El juez cuestiona la legalidad de las elecciones a la junta de la SGAE

El auto por el que el juez Pablo Ruz envió ayer a prisión al presunto cerebro de la trama parasitaria de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) pone en cuestión la legalidad de las elecciones a la junta directiva de la entidad que se celebraron el jueves, víspera de la Operación Saga que acabó con las detenciones de la cúpula de la sociedad y de los propietarios y directivos de las empresas de la trama.

La resolución de Ruz, basándose en las conversaciones telefónicas grabadas a José Luis Rodríguez Neri refleja como el cabecilla intervino a favor de la lista defendida por el presidente del consejo rector de la entidad, Eduardo Teddy Bautista, y en prejuicio de la candidatura alternativa que no obtuvo ningún puesto.

El juez explica que Neri, como miembro de la Comisión Electoral, pudo haber vulnerado "la imparcialidad debida y que se le cabe presuponer en cuanto al empeño de su función". En los meses previos a las elecciones, Neri mantuvo diversas reuniones con personas vinculadas a la candidatura para tratar algunos temas relaciones con la elección. Algunas de ellas fueron organizadas por el propio Bautista, tal y como revela una conversación grabada entre ambos el pasado 30 de abril, con la pretensión de que estas reuniones no fueron conocidas o que se creyese que su objeto real eran cuestiones ajenas a las elecciones.

Neri dificultó en lo posible el ascenso al censo de avales de la candidatura denominada De Otra Manera (DOM), que se había mostrado muy crítica con la gestión del equipo directivo. El presunto cabecilla no permitió un acceso adecuado al censo de avales a la otra candidatura, lo que pudo perjudicar sus posibilidades de obtener una mayor presencia en la junta.