El agridulce estreno en la fresa de Huelva de los jornaleros de Ecuador y Honduras

Norma Yucailla no para de grabar con su móvil todo lo que acontece en la plaza del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva, 12.000 habitantes). El pleno del consistorio posa sobre una alfombra roja mientras la banda municipal entona una serie de marchas. Es el arranque de una feria de la localidad que conmemora el regreso a su puerto el 15 de marzo de 1493 de dos -La Niña y la Pinta- de las tres carabelas con las que Cristóbal Colón partió de ese mismo lugar en su primer viaje a América. Precisamente de ese continente, y en concreto de Ecuador, llegó Yucailla y otros 32 compatriotas para trabajar en su primera campaña de la fresa en la provincia onubense. Ella forma parte del contingente de medio millar de ciudadanos ecuatorianos y hondureños (250 de cada país) que participan en la prueba piloto del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco) que el Gobierno de España ha firmado con esos Estados y que se suma al que ya existe con Marruecos desde 2000, de donde este año provienen 12.700 temporeras.

Además de Yucailla, de 32 años, en los soportales de la plaza siguen atentos al festejo otros cinco compatriotas: Alexandra Sevilla, de 27 años, Bertha Yupa, de 33, Pedro Alta, de 28, y los hermanos David y Anderson Tuqueret, de 27 y 22, respectivamente. Todos se conocieron en el avión que el pasado 15 de marzo partió de Quito rumbo al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Dos días después deshacían sus maletas en Huelva en las distintas casas que comparten en grupos de seis personas casi a pie de los invernaderos. Salvo Yucailla, ninguno había recogido antes frutos rojos, un trabajo duro y monótono que los sorprendió al principio, pero al que, casi un mes después, dicen haberse acostumbrado.

Todos han quedado para hablar con EL PAÍS poco después de terminar su jornada de trabajo, que este viernes ha sido más corta —cuatro horas en lugar de las seis y media que están estipuladas en el convenio colectivo del campo onubense, el peor remunerado de España y que actualmente se está renegociando, por el que se rige también el acuerdo Gecco―. Sus rostros no delatan el cansancio acumulado a lo largo de toda la semana, que para ellos no termina el viernes, ya que, salvo que lo determine el dueño de la plantación, volverán a los lomos de fresas el sábado y el domingo —un día laborable de acuerdo con el actual convenio para los contratos de temporada—. Lo que asoman, en cambio, son sonrisas cuando se les pregunta cómo están viviendo sus primeros días en Huelva.

“Todo es nuevo. En el trabajo hay varias nacionalidades y en poco tiempo nos contaron cómo teníamos que recoger la fruta y montar las barquillas”, cuenta Sevilla, cuyo desparpajo e iniciativa la han erigido en una de las interlocutoras entre sus compatriotas y los responsables de los invernaderos para tratar los problemas del día a día. Una de las principales preocupaciones antes de llegar a Huelva era la seguridad. “Había mucho miedo por si los contratos eran una tapadera para la trata de mujeres”, explica. Para Ata, otro de sus principales temores era el racismo. “Me había llegado que la gente en España era racista con los sudamericanos de origen indígena, pero nadie me ha mirado mal. En el trabajo, los que son de Mali se han interesado por mi pelo largo”, comenta sonriente.

Los seis, como el resto de sus 244 compatriotas, pertenecen a comunidades indígenas de zonas rurales de la sierra andina ecuatoriana con pocas oportunidades y que sufrieron con mayor virulencia la crisis económica impuesta por la pandemia. “Trabajaba de costurera y de la noche a la mañana me echaron”, explica Yupa, madre de dos niños de 16 y seis años, este último con una enfermedad hepática. Para ellos trabajar por 51,09 euros al día —la actualización de las tablas al SMI, de lo que hay que descontar la cesta de la compra, el abono de luz y agua, el coste de lo que llaman carrera (el viaje a la ciudad, por el que le cobran un euro, aunque hay empresas que sí asumen esos gastos) y uno de los dos billetes en avión (el otro lo pagan los empresarios)― supone “más del doble”, de lo que ganarían en su país natal.

“La situación económica en Ecuador está muy mal”, coinciden todos. Ata estudió Turismo, pero con la pandemia tuvo que buscar empleo en el campo. A Sevilla le compensa más estar seis horas en cuclillas cogiendo fresa que cuidar de niños, su último trabajo en su país por el que cobraba 65 dólares (59,11 euros) a la semana. De los cinco hermanos Tuqueret, David, Anderson y una hermana abandonaron los campos de Imbabura —donde no cobraban las horas extra, cuentan― y decidieron cruzar el Atlántico para ayudar a su familia.

Sus duras coyunturas socioeconómicas y personales les espolean para buscar trabajo fuera, aunque sean considerados mano de obra barata en su lugar de destino, pero también operan como una sólida atadura que los anuda a su familia y les disuade de la tentación de quedarse en España en busca de un futuro mejor. Una ligazón que explotan los programas de contratación en origen de todos los países con industrias agrícolas desarrolladas y de la que, en los más de 20 años que lleva funcionando la orden Gecco en España, por las condiciones específicas de la temporalidad en el campo, se ha beneficiado casi exclusivamente la provincia de Huelva. “Los empresarios piden al programa Gecco que se activen al máximo las condiciones para que la mano de obra sea dócil. La diferencia de salarios en sus países de origen hace que las condiciones para los trabajadores sean muy buenas, lo que les da a los empleadores un empoderamiento brutal”, explica Yoan Molinero, investigador y profesor en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas.

Pero hay excepciones. Ana Pinto, fundadora del sindicato Jornaleras del Campo, explica a este diario que algunos temporeros hondureños ya han denunciado que están cobrando menos de lo estipulado. “A unos les pagan 42 euros el día, a otros 44, cantidades que no son las estipuladas en las tablas salariales del convenio actualizadas a la subida del SMI”, señala. Pinto tiene constancia de que varios hondureños han regresado a su país porque las condiciones no son las que les habían prometido.

Mejorar la contratación en origen

El primer contingente de temporeros americano llegó a primeros de enero. Con el avión del 15 de febrero se completaba el cupo total. Aunque Yucailla y sus compatriotas tienen visado hasta noviembre, saben que deberán regresar en julio, cuando termine la campaña de la fresa, aunque el objetivo final de este programa piloto es poder, en un futuro, concatenar campañas en otros sectores. Todos preferirían quedarse más tiempo, pero son conscientes, porque se lo repitieron como un mantra en las entrevistas de selección en Ecuador el noviembre pasado y porque es la condición más determinante de los programas de contratación en origen, de que deben regresar a su país si es que quieren volver a ser contratados el año que viene.

Esa obligatoriedad ha hecho que el proceso de contratación onubense haya privilegiado la incorporación de un perfil muy concreto de jornalera y que casi se replica en el caso americano: mujeres de entre 18 y 40 años, residentes en el mundo rural y acostumbrada al trabajo agrícola, que estén casadas, viudas o divorciadas y con hijos menores a su cargo. “En este tiempo se ha querido defender el discurso del codesarrollo de mujeres de países y regiones que viven en un nivel de exclusión elevado y a las que gracias a estos programas se les ayuda a llevar una nueva vida, pero lo cierto es que sus ingresos son de supervivencia”, subraya Molinero. “Uno de los cambios en el programa Gecco debería pasar por ofrecer instrucción a las mujeres”, defiende. Precisamente, Yucailla está descubriendo formas nuevas de trabajar y recolectar la fresa que cree que podría aplicar en Ecuador. Su empleador en España, reconoce, le explica cosas, aunque no con mucho detenimiento.

Desde que la orden Gecco entrara en vigor en junio de 1999, Marruecos ha sido el país con el que se han firmado más acuerdos de contratación en origen. La dependencia del país vecino ha puesto en jaque las últimas campañas por la pandemia y la crisis migratoria, que condicionó la llegada y el regreso de las temporeras, las únicas ciudadanas marroquíes que, por otra parte, han cruzado el Estrecho en estos dos años de cierre de fronteras. Estas circunstancias aceleraron la firma del acuerdo con Ecuador y Honduras.

En la plaza de Palos, uno de sus empleadores señala avergonzado a los temporeros ecuatorianos el polémico frontal del Ayuntamiento, realizado hace un par de años, donde unos aborígenes se arrodillan ante Cristóbal Colón y un sacerdote. Los trabajadores cambian el rictus. Todos aseguran a EL PAÍS que, si tienen la oportunidad, regresarán el año que viene. Para ellos, todavía pesa más la seguridad de un salario y las experiencias que están viviendo —Yupa jamás había visto el mar hasta hace unos días―, que la dureza y de las condiciones laborales.