En España existen 1.126 centros escolares, 112 hospitales y 82 puntos radiactivos en zonas vulnerables a las inundaciones más graves

En España existen 10.197 instalaciones que se verían afectadas en caso de graves inundaciones con un periodo de recurrencia de 500 años (las más graves), entre ellas, 420 residencias de ancianos, 1.126 centros escolares, 114 comisarías de la Policía Nacional, 112 hospitales, 82 instalaciones radiactivas y 155 infraestructuras viarias. Estos datos salen de un informe que acaba de lanzar el Observatorio de Sostenibilidad, en el que se detallan, cuantifican y clasifican las instalaciones, servicios y edificios situados en las superficies inundables en el país a partir de datos oficiales.

Como comenta Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, “estas inundaciones con recurrencia de 500 años son las más graves previstas, pero como se vio en 2024 esto puede ocurrir, la lámina de inundación en la dana de Valencia ocupó 16.000 hectáreas por encima de las peores previsiones”.

Cuando se cumple justamente un año de las desastrosas lluvias torrenciales que provocaron 229 muertos, este trabajo estima que el 71% de las instalaciones localizadas en el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años se encuentran en una situación de peligrosidad muy grave, un 13% en situación grave y un 16% en situación leve. Por territorios, el porcentaje de infraestructuras críticas con un grado de amenaza por inundación muy grave (calificado por el Ministerio para la Transición Ecológica) afectaría a 7.223 instalaciones, de las que un 37% están en Cataluña y un 16% en Galicia. Las otras comunidades con más puntos amenazados son País Vasco, 8%; Andalucía, 7%; Castilla y León, 6%; Murcia, 5%, Comunidad Valenciana y Aragón, ambas con el 4%.

“Nos ha llamado la atención el caso de Cataluña, pensamos que esto es así porque en esta comunidad hay un tejido urbano más denso”, puntualiza Prieto.

Según el Observatorio de Sostenibilidad, las grandes inundaciones ocasionan importantes perdidas de vidas humanas, ecológicas y económicas y este fenómeno meteorológico extremo unido a la falta de planificación se ha convertido en el mayor riesgo asociado al cambio climático en el país. Por todo ello, esta entidad, que se dedica a publicar informes relacionados con el medio ambiente, considera que “una de las primeras acciones de adaptación al cambio climático debe ser la protección de las poblaciones más vulnerables y de las infraestructuras críticas”.

De forma concreta, en el recuento de 10.197 instalaciones que se verían afectadas por estas inundaciones, aparecen 1.994 poblaciones vulnerables —420 residencias de ancianos, 27 centros de educación especial, 1.126 centros escolares, 232 de educación infantil y 189 campings—, 283 puntos relacionados con la seguridad —51 instalaciones de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil y 114 comisarías de policías nacionales—, 115 con la salud —112 hospitales y 3 centros de salud—, 534 con la seguridad ambiental —375 depuradoras de aguas residuales, 82 emplazamientos radiactivos y 77 químicas afectadas por la Directiva Seveso (que presentan elevado riesgo de contaminación)—, 1.152 con los servicios básicos y la industria —415 subestaciones de energía, 282 de abastecimiento e infraestructuras de aguas y 455 centros industriales—, y 262 con el transporte —155 infraestructuras viarias y centros de transporte, que incluyen cuatro estaciones de ferrocarril, 90 de autobuses y 13 aeropuertos—.

Ante estos datos, el Observatorio realiza una serie de recomendaciones, como establecer sistemas de alerta temprana con protocolos claros y estrictos de cumplimiento; o crear una etiqueta que califique las edificaciones según su exposición al riesgo de inundaciones, y retranquear o alejar estas infraestructuras y zonas urbanizadas a zonas más elevadas. También se aconseja paralizar nuevas construcciones y revisar los planes urbanísticos ya aprobados para evitar que se siga edificando en zonas de riesgo o la implantación urgente de medidas de protección para los sectores de la sociedad más vulnerables, en especial, en calles y barrios más desfavorecidos que se encuentran en zonas de mayor riesgo.

Entre las recomendaciones, Prieto incide en la obligación de rendición de cuentas en las políticas públicas implantadas, cuando no tienen en cuenta estas amenazas, que se considera que cada vez son más frecuentes e intensas debido al calentamiento del planeta. También se propone establecer planes obligatorios de riesgo de inundación con participación pública y planificar con el nuevo escenario de cambio climático en el que ya nos encontramos para enfrentar el aumento de fenómenos meteorológicos extremos con verdadera eficacia.