La Corona Norte de Doñana: un avispero de votos, regadíos y agricultores enfrentados

El salón de socios de la Sociedad Unión Agraria de Bonares (Huelva, 6.093 habitantes) queda muy lejos de los pasillos del Parlamento Europeo. Sebastián Coronel, un agricultor jubilado de 87 años que lee la prensa sobre una mesa de madera, reconoce que se le escapa lo que trasciende más allá de su comarca sobre la controvertida ley de ampliación de regadíos impulsada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, pero tiene muy claras sus implicaciones locales. “Hace falta agua y la cosa está seria, pero hay que buscarla sin afectar a Doñana y habría que hacerlo dejando a un lado intereses políticos por sumar votos que lo que hacen es hervir los ánimos todavía más y dividir”. Bonares, junto con Almonte, Moguer, Rociana del Condado y Lucena del Puerto, son los cinco municipios que conforman la Corona Norte de Doñana de la que tanto se habla ahora en Bruselas, y a quienes afecta la recalificación de los terrenos que contempla la polémica proposición de ley.

Este veterano bonariego resume la percepción generalizada en este territorio de 65.000 habitantes censados y 650 kilómetros cuadrados. En primer plano se sitúa el malestar de muchos agricultores de la zona, que en 2014 vieron cómo sus parcelas quedaban excluidas de la denominación de terrenos agrícolas y de regadío en el Plan Especial de Ordenación de Recursos de la Corona Forestal de Doñana, también conocido como plan de la fresa. De fondo, la lucrativa industria de los frutos rojos, que la provincia de Huelva monopoliza con el 97% de la producción nacional, de la que el 80% se concentra en la Corona Norte, según las cifras de Freshuelva, la patronal del sector.

La pugna por el voto rural

PP y Vox trataron de capitalizar ese malestar en su estrategia por arrebatar el voto rural al PSOE, presentando en diciembre de 2021 una primera iniciativa legislativa similar a la actual y que decayó con el adelanto de las elecciones autonómicas, en las que el candidato popular, Juan Manuel Moreno, arrasó en las cinco localidades de la Corona Norte, donde los populares siempre habían sido minoritarios. En Moguer (22.643 habitantes), Bonares (6.060) y Rociana (7.866), el PSOE gobierna con mayoría absoluta; en Almonte (25.448), la alcaldía está en manos de la formación independiente Grupo Mesa de Convergencia con presencia de los socialistas; y en Lucena del Puerto (3.213) el alcalde es de Independientes por Lucena. Los populares buscan este 28-M consolidar ese ascenso en las municipales para lograr su objetivo soñado de hacerse con la Diputación de Huelva, un bastión socialista. También pretenden usar Doñana y el apoyo a sus agricultores como ejemplo en el resto de Andalucía para borrar a Vox de la pugna por el voto del campo y de paso sumar apoyos de los socialistas descontentos con Sánchez, según reconocen fuentes de la cúpula del partido en la comunidad. “¿Dónde está Vox en este debate?”, se preguntan.

“Aquí lo que se ha hecho es darle una patada a un avispero y cuando se hace eso, ocurre que te pican por todos lados”, explica Juan Antonio García, alcalde de Bonares y vicepresidente de la Diputación de Huelva. García no esconde la preocupación en el PSOE onubense por las consecuencias de la ley en las urnas a corto plazo: “El año pasado apenas hubo repercusión con la ley, pero ahora no hay ningún ciudadano que no sepa lo que está ocurriendo, que no haya escuchado a los científicos, a la Unesco, a la Comisión Europea… Ahora sabe quién puede haber estado engañando”, sostiene. Apelar a la falsedad que entraña la ley del PP, haciendo hincapié en que reconoce derechos de concesión de agua que solo puede otorgar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es la estrategia de los socialistas en la Corona Norte.

Aunque la ley presentada por el PP y Vox no especifica el número de hectáreas que podrían regularizarse ―la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado habla de 350 explotaciones y de entre 700 y 800 hectáreas y WWF las eleva a 1.900―, Lucena del Puerto es uno de los municipios de la Corona Norte que más se beneficiaría de la medida. Su alcalde, Manuel Mora, cifra la extensión en unas 334 hectáreas. “Habrá quienes puedan demostrar que estaban en la legalidad y regando, y quien no lo pueda demostrar y no podrá regularla. Es una cuestión de justicia. ¿Cree que los agricultores van a renunciar a tierras que llevan cultivándose 80 años?”, sostiene Mora, que no se presenta a la reelección.

“Nos han puesto a pelear entre todos”

En la pregunta del regidor de Lucena del Puerto se encierra otra de las consecuencias que ha provocado la iniciativa de regularizar regadíos: el enfrentamiento entre los agricultores de la comarca que creen que debe legalizarse su situación, recalificando los terrenos de secano en los que han estado cultivando, representados por la Plataforma de Regadíos del Condado; y los agricultores de Almonte y parte de Rociana, que se aglutinan en la asociación Puerta de Doñana, que rompieron con esa entidad en 2021, al considerarse perjudicados. Ellos son los únicos que riegan con agua del acuífero de Doñana y de los 20 hectómetros cúbicos de las aguas superficiales que deben venir del futuro trasvase de la cuenca Tinto, Odiel y Piedra, son los que ya tienen adjudicado el mayor volumen por parte de la CHG —de hecho, ya reciben siete hectómetros—, precisamente para dejar de utilizar los pozos subterráneos.

“Jurídicamente, creemos que el plan tiene poco recorrido, pero si prosperara, ellos tendrían el mismo derecho a recibir agua superficial. Nosotros llevamos 40 años cumpliendo las normas mientras que ellos han ampliado o regado sus explotaciones ilegalmente y ahora se les amnistía”, explica Manuel Delgado, el portavoz de Puerta de Doñana. “Nos han puesto a todos los agricultores a pelear entre nosotros. Si hay que regularizar, que se haga, pero buscando otros recursos hídricos y sin tratarnos a todos por igual”, abunda. “Moreno no pensaba que esto iba a tener tanta repercusión ni, sobre todo, que iba a tener tanta gente en contra. Se creía que hablando con la plataforma iba a tener a todos los agricultores unidos cuando no es así”, opina Delgado.

Los otros agricultores aludidos e impulsores de la ley, niegan la mayor. “A nosotros nos apoya Freshuelva, las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias… Lo que no nos esperábamos es la beligerancia del Gobierno socialista”, sostiene Julio Díaz, portavoz de la Plataforma. Este recuerda que la entidad se constituyó en 2012 para reivindicar la inversión en infraestructuras hídricas, pero también para “recuperar las tierras históricas de muchas familias que habían estado ahorrando durante décadas para comprarlas y que vieron que se quedaron fuera del plan de la Corona”. Díaz, en línea con el PP y la Junta, también critica al Gobierno central por no haber ejecutado en estos años las infraestructuras comprometidas para llevar el agua hasta Doñana.

Un distintivo de calidad dañado

De las 8.300 hectáreas reconocidas como regables en el plan de la fresa, 4.200 pertenecen a Almonte, todas regadas con agua de la cuenca del Guadalquivir. Su alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, recuerda que la ley del trasvase de 2018 se hizo para que el agua llegase al corazón de Doñana y puntualiza: “Esta norma es un despropósito que a nosotros y a nuestros agricultores nos está afectando muy negativamente porque todo este ruido está perjudicando a nuestros productos. Nadie sabe cuáles se riegan con agua legal y cuáles no y todo por arrancar un puñado de votos de los pueblos del condado”, señala. “Doñana es un distintivo de calidad de nuestros productos y estamos obligados por responsabilidad a mantenerlos”, abunda.

El daño reputacional también es otro efecto negativo que todos los implicados reconocen, aunque discrepan del origen.

Pese a las diferencias, todos coinciden en que la única forma de reconducir la situación es a través del diálogo entre la administración central, la regional y los gobiernos municipales implicados, recuperando los consensos que se alcanzaron en los distintos órganos consultivos de la provincia. Pero también reconocen que hasta que no termine este ciclo electoral no será factible. . “En Doñana hemos visto muchos planes, pero ninguno ha dado resultado y la situación va a peor”, recuerda el agricultor Sebastián Coronel, mientras pasa la página de su periódico.

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Videoanálisis: ¿Cómo va a ser la extracción de agua de Doñana que se va a regularizar?