La ley de PP y Vox en Andalucía que amplía las zonas de regadío en el entorno de Doñana pasa su último trámite

Siete meses después de su entrada en el registro del Parlamento de Andalucía, la proposición de ley de PP y Vox para ampliar regadíos en el entorno de Doñana ya está en el horno y lista para su aprobación por el pleno de la Cámara el próximo día 27, coincidiendo con el primer día de la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno andaluz, que se ha agazapado tras los grupos parlamentarios para evitar recabar informes técnicos que necesariamente tendría que haber pedido si la propuesta se hubiera tramitado como proyecto de ley, puede cantar victoria, aunque con poco recorrido. El Gobierno central en funciones va a recurrir la ley de manera “fulminante” al Tribunal Constitucional una vez que se publique por invasión de competencias.

La comisión de Fomento del Parlamento andaluz ha aprobado este martes el dictamen de la proposición de ley, con los mismos apoyos con los que entró: el voto de los 67 diputados que suman la mayoría absoluta del PP (53) y Vox (14), y el rechazo de los 37 de los grupos de izquierda (PSOE, Por Andalucía y grupo mixto-Adelante Andalucía). Salvo algunas correcciones de técnica legislativa, la iniciativa mantiene intacto su objetivo de un cambio de uso de suelo y calificar zonas de secano en agrícolas regables. La propuesta no precisa las hectáreas, pero el Gobierno señala que rondarán las 700. Esas hectáreas se quedaron fuera del llamado plan de la Fresa del Condado de Huelva, aprobado en 2014, que regularizó de una tacada unas 9.400 hectáreas.

Para esas 700 hectáreas no hay agua, salvo que sus propietarios la roben (o la sigan robando) del acuífero que nutre al Parque Nacional, uno de los principales humedales europeos, que se encuentra en un “insostenible punto crítico”, según han advertido los científicos de la Estación Biológica de Doñana CSIC. Esos cultivos se regarán con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, no con agua del acuífero de Doñana, que está “sobrexplotado”. Pero ese trasvase, de casi 20 hectómetros cúbicos, está ya comprometido para las zonas con derechos de agua. Y las obras del trasvase no están ejecutadas. Y esas tierras no tendrán agua, pero la ley va a subir su valor en el mercado.

La ley se paralizará de inmediato, según anunció el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán. En una entrevista a eldiario.es, publicada el pasado día 16, aseguró: “La presentación de un recurso ante el Constitucional será fulminante”. Los letrados del Parlamento aseguran que aunque las competencias de un Gobierno en funciones deben limitarse a despachar los asuntos ordinarios, sí cabe la presentación del recurso por razones de urgencia y de interés general si se acerca los tres meses de plazo del que dispone y no hay nuevo gobierno.

La fecha elegida por el PP para dar el sí definitivo coincidirá con el foco mediático puesto en el Congreso de los Diputados para la investidura de Feijóo, aunque todo lo que afecta a Doñana es seguido al segundo por la Comisión Europea, la Unesco, el Ejecutivo central y la comunidad científica, todas en contra de la ampliación de regadíos en el entorno del espacio natural.

El impulso de la norma coincide con la notificación a España por parte de la Unesco de que va a fijar los nuevos indicadores para determinar la consideración de Doñana como Patrimonio de la Humanidad. El organismo de la ONU reclamó al Gobierno un informe retrospectivo sobre la situación del Parque Nacional onubense en función de los criterios por los que en 1994 entró en la lista de bienes patrimonio, informa Eva Saiz.

Esos criterios son el VIII, el IX y el X (por los que se examinan los parajes o monumentos de carácter eminentemente medioambiental). El primero se centra en la particularidad única de las marismas, bosques, playas y lagunas; el segundo hace alusión a la formación de los distintos ecosistemas y sus particularidades, como la generación de trenes dunares muy dinámicos; el tercero alude a la gran diversidad de flora y fauna, en particular avifauna y enumera las especies y ejemplares amenazadas a nivel mundial. “Con la actualización de los criterios 20 años después, ahora la Unesco debe fijar los nuevos indicadores para determinar si siguen cumpliendo los requisitos para formar parte de la lista de patrimonio protegido”, explica Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Huelva.

El socialista Mario Jiménez ha aludido en el debate a la advertencia de la Unesco y ha pedido por enésima vez la retirada de la ley. “En Doñana no hay otro camino que el diálogo. Esta ley afecta a la credibilidad medioambiental de Andalucía y a la marca reputacional de la fresa porque ustedes por las bravas han impuesto su visión y desprecian la de los demás”, ha dicho. También ha acusado al PP de “engañar” a los agricultores de la zona: “Les han prometido agua y es mentira”.

La portavoz de Por Andalucía (la marca andaluza de Sumar), Inma Nieto, ha sentenciado que con esta ley “se da la puntilla” a Doñana. “Dan consideración de legales a suelos que han estado haciendo las cosas de manera ilegal. Le va a dar carta de naturaleza a agricultores que no han hecho las cosas bien y que han hecho competencia desleal a agricultores que han justificado cada litro de agua. Es perturbador”, ha subrayado.

La portavoz del grupo mixto-Adelante, Maribel Mora, ha considerado la propuesta una “aberración y una vergüenza porque legaliza tierras de secano a regadíos y amnistía a gente que está pinchando agua”.

El popular Manuel Andrés González ha reaccionado airado ante esta acusación. “No se va a amnistiar a ningún agricultor. Los que amnistían son otros. Mienten, no se ha prometido agua, sino resarcir un daño tremendo a cientos de familias producido por gobiernos del PSOE”.

Los grupos de izquierda no han participado en el trámite de enmiendas, porque consideran que la ley no tiene ningún arreglo y lo único que cabe es su retirada.

El portavoz de WWF, Juanjo Carmona, ha tachado de “irresponsable absoluto” al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y ha asegurado que “la ley de amnistía de los regantes ilegales certifica que las prácticas corruptas que se han llevado en Doñana se admitían y se hace un llamamiento a que se sigan produciendo”.

En paralelo a los últimos compases de la ley, el Gobierno andaluz sigue adelante con la compra de 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma, al sur de la reserva, por unos 70 millones de euros. El Ministerio de Hacienda ha autorizado la operación que se financiará en un 60% con fondos europeos y el resto con fondos propios de la Junta. Las piscifactorías de esta finca albergaron la mayor distribución de aves en Doñana, con 27.455 ejemplares el año pasado, el 34% del total, según el conteo de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, dado que no le afecta la falta de lluvias porque su inundación proviene del río.

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