Comienza el ‘macrojuicio’ climático en la Corte de La Haya: “En Vanuatu vivimos en la primera línea del impacto, vemos la destrucción”

El Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (TIJ), con sede en La Haya (Países Bajos), acoge desde este lunes y durante las próximas dos semanas las declaraciones de 99 países y 11 organizaciones con el objetivo de delimitar las obligaciones legales de los países a la hora de luchar contra el cambio climático causado por el ser humano y las consecuencias que deben afrontar los Estados por contribuir a un calentamiento global que se deja sentir en todo el planeta a través de la subida de las temperaturas medias y del incremento de los eventos meteorológicos extremos. En Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico sur, conocen bien esas dos velocidades de la crisis climática: están amenazados por el aumento del nivel del mar debido al incremento de las temperaturas y raro es el año en el que no son golpeados por destructivas tormentas. Los representantes de este país han sido los primeros en declarar este lunes ante la corte.

Ralph Regenvanu, enviado especial para el Cambio Climático de Vanuatu, ha abogado por que el TIJ reconozca que “el daño causado” a su país y a otros Estados “es ilegal”, por lo que deben aplicarse “las leyes internacionales para contenerlo”. Poco antes de intervenir ante los jueces, ha recordado que su país vive “en la primera línea del impacto del cambio climático”. Así lo ha expresado: “Vemos la destrucción de nuestras vidas, medios de vida, cultura y derechos humanos”. Arnold Kiel Loughman, fiscal general de Vanuatu, ha tomado después la palabra para señalar que acuden al tribunal porque “las normas nacionales no pueden remediar los daños causados” por los países que más emisiones de efecto invernadero emiten.

Vanuatu ha sido el que ha impulsado este caso ante el máximo tribunal de la ONU al presentar una petición de opinión consultiva que pretende que se delimiten las responsabilidades de los países ante la crisis climática. Aunque las llamadas opiniones consultivas de esta corte no son vinculantes, sí tienen una carga política importante. Y los impulsores de este caso esperan que puedan tener repercusiones en las cada vez más frecuentes causas judiciales que se abren en los tribunales nacionales por medio mundo vinculadas al cambio climático y sus efectos. Margaretha Wewerinke-Singh, asesora de Vanuatu en este proceso y miembro de la organización Blue Ocean Law, explicaba hace unos días en un encuentro con medios de comunicación internacionales que el objetivo es que el tribunal “aclare la legislación vigente”, no que se cree nueva legislación.

Wewerinke-Singh aseguró que, al haberse previsto la declaración de 110 países y entes —como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Países Exportadores de Petróleo— se trata del “caso más grande de la historia” en este tribunal de la ONU. Estados Unidos y China, los dos principales emisores de gases de efecto invernadero, también deberán declarar. “No estamos hablando de riesgos futuros ni de amenazas teóricas. Los territorios ya están desapareciendo, los medios de vida están siendo destruidos y los derechos humanos fundamentales están siendo violados”, señaló esta letrada al referirse a la importancia del caso.

La lucha internacional contra el cambio climático se rige en estos momentos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1992, y el Acuerdo de París, de 2015. Pero Wewerinke-Singh, al igual que muchos letrados especializados en temas medioambientales, considera que además existen otras obligaciones relacionadas con el calentamiento global derivadas de otros muchos tratados. “Existen obligaciones en virtud del derecho del mar, el derecho ambiental y los derechos humanos, que son igualmente pertinentes”, añade esta letrada.

De hecho, el empleo de los tribunales para forzar a los gobiernos a aplicar medidas más contundentes contra el cambio climático recibió en abril de este año un espaldarazo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó al Gobierno suizo por incumplir sus propios objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero. Entendían los magistrados que Suiza había contravenido así varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Alrededor de 2.000 mujeres se habían asociado para llevar a su Gobierno ante el tribunal porque afirmaban que su falta de acción les pone en riesgo de morir, por ejemplo, durante una ola de calor.

Ahora, Wewerinke-Singh espera que cuando se pronuncie el tribunal de La Haya, algo para lo que no hay fecha fija, proporcione “una base para la rendición de cuentas y la reparación de las comunidades y los pueblos que ya sufren pérdidas y daños”. Así lo recalca: “No se trata solo de compromisos futuros, sino de abordar las violaciones actuales y garantizar la justicia para aquellos cuyos derechos están siendo violados hoy”.

Vanuatu forma parte de Melanesia, el nombre colectivo para las islas del Pacífico que incluyen cuatro países independientes: Fiji, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. También Nueva Caledonia (territorio francés en ultramar). Con 13 millones de habitantes en conjunto, suponen en 0,16% de la población mundial. Y su contribución al cambio climático es residual, a pesar de que están en esa primera línea de los impactos. Esta república encabezó al grupo de unos 20 Estados que solicitó en 2023 a la Asamblea General de la ONU el envío al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU de esta petición para que aclare jurídicamente qué dice el derecho internacional sobre las obligaciones de las naciones respecto al cambio climático. Cynthia Houniuni, de las Islas Salomón y presidenta de la organización juvenil que lanzó la campaña para que este caso llegara hasta el TIJ, ha lamentado que “los Estados que más contaminan siguen promoviendo el uso de combustibles fósiles y su conducta no es consistente con el Acuerdo de París”.