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Los jornaleros de Huelva arrancan la campaña con un nuevo y polémico convenio colectivo

Los trabajadores denuncian que se sienten desprotegidos ante la división sindical. CC OO defiende el acuerdo y UGT se desvincula al considerar que se recortan los pocos derechos existentes

Jornaleros de la fresa en un invernadero de Palos de la Frontera, en Huelva.
Jornaleros de la fresa en un invernadero de Palos de la Frontera, en Huelva.PACO PUENTES
Eva Saiz

Los convenios colectivos que regulan el sector agrícola de Huelva nunca han estado exentos de polémica. El último, de 2018 y que había decaído en 2021, solo fue suscrito por la patronal, representada exclusivamente por Asaja, y CC OO, después de que UGT decidiera desvincularse. El preacuerdo sobre el texto que establecerá el marco normativo entre empresarios y trabajadores para los próximos tres años ha contado de nuevo con el rechazo frontal de esta organización sindical, que ha denunciado que “supone un retroceso en los derechos” de los jornaleros del campo. CC OO, el sindicato con la representación mayoritaria del sector, lo defiende como “positivo e innovador” y destaca que, ante todo, es “realista” porque permitirá garantizar su efectivo cumplimiento. Mientras se ultiman los detalles para presentar el nuevo convenio que regirá sobre unas 70.000 personas y se prevé que se firme la próxima semana, los trabajadores, sus verdaderos destinatarios, denuncian la sensación de desamparo y abandono que los acompaña cada campaña al no sentirse ni representados ni defendidos por las organizaciones sindicales.

“Nos sentimos desprotegidísimos y engañados por los sindicatos”, afirma Raquel Álvarez, de 43 años, nacida en Madrid, pero afincada en Aljaraque (Huelva) desde hace dos décadas y que lleva seis campañas recogiendo fresa y frutos rojos bajo los invernaderos. “Los empresarios sostienen que esto solo ocurre en algunas fincas, pero la realidad es que si un día no vas a trabajar, no cobras; si a las tres horas te mandan a casa porque llueve, tampoco cobras el resto. Y esos derechos no vemos que nos los garanticen los sindicatos”, abunda. Una opinión que secunda D. B. —que pide aparecer solo por sus iniciales― jornalero de Escacena (Huelva), que tiene 37 y empezó en los lomos con 16. “Nunca he visto un delegado sindical en el tajo. Nuestra situación en el campo es difícil, por no decir indigna, y no nos vemos representados por nadie”, sostiene.

El texto del preacuerdo que la semana que viene deberá firmarse no ha trascendido, pero tanto CC OO como UGT han abordado con este diario los puntos más polémicos. “Este no es un mal convenio, no hemos firmado un convenio a la baja, sino un convenio realista que va a garantizar que podamos exigir a los empresarios su cumplimiento”, advierte como premisa Mónica Vega, responsable del sector agrícola de CC OO en Andalucía. Vega destaca que se ha recogido el reconocimiento de la figura del trabajador fijo discontinuo, que “pese a entrar en vigor el año pasado con la reforma laboral, en Huelva, no se aplicaba por no estar reconocida en el convenio”. Desde UGT, Luciano Gómez, responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la organización en Huelva, niega la mayor. “El convenio se ha cumplido y no puede alegarse eso para reconocer todo lo que piden los empresarios”, opina.

Principales puntos

Desde CC OO también se hace hincapié en que las tablas salariales garantizan el cumplimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) y su aplicación de manera retroactiva a 2021, “por lo que los trabajadores podrán cobrar los atrasos desde entonces y el incremento en el SMI que no hubieran cobrado en ese tiempo”, subraya Vega. UGT, advierte, sin embargo, de que ese blindaje sueldo base es ficticio porque, sostienen, se parten de las tablas salariales del año anterior, donde no se tenían en cuenta los nuevos aumentos: “El incremento será absorbido y compensado por esa subida”, señala Gómez, quien recuerda, además, que gracias a las denuncias interpuestas por su sindicato, el TSJA falló a favor de que esas tablas se actualizaran de acuerdo con el incremento del SMI ante la oposición de cuatro empresas, fijando esa cantidad para los trabajadores eventuales que prestan servicios para un empleador menos de 120 días al año en 48,55 euros al día.

Con todo, los puntos que mayor oposición suscitan en UGT son la reducción de 30 a 15 minutos del tiempo de descanso para comer el bocadillo —que además correrían a cuenta del trabajador―; o el cambio en el cómputo de la llamada “indemnización de camino”, un plus salarial que cobraban los jornaleros a partir de los dos kilómetros de distancia entre el lugar de trabajo y el de pernoctación y que en el preacuerdo se fija a partir de los seis kilómetros desde el núcleo urbano más cercano. “Esta indefinición hace que en la práctica el gasto en gasolina del trabajador que ponga el coche se haga imposible de cobrar”, señala Gómez. Una argumentación que rebate Vega sosteniendo que lo que hace el nuevo convenio es clarificar la medida y evitar que el empresario la incumpla: “Hasta ahora argumentaban que ellos ofrecían lugares para que el trabajador pernoctara, pero se desentendían si este decidía dormir en otro sitio, ahora es imposible que puedan negarse al pago porque el GPS determina dónde están los seis kilómetros de distancia”.

La reducción del incremento de la cuantía de la primera hora extraordinaria trabajada del 75% al 25% —lo que supone cuatro euros diarios menos― también es otro punto de disenso. “Las horas extraordinarias tampoco es que se cobren habitualmente, pero no podemos entender un abaratamiento tan radical por el tiempo de trabajo sin que, al menos, se establezcan otras medias de compensación”, argumenta Gómez. “Hay un retroceso en los pocos derechos que se reconocían a los trabajadores”, añade. Desde CC OO vuelve a apelarse al pragmatismo, al entender que esa rebaja sí permitirá al empresario poder abonar de manera efectiva las horas extra y destacan, además, el refuerzo de la comisión paritaria que, a diferencia de las que se recogen en el resto de convenios que tienen la función de vigilar y controlar que se cumplen, “tiene la capacidad de poder denunciar a la inspección de trabajo el incumplimiento, sin importar que el trabajador esté afiliado o no”, indica Vega. UGT es escéptico sobre la eficacia práctica de ese organismo, “donde la patronal está representada al 50% y puede impedir su funcionamiento, como lo ha hecho hasta ahora”, indica Gómez.

“Recoger en un convenio lo que ya está reconocido por la ley no se puede considerar una mejora de nuestras condiciones y no entendemos que se justifique el acuerdo en que el anterior convenio no se cumplía, cuando su obligación debería ser velar porque se hiciera efectivo”, señala Ana Pinto, fundadora del sindicato Jornaleras de Huelva en Lucha que, hace dos años consiguió arrancar el compromiso de CC OO y UGT de crear una plataforma para poder trasladar las reivindicaciones de los trabajadores de la fresa y que, finalmente no fructificó. Su organización está canalizando la mayoría de las escasas denuncias por despidos improcedentes o por reclamos de cantidad que se atreven a poner los temporeros, además de denunciar los abusos entre el colectivo inmigrante.

Un jornalero muestra las fotos que ha recogido en un campo de Lepe (Huelva).
Un jornalero muestra las fotos que ha recogido en un campo de Lepe (Huelva).Anadolu Agency (Anadolu Agency via Getty Images)

“En Huelva falta la lucha obrera”

Vega, por su parte, insiste en la vía pragmática. “Lo que hemos hecho es ofrecer un marco normativo para las relaciones laborales del trabajador, un marco claro por encima de demagogias”, señala. “Seamos realistas, en Huelva falta la lucha obrera, las cosas se pueden defender con la razón de la fuerza o con la fuerza de la razón, pero si la patronal sabe que no podemos echarnos a la calle, hasta allí llega la demagogia. Este no es un mal convenio, es un convenio que se puede cumplir”, zanja.

“No nos movemos para poner en su sitio al empresario porque muchos se ven obligados a agachar la cabeza porque necesitan trabajo “, reconoce D. B. “Aquí nos conocemos todos y si te quejas te amenazan con no trabajar no solo en tu empresa, sino en otras”, abunda Álvarez. “Este trabajo es muy cansado, sabemos que se concentra en pocos meses y que se necesita intensidad porque si no la fresa se echa a perder, y entendemos que hay que hacer horas extras, pero se tiene que garantizar su cobro y el descanso mínimo de un día y un trato más digno, esos son los derechos que deberían blindar y cuyo cumplimiento deberían defender. Iríamos más contentos a trabajar y eso redunda en beneficio del empresario también”, incide la jornalera.

Ambos apuntan a varias de las razones sociales que explican que la tradición sindical no esté tan arraigada como en otras zonas andaluzas, como el sector de la vid en Cádiz, según señala el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón. “Hay un acumulado de causas, por un lado, la población inmigrante que trabaja en el campo, que es muy importante, y tiene una capacidad más reducida de pedir el cumplimiento de la legalidad y que, en muchos casos, además está en situación irregular; los lugares de trabajo están muy dispersos y eso dificulta que llegue la inspección de trabajo y la rotación tan grande de personas trabajando que, además lo hacen en un período de tiempo muy corto tampoco favorece las denuncias”, señala.

Asaja y CC OO se han emplazado a una última reunión entre el 16 y el 20 de este mes, a la que también está invitada UGT, para firmar el nuevo convenio. Su marco normativo es el que regirá el trabajo de unas 70.000 personas, entre ellas Álvarez, cuando en los próximos meses regrese a los invernaderos. D. B. ha decidido cambiar de sector. “Voy a trabajar en las vías del tren. Allí el convenio se cumple”, señala.

Los empresarios de la fresa reclaman presencia en las negociaciones

No solo son las agrupaciones sindicales como Jornaleras de Huelva en Lucha las que reclaman que sus reivindicaciones se tengan en cuenta a la hora de negociar el convenio colectivo del campo. Los empresarios de la fresa, el principal sector en la provincia, que representa el 96,8% del valor de la producción hortícola onubense y casi el 90% de la valoración de los frutales no cítricos, de acuerdo con los datos del informe El sector agrario en Andalucía 2021, de Analistas Económicos, vienen demandando desde hace unos años estar presentes en la mesa de negociación junto con Asaja. “A nosotros nos tienen excluidos y no podemos opinar sobre nada”, indica Manuel Piedra, secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de UPA Andalucía, y secretario general de UPA Huelva, que señala que llevan años pidiendo entrar en la delegación de Empleo. También lo ha hecho, sin éxito, Freshuelva, la asociación sectorial de los productores y comercializadores de fresas de Huelva que representa al 95% de la producción del sector. 

Los frutos rojos se han convertido en el oro carmesí de la economía onubense. La provincia produce el 97% de los cultivos de fresa, frambuesa y arándanos de toda España y es el principal exportador mundial, según los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta campaña se pretende cultiva el mismo número de hectáreas que en la pasada, 11.802 hectáreas -un 0,53% más que en la 21/22-, según las cifras publicadas por Freshuelva y dar empleo a una cifra similar de trabajadores, unos 100.000, tal y como señala Piedra, de los que el 52% españoles, 20% comunitarios y 28% no comunitarios, de acuerdo con los porcentajes ofrecidos por Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza. 

Este año se mantiene el programa Gecco de contrataciones en origen para las temporeras marroquíes, 1500 en total, cuyo primer contingente llegó a la provincia el pasado 9 de enero, y se ha repetido la experiencia latinoamericana de la campaña pasada con Ecuador -menos de 200- y Honduras -medio millar-. Como es habitual, las ofertas de empleo que publica el Servicio Andaluz de Empleo cada mes de septiembre apenas tienen demanda, porque los trabajadores españoles encadenan el trabajo en la hostelería con la fresa y esperan a que los llame el empresario para el que suelen trabajar. Con todo, la dureza de las condiciones es cada vez más disuasoria, como reconoce Piedra, que indica que de las 11.000 plazas ofertadas solo se han cubierto 200.

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Sobre la firma

Eva Saiz
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.

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