Un tercio de las presas del Estado necesitan refuerzos estructurales urgentes y la mayoría no tienen planes de emergencia

España es una potencia hídrica, con alrededor de 2.500 presas, de las que 1.300 se consideran grandes y, de ellas, 375 son de titularidad estatal. Sin embargo, la situación de estas últimas tiene riesgos: un tercio (112) necesita refuerzos estructurales urgentes, el 65% necesita renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, un 50% debe rehabilitar los desagües de fondo, y tres de cada cuatro no cuentan con planes de emergencia. Este es el análisis que hace la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Asociación Caminos) a partir de los datos del Estado, frente a lo que pide aumentar la inversión en estas infraestructuras y crear un Consejo de Seguridad de las Presas independiente. El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que “ha impulsado numerosas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad de las presas existentes en nuestro país”.

“Las presas españolas están, en general, muy bien proyectadas y muy bien construidas, pero tienen muchos años —la media de edad es de 50 años, pero hay 122 en España que tienen más de un siglo—, por lo que necesitan adaptaciones”, explica a EL PAÍS Jesús Contreras, especialista en obras hidráulicas y vocal de la asociación.

Un caso destacado es el de la presa de Forata, en Valencia, que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Durante la letal dana de octubre de 2024, la presa estuvo al borde del colapso. Un fallo estructural —un muro a cota más baja— habría liberado una avenida de hasta 20.000 m³ por segundo, afectando a más de 110.000 habitantes. Un año después, sigue sin tener un plan de emergencia implantado, ni sirenas ni señalización de evacuación.

“Que tengas una presa como la de Forata a la que no le funcione el desagüe de fondo desde hace 15 años, a la que no le funcione el desvío, que no tenga el plan de emergencia instalado y que encima tenga un problema estructural serio, como es un collado desbordable, y no se haga nada, es significativo”, resume Contreras.

Otras presas con deficiencias importantes, según el experto, son la del Tejo (Segovia) —que afecta a poblaciones del municipio madrileño de Cercedilla —, así como las de Arenós y María Cristina (Castellón), ambas bajo gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que requieren refuerzos estructurales y mejoras de auscultación.

El ingeniero señala que los datos del Ministerio para la Transición Ecológica de 2023 muestran que al 50% de los embalses estatales no les funcionan los desagües de fondo: “¿Para qué sirven? En los planes de explotación fijas el embalse a distintas cotas según la temporada del año. Y si prevés que va a venir una avenida de agua, usas esos desagües para laminar el agua y evitar una crecida. Si no lo tienes, hay que aguantar con lo que haya”.

Mientras, el 75% de las presas del Estado carecen de planes de emergencia. “Son planes que hay que divulgar a los municipios afectados. Hay tres niveles y, en el último, hay que hacer sonar las sirenas y evacuar todas las zonas habitadas, pero hay que hacerlo con tiempo y es importante que la gente sepa antes qué tiene que hacer”.

Contreras ha participado este martes en las jornadas Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable, donde ha destacado que “la gestión de seguridad de las presas en España no es adecuada desde el punto de vista normativo y de organización”. Además, ha criticado una reducción de la inversión pública del 57% en este ámbito y un descenso de la ejecución del 29% de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones.

El presidente de la Asociación Caminos, José Trigueros, ha defendido por su parte que “el agua es la última prioridad para el Ministerio [de Transición Ecológica]”. En su opinión, “el agua tiene que volver al ministerio inversor, Fomento [ahora Transportes y Movilidad Sostenible], donde están las carreteras, los puertos y los ferrocarriles, porque el agua forma parte de nuestro patrimonio ingenieril”. Esa reivindicación ha sido compartida por otros ponentes. “La gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo, regular y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal técnico especializado”, ha añadido.

Patrimonio estratégico

María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de Ingeniería, ha recordado que “las presas son un patrimonio importantísimo y estratégico que hay que cuidar”, y ha pedido a las distintas administraciones “que se escuche a los ingenieros en este tema para prever lo que pueda pasar”. Mientras, Francisco Bueno, profesor de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Burgos, ha hecho hincapié en la prevención: “El riesgo cero no existe, pero la falta de mantenimiento y la pérdida de conocimiento técnico son el mayor riesgo de todos”.

La Asociación Caminos ha presentado varias medidas urgentes para solucionar estos problemas, entre las que destacan incrementar la inversión en mantenimiento y modernización de las presas españolas e implantar los planes de emergencia pendientes en todas las presas estatales. Piden también reinstaurar el Servicio de Vigilancia de Presas, con personal cualificado, actualizar la normativa con criterios vinculantes y de adaptación al cambio climático, así como establecer una moratoria en la demolición de presas sin estudios técnicos y patrimoniales rigurosos.

Por último, solicitan la creación de un organismo técnico independiente, con autoridad y financiación propia, denominado Consejo de Seguridad de Presas, y que funcione de manera similar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). “Nadie entendería que las centrales nucleares dependieran en su seguridad de los titulares, por eso se creó un órgano independiente elegido por tres quintos desde el Parlamento y al que no se le puede cesar hasta que acabe su mandato. Con las presas debería pasar lo mismo, ahora hay un gran problema de entendimiento entre administraciones. Y no sabemos la situación de las presas en manos de concesiones”, resume Contreras.

Actuaciones del ministerio

Por su parte, una portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica defiende que desde la aprobación del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para presas y embalses, el departamento de Sara Aagesen “ha impulsado numerosas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad de las presas”. Además, se está tramitando otro decreto por el que se define el concepto de “técnico competente”, estableciendo las titulaciones académicas que habilitan para el desempeño de las funciones técnicas previstas en el Real Decreto 264/2021.

Mientras, “la inversión en seguridad de presas ha experimentado un notable incremento en los últimos años”, dice. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 recogen un aumento del 35,6% respecto a 2018, pasando de 810 millones de euros a 1.099 millones en inversión real. “En el trienio 2023-2025, se han destinado más de 233,5 millones de euros específicamente a actuaciones vinculadas a la seguridad de presas, distribuidas en distintas líneas prioritarias”. Por último, “se ha desarrollado un programa de seguimiento integral en todas las cuencas intercomunitarias para reforzar la seguridad de las presas de concesionarios, avanzando significativamente en su supervisión y control”.