Mas del Vent, claustro desprotegido

Después de un año de saltar a los medios de comunicación desde el borde de la piscina de una finca junto al mar Mediterráneo, no existe impedimento alguno para que el actual dueño del claustro de Palamós decida desmontarlo, empaquetarlo y llevárselo a donde él quiera, porque ninguna administración —ni Ministerio, ni Generalitat, ni Ayuntamiento— podría impedirlo. Tan solo la Generalitat lo inscribió, en agosto pasado, en el inventario del patrimonio catalán, un listado que no le reconoce protección legal. Además, al ser registrado como obra del siglo XX (y no como una pieza construida en el siglo XII en Salamanca, junto a la catedral románica, según defiende el profesor de Historia del Arte Medieval Gerardo Boto), no sería necesario pedir permiso para exportarlo a la Junta de Valoración del Ministerio, al ser un bien con menos de 150 años.

Tras el informe que hizo público la Generalitat de Cataluña a finales de julio de 2012, en el que se aseguraba que el claustro era una recreación del siglo XX con elementos románicos, estaba claro que el gobierno catalán no lo iba a proteger como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), la mayor categoría de protección, que ostentan más de 2.200 bienes catalanes. Es idéntica a la protección que disfrutan los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la Ley de Patrimonio Español de 1985.

En ese mismo informe, “atendiendo a la singularidad e importancia”, sí que se instaba al Ayuntamiento de Palamós a considerar el claustro un bien de interés local. Eso aseguraría “en primera instancia su conservación y estudio”. Y lo hacía porque la ley catalana de Patrimonio de 1993 establece una segunda categoría de protección que permite que los bienes inmuebles puedan ser catalogados bienes culturales de interés local (BCIL) por los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, caso de Palamós, mientras que los muebles son únicamente competencia de la Generalitat.

Pasado casi un año, el ayuntamiento de la localidad reconoce que no ha cumplido el mandato tras reunirse, por separado, con la Generalitat, el investigador Boto y los propietarios del claustro. Está por fijar, aseguran desde el ayuntamiento, la fecha en la que el pleno debatirá el informe de los técnicos locales de patrimonio, y decidir si lo registra o no como BCIL, categoría que tienen otros 43 bienes del municipio entre iglesias, ermitas, casas de pescadores o grupos de apartamentos.

Expertos en patrimonio consultados por este periódico defienden que un elemento que forma parte de un edificio que ha sido desmontado y vuelto a montar en otro lugar y ha perdido su contexto y su función original puede ser considerado como bien mueble. En ese caso, la Generalitat podría actuar directamente sin delegar en el Ayuntamiento para declararlo bien catalogado.

Pero hay más. El Estado podría declarar bien cultural y por lo tanto proteger el claustro, en el caso de que la Generalitat no lo haga y considere que esté en peligro el bien. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional en 1991 contra la Ley de Patrimonio Español después de los recursos promovidos por Cataluña, Galicia y el Gobierno Vasco, se interpretó que el Estado dejaba en manos de las comunidades la protección de su patrimonio. Pero en realidad, la sentencia no cambió ni una sola coma de la ley española y el Ministerio mantiene sus competencias concurrentes con las comunidades. “Tiene competencias en un bien de titularidad privada solo en caso de expolio o exportación ilícita. No tiene competencia para pedirle a la Generalitat que lo proteja, a no ser que se vea dejación de funciones, que pudieran derivar en que el bien sea puesto en peligro”, aseguran desde Cultura.

Desde la sentencia de 1991, el 99,9% de las incoaciones las han realizado las comunidades. Pero existe un caso reciente en el que el Ministerio ha actuado pese a la oposición de las autoridades locales: el barrio del Cabanyal de Valencia. El ayuntamiento de la ciudad, con permiso del gobierno valenciano, había aprobado un plan especial para abrir una avenida que derribaría más de 450 casas de este barrio de pescadores. Entonces, el Ministerio de Ángeles González-Sinde lo paró por decreto en 2009 para garantizar su protección. La Generalitat Valenciana ha recurrido al Constitucional, no obstante, la decisión ministerial.

La declaración de BIC ministerial o BCIN autonómica permitiría la inspección y visita pública del monumento al menos cuatro horas al mes. La declaración de BCIL municipal, la única en marcha por ahora, solo obliga a los propietarios a preservarlo, garantizar un uso compatible con su conservación, comunicar al ayuntamiento la intención de venderlo y permitir el acceso de los especialistas para su estudio, uno de los mayores impedimentos hasta ahora.

Según fuentes del departamento de Cultura de la Generalitat que dirige Ferran Mascarell, tras el informe de julio pasado no se ha hecho nada con respecto al claustro: “Ya hemos hecho todo lo que se podía hacer”, aseguraron la semana pasada al conocer la nueva tesis de Boto. Si eso es así, la Generalitat no ha cumplido las propias recomendaciones de su dictamen. Al final del texto se hablaba de nuevas líneas de investigación en un futuro “para conseguir un conocimiento más profundo y completo”. Entre ellas: determinar con análisis contrastados qué piezas eran las originales y cuáles las modernas; determinar la procedencia única o diversa y estudiar los talleres de restauradores que se podrían relacionar con la obra con el fin de conocer con mayor detalle su cronología, entre otros objetivos. Al parecer, el dictamen provisional se ha quedado en definitivo.