Bruselas y Google acercan posturas

La controvertida iniciativa de Google para digitalizar libros, cuestionada en duros términos por editores, libreros y algunos Gobiernos de la UE, ha llevado a la Comisión Europea a plantearse la necesidad de actualizar la legislación europea sobre derechos de autor para adaptarla a los desafíos de la era digital. "Si la UE lo consigue se podrían sentar las bases para una nueva era de crecimiento cultural en Europa", aventuran los comisarios Viviane Reding y Charlie McCreevy. No es un problema de fácil solución. "Lo que tienen que hacer los comisarios es construir sobre lo ya existente y dejarse de seguir modelos extranjeros", replica Olga Martín Sancho, de la Federación Europea de Editores.

La Comisión organizó ayer una audición de la partes integrantes del mundo editorial europeo (autores, editores libreros, bibliotecarios, Gobiernos) para examinar a fondo las repercusiones en Europa del acuerdo alcanzado por Google Books con los editores y autores americanos para digitalizar y comercializar inmensos fondos de libros de dominio público (aquellos cuyo derecho de propiedad intelectual privado ha caducado) o huérfanos (que no tienen derechohabiente claro) en todo el mundo.

El acuerdo ha levantado ampollas en Europa, con acusaciones próximas a la piratería intelectual contra Google, pero ha dejado en evidencia una vez más la agilidad del sistema americano frente al retraso, parsimonia y fragmentación del modo de hacer europeo. Lo que objetaban ayer los europeos es que Google quisiera imponer una política de hechos consumados con la oferta posterior de remedios paliativos que no cuestionan la mayor.

La Comisión se alineó con el sistema americano cuando la comisaria de Sociedad de la Información y el responsable de Mercado Interior emitían un comunicado conjunto que debió de sonar a música celestial a Google. "Nuestro objetivo es acabar con los viejos estereotipo que han entorpecido el debate en el pasado y centrarnos en encontrar la mejor solución que la tecnología de hoy nos permita para el futuro", anunciaron Reding y McCreevy. A su juicio, la UE necesita un nuevo marco legal que catalice un desarrollo de servicios semejante al facilitado por el acuerdo que Google acaba de conseguir en EE UU, aunque pendiente de ratificación judicial.

"La digitalización de libros es una tarea hercúlea que el sector público necesita guiar", señalan los comisarios, antes de abrir el resquicio por el que se cuela Google o cualquier otro que se atreva con el desafío: "Pero también necesita apoyo del sector privado". Según Reding y McCreevy "ha llegado la hora de reconocer que la asociación entre organismos públicos y privados puede combinar el potencial de las nuevas tecnologías y las inversiones privadas con las ricas colecciones que las instituciones públicas han formado a los largo de los siglos. Si somos excesivamente lentos, la cultura europea podría sufrir en el futuro".

Las bases de partida son claras: respeto a los derechos de autor y debida retribución a los creadores, principales beneficiarios de un mejor acceso de los ciudadanos a sus obras digitalizadas, subrayan los comisarios antes de lanzar la bomba: "Necesitamos analizar con atención el régimen de derechos de autor que tenemos en Europa". Y se preguntan: "¿Se adapta a la era digital?". "Esa es la cuestión", responde Milagros del Corral, directora de la Biblioteca Nacional de España. "Hasta qué punto la concepción jurídica del derecho de autor a la europea se presta a la explotación digital".

En conflicto entran los intereses de las diversas partes en escena, como se vio en el debate de ayer. Los autores son más favorables a la innovación tecnológica que dé nueva vida a sus obras. "Los autores de libros descatalogados vemos que nuestra obras llegan a un mercado completamente nuevo", comentó el escritor James Gleick, converso a Google Books. Editores y libreros, que viven del comercio de los libros, temen que la irrupción del gigante les robe negocio. Antonio Ávila, de la Federación de Gremios de Editores y Libreros de España, acusó a Google de violar los derechos de autor y el convenio de Berna al tomar la iniciativa de escanear libros en Estados Unidos sin consultar previamente a los derechohabientes europeos. El representante francés, procedente de Hachette, abundó en la idea y adelantó que Francia irá hasta el final para que tal acuerdo no afecte a libros y autores franceses. Para los editores, el acuerdo de Google en Estados Unidos no es aplicable en Europa.

Olga Martín Sancho, de la Federación Europea de Editores, estaba incómoda con la Comisión. "Espero que tenga en cuenta la posible infracción del convenio internacional sobre derechos de autor" que supone la iniciativa de Google, y no ocultó su desacuerdo con la idea de replantearse la adaptación a la era digital de la legislación europea. "No hace falta reabrir la directiva de derecho de autor de 2001, que fue muy difícil de negociar. Sobre ella deberían construir Reding y McCreevy y no sobre acuerdos extranjeros. Que miren lo que ya se está haciendo en Europa".

En la UE, además del lento proyecto de Europeana, el escaparate digital de la cultura europea, hay iniciativas nacionales como Libreka en Alemania, Gallica2 en Francia o Enclave, que se presentará en la próxima edición de Liber, en España. Milagros del Corral, que participó en la sesión en representación de la bibliotecas nacionales europeas, comentaba cómo en conflicto hay cuestiones filosóficas, económicas y culturales. "La idea de Google es la eterna de la humanidad, poner todo en un mismo lugar", dice. Lo intentó la biblioteca de Alejandría y lo soñó el bibliotecario Jorge Luis Borges. "Ahora con las nuevas tecnologías esa posibilidad existe. Pero al condición humana está contra la homogeneización".

Dan Clancy, el ejecutivo responsable de Google Books que ayer llevó el peso de la audiencia en Bruselas, hizo un gesto hacia los editores, comunicado por carta, al prometer que ningún libro que esté comercializado por los canales clásicos en Europa será comercializado por Google Books aunque no estén en circulación comercial en Estados Unidos. A los editores no les pareció suficiente.