador, supervisor y sancionador en el ámbito de la propiedad intelectual, sin que se haya contemplado al parecer su cohabitación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ni la comunicación de este relevante extremo a la Unión Europea”. Y no solo. El dictamen también pide revisar “la configuración concreta de algunas funciones, como las relativas a la determinación de tarifas y el control de la actividad de las entidades de gestión, para que puedan servir al fin pretendido“.

Peor parada sale la sección segunda. Una de las apuestas de la nueva LPI es la caza ahora también a las webs de enlaces, esas que proporcionan al usuario un acceso directo a otra página donde se puede descargar contenido protegido por derecho de autor. Y, por lo menos en este aspecto, el Consejo de Estado no ofrece revoluciones. Pero sí una larga lista de recomendaciones que dejan en un mal lugar al redactor del texto original: “Es necesario que se deslinde adecuadamente el ámbito de la Ley de Propiedad Intelectual de la esfera penal y, en concreto, del tipo contenido en el Proyecto de reforma del Código Penal (artículos 270 y 271); que se evite el empleo de conceptos jurídicos indeterminados de difícil precisión; que se determine con claridad y de manera excepcional los sujetos en su caso excluidos del procedimiento de restablecimiento de la legalidad, que se valore el mantenimiento del requerimiento previo por el titular; que se corrija la previsión relativa a la caducidad del procedimiento”.