El Gobierno y el PP se enfrentan por el regreso a Cataluña de parte del archivo de Salamanca

La decisión anunciada ayer por el Gobierno de devolver parte de los archivos históricos de Salamanca a la Generalitat de Cataluña ha desatado una tormenta política con el PP y con Castilla y León, al tiempo que Aragón, País Vasco y Comunidad Valenciana han exigido el retorno de sus documentos. En respuesta a las críticas del PP, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha señalado que "pagará en las urnas su comportamiento". El líder del PP, Mariano Rajoy, le ha contestado recordándole que cuando estaba en la oposición dijo que "antes de que salieran los documentos de Salamanca pasarían por encima de su cadáver". Mientras tanto, el Ayuntamiento de Salamanca ha ratificado que "no saldrá ningún papel", al tiempo que ha cerrado con vallas las inmediaciones del edificio para "unas obras".

El ministro Caldera, que es salmantino, se ha referido esta mañana en la Cadena Ser a la decisión de su Gobierno sobre el archivo de Salamanca: "Creo que ha habido demasiado pasión sobre este tema, que por algunos es utilizado como arma arrojadiza para enfrentar a los españoles, introduciendo problemas en la convivencia". Con esta decisión, según el ministro, "el archivo no se disgrega, sino que se refuerza, porque la mayoría del material solicitado pertenece a un periodo anterior a la guerra civil, por ejemplo, las actas del Consejo de Gobierno de la Generalitat cuando se debatía el Estatuto de Autonomía".

Ante las críticas del PP, Caldera ha considerado que este partido "va a pagar en las urnas, que es lo único que le interesa, su comportamiento". Horas después, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que Caldera "llegó a decir, porque las hemerotecas están ahí, que antes de que salieran los documentos del archivo pasarían por encima de su cadáver". Rajoy, que se encontraba en Lepe (Huelva), ha destacado que "no deja de tener su gracia que ahora se pliegue a las decisiones de su Gobierno, por razones puramente partidistas". El líder de la oposición ha señalado que se ha abierto "un proceso no muy bueno, ya que hemos visto cómo en Aragón y País Vasco se comienzan a hacer reivindicaciones similares a la de Cataluña".

Vallado simbólico del Archivo

Mientras, en Salamanca, unas vallas metálicas, algunas de ellas recubiertas con tela verde, rodean desde esta mañana la fachada completa del Archivo de la Guerra Civil, desde su límite con el Museo Casa Lis en la calle Gibraltar hasta la calle Tentenecio. La valla sólo permite el paso de peatones a través de estas calles por un estrecho pasillo pero la puerta principal está libre de vallado. El portavoz del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, ha explicado que se ha colocado para proceder a la "reparación de baldosas del suelo". Por su parte, el alcalde, Julián Lanzarote, ha ratificado "hoy más que nunca" que del Archivo no saldrá "ningún papel, lo diga quien lo diga".

Lanzarote ha recordado que el Gobierno aún no se ha pronunciado "ya que en los estados democráticos se pronuncian a través del BOE", aunque ha matizado que "como alcalde, como vecino de Salamanca y como persona que lleva peleando lo indecible para que este tema se solucione", los legajos que pide Cataluña no saldrán de Salamanca. "Estamos en esta especie de pelea mediática que no conduce a nada y yo sigo confiando en que España es un Estado de Derecho donde el ordenamiento jurídico impera por encima de cualquier otra veleidad, consideración o capricho, que es lo que en definitiva es al final, a parte de una hipoteca política absolutamente sangrante", ha añadido Lanzarote.

Después de que ayer mismo Aragón reclamara la devolución de sus documentos, hoy, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había prometido hacer extensiva la decisión de los expertos sobre Cataluña al País Vasco. El PSOE valenciano también ha instado al Gobierno autonómico -del PP- a que realice la misma petición para su región. El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, ha exigido al presidente del Consell, Francisco Camps, que demuestre "que defiende los intereses de los ciudadanos frente a su partido". En su opinión, la decisión tomada con Cataluña es un primer paso y abre la posibilidades para que otras comunidades autónomas puedan reivindicar la devolución.