Gobierno / cine español: bloqueo total

La sempiterna concatenación de batallas, soterradas o no, entre el cine español y los titulares de la cartera de Cultura ya tiene un nuevo episodio. Podría titularse Todo por la pasta. O Aquí no hay quien viva.El caso es que los productores audiovisuales exigen ahora al Ministerio de Educación y Cultura, o más bien al de Hacienda, un 40% de exención fiscal para todo aquel que se decida a invertir en cine, y ampliar esta posibilidad también a las personas físicas. El sistema actual, que se ha demostrado poco o nada efectivo e inseguro jurídicamente, tiene su techo en un 18% y a él solo se pueden acoger las personas jurídicas o empresas.

Se pasaría así a la implantación de unas exenciones fiscales más acordes con las vigentes en los países europeos de nuestro entorno —Francia (un 36%), Irlanda (28%) e Italia (40%)—. Como ha venido proclamando desde hace tiempo, el sector de la producción tiene puestas grandes esperanzas en una política clara y atractiva de incentivos fiscales para fomentar la movilización de dinero ajeno al cine y ayudar así a levantar la caótica situación de una industria que se ahoga por momentos y que vive en una parálisis profundísima, agudizada por la subida del IVA cultural al 21%.

La última estocada al maltrecho sector industrial del cine ha llegado esta misma semana, con el anuncio del cese de actividades de la distribuidora Alta Films, uno de los pilares de la industria española, propiedad de Enrique González Macho, presidente de la Academia de Cine.

Esta petición del 40% de exención fiscal es el punto más llamativo de los dos documentos que el viernes de la semana pasada presentó la FAPAE (Federación de Asociaciones de Productoras Audiovisuales de España) a la directora general del ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales), Susana de la Sierra, y a los que ha tenido acceso este periódico. Los documentos, articulados en unas veinte páginas cada uno —Propuestas para la modificación de ayuda a la producción cinematográfica en España y Alternativas fiscales para la financiación de la industria audiovisual en España—, responden a la propuesta lanzada por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, para intentar buscar un modelo distinto de negocio en un sector que se derrumba.

Pero ha sido mucho más el ruido que las nueces. Desde que se anunció la creación de una comisión mixta de trabajo, con todos los sectores implicados, ministerios afectados incluidos, y con un calendario bien concreto —el 31 de mayo debería de estar listo el proyecto definitivo para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que esta nueva ley entrara en vigor el 1 de enero de 2014—, la realidad es que solo dos de las cuatro mesas de trabajo —la de ayudas a la producción y la de incentivos fiscales— se han reunido en dos o tres ocasiones, ya que las otras dos —la encargada de estudiar las relaciones de las televisiones con el audiovisual y la del nuevo modelo de negocio— no han llegado ni a ser convocadas. Queda claro ya que no hay tiempo para que el tan cacareado calendario de Wert se cumpla. Sí, se ha entendido bien: la Comisión Wert está totalmente bloqueada.

Los cambios solicitados por la producción en cuanto a las ayudas parten de la base de la crisis económica que sufre nuestro país, con presupuestos culturales raquíticos, y buscan facilitar la financiación de la producción, atendiendo a “la realidad cultural y plurilingüística de España y a nuevas formas de comercialización”. Las ayudas públicas, que nunca podrán superar el millón y medio de euros por película, la misma cifra que rige en la actualidad, se dividen en tres tipos: unas de carácter general destinadas a la recuperación de la inversión y a las que se consigan por la taquilla y otras de carácter extraordinario para responder a proyectos de especial interés. Para acceder a estas ayudas se implanta un sistema de puntos, “objetivos y ciertos”, es decir comprobables.

En el documento se hace una clara distinción según el presupuesto de las películas. Por ejemplo, para los títulos que no superen el millón y medio de euros, las ayudas no podrán superar el 40% del coste reconocido con un límite de un millón; para aquellos con un presupuesto superior a ese millón y medio las ayudas serán de un 33% del coste reconocido, con un límite de 1,2 millones de euros.

Otra de las novedades introducidas en la propuesta de los productores es que para tener ayudas se obligará a los títulos que no superen el 1,5 millones de presupuesto a estrenar en 30 pantallas de España de cinco comunidades autónomas diferentes y una semana completa en cartel, además de certificar que el productor ha invertido un 15% del coste reconocido por el ICAA en costes de promoción. Para aquellas películas con un presupuesto superior al 1,5 millones de euros, se exigirá el estreno en 50 pantallas de al menos ocho comunidades, una semana en cartelera y una inversión en lanzamiento y promoción del 20% del coste. Estas propuestas, que incluyen medidas para acortar los plazos de pago —de los actuales dos años a tres meses— tienen como finalidad, según José Antonio Felez, presidente de la Asociación Estatal de Productores Cinematográficos, asegurar el compromiso de cada uno de los productores para que su película llegue de verdad a las salas.

Ayer mismo, los sectores afectados recibieron la convocatoria para el tercer plenario de la Comisión para el próximo 8 de mayo. Los productores esperan que ese día los responsables de Cultura valoren los documentos aportados y hagan pública sus propuestas. Pedro Pérez, presidente de la FAPAE, aseguró a este diario: “El Gobierno anunció un nuevo modelo de negocio para el audiovisual, pero lleva año y medio de legislatura y seguimos igual”.