El voto en vilo del campo andaluz

En el grupo de WhatsApp que comparten muchos agricultores de la comarca del Aljarafe sevillano y de Utrera hace meses que sus miembros solo intercambian mensajes con quejas: los bajos precios de sus productos —aceituna de mesa, pero también fruta y cereal—; el coste de producción agravado por el encarecimiento de los carburantes, los productos fitosanitarios y las complicaciones para contratar mano de obra por la reforma laboral; la competencia con terceros países; la falta de relevo generacional y la sequía. El culpable siempre es el mismo: la clase política en general. “Muchas gracias, políticos, por defendernos de esta manera tan extraordinaria”, termina con ironía el vídeo de uno de ellos, en el que se ven decenas de tomates tirados en el suelo al pie de la mata.

El malestar que se aprecia en ese chat es una muestra a escala del que se percibe en buena parte del sector agrícola andaluz, con un enorme impacto no solo en la economía de la comunidad —supone el 11% del PIB y genera el 10% del empleo― sino en la española, donde acapara el 34% del peso total del sector agropecuario. La mitad de la superficie de Andalucía es agrícola y el 50% de sus municipios vive casi exclusivamente del campo, de donde proviene el 30% de los votos, según datos del Observatorio Económico Andaluz. Los partidos que concurren a las elecciones del 19-J no son ajenos al enfado en el mundo rural —cada vez más distanciado del urbano en todos los ámbitos― y saben que su apoyo puede ser determinante.

El mundo rural fue tradicionalmente un fortín del PSOE, que gobierna en el 65% de los municipios andaluces, pero el PP y sobre todo Vox —que ya fue la fuerza de derecha más votada en las generales de 2019 en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla― buscan conquistar ese feudo aprovechando las grietas que ha abierto el descontento de agricultores y cazadores. “Me niego a dejarle el campo a la extrema derecha”, sostuvo el candidato socialista Juan Espadas en plena polémica por la propuesta de ley para regularizar 1.400 hectáreas de regadío en Doñana, presentada por PP, Cs y Vox y en la que el PSOE, que rige la mayoría de los ayuntamientos onubenses, se abstuvo (distanciándose del rechazo frontal del Gobierno central). Esa iniciativa es uno de los ejemplos claros del envite de la derecha para cosechar apoyos en terreno socialista, un trasvase que ya han evidenciado varias encuestas.

“No estamos detectando esa fuga del votante socialista del mundo rural a Vox”, replica Gerardo Sánchez, vocal socialista de la comisión de agricultura del Parlamento andaluz. Sánchez reconoce, no obstante, que en el partido “no se es ajeno a la incidencia de la entrada de Vox” en aquellos lugares en los que se vive del campo. “Nuestra fortaleza en el mundo rural viene de muchos años, son nuestros alcaldes”, abunda. En el PP, la percepción es distinta: auguran un vuelco en la tendencia del voto en los municipios de 3.000 a 5.000 habitantes. “El cambio social es evidente en el mundo rural”, indica José Ramón Carmona, vocal del PP en la misma comisión. Pero los populares tampoco perciben que Vox vaya a cumplir con las expectativas demoscópicas. La estrategia para capitalizar ese voto es patearse esos municipios vendiendo la gestión realizada desde la Junta. “El mundo rural en Andalucía es más conservador y tradicionalmente tira hacia quien está gobernando”, señala Carmona.

Los partidos deberán emplearse a fondo. En el chat de agricultores del Aljarafe y Utrera, por encima del malestar por la situación del campo, lo que prima es la desconfianza ante la clase política, sea del partido que sea. “Llevo trabajando en el campo desde los 12 años y no conozco a ningún gobierno que haya apoyado a los agricultores. No creo en ningún partido”, explica Manuel Fraile, de 57 años, que, junto con su hermano, trabaja 35 hectáreas de olivar y 40 de secano en Olivares (Sevilla, 9.452 habitantes). “Llevo toda mi vida trabajando para ahorrar dos duros y cuando me jubile tendré que vender mis tierras o alquilarlas porque mi hijo no quiere saber nada del campo, normal”, se queja, poniendo de relieve el envejecimiento del sector —donde el 70% de los trabajadores sobrepasa los 50 años— y la falta de relevo generacional.

Gabriel Ibáñez, de 53 años, también es de Olivares y también opina en el chat. Él se considera conservador, pero es realista. “Esto no se arregla en dos días. Para hacer políticas efectivas tienen que conocer el problema desde abajo y no veo a nadie que se acerque a estar con nosotros”, sostiene. En el grupo hay compañeros que votan al PSOE, al PP o a IU. Ibáñez reconoce que todos comparten problemas y no aprecia cambios radicales de postura política entre ellos.

Fractura entre el mundo rural y el urbano

En el PSOE preocupa la fractura entre el mundo urbano y el rural, una escisión por la que Vox ha colado su guerra cultural y de la que Cristóbal Corral, alcalde de Teba (Málaga, 3.727 habitantes), donde IU gobierna con mayoría, lleva advirtiendo desde la pasada legislatura. “La ausencia de una propuesta de futuro en el mundo rural por parte de la izquierda ha abierto un nicho a la extrema derecha que ha dibujado un presente y un futuro pensando en el pasado: en la agricultura y la caza, como si esos fueran los principales problemas de los jóvenes que viven en los pueblos, cuando lo que interesa es que lleguen carreteras, el acceso a la vivienda... Vox centra el debate en dos conversaciones para las que no aporta soluciones, cuando en Teba, de 100 conversaciones, solo una es de la caza”, explica.

“La izquierda no ha sabido encajar la caza”, reconoce Juan Antonio Gil, de 32 años, cazador y concejal de IU de Obras Públicas, Aguas, Infraestructuras y Caminos, Industria, Agricultura y Ganadería en Teba. “Hay mucha desinformación y estamos haciendo pedagogía. Ni los cazadores somos demonios ni la ley de bienestar animal es el final de la caza”, asegura.

Corral en el ámbito autonómico y Gil en el local tratan de hacer pedagogía contra el discurso azuzado por Vox, y que apoya cierto sector del PP, de que la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030 o las políticas consensuadas con Europa —sobre todo en materia de control sanitario y ahora la PAC— son una clara amenaza a la viabilidad del sector. “Hemos abandonado el discurso de que la tierra es para quien la trabaja, pero luego Vox es quien vota en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar un precio justo a los agricultores por sus productos”, recuerda Gil.

El mensaje oportunista de Vox y el PP a cuenta de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el consumo de carne o las macrogranjas también ha penetrado entre los ganaderos. “Ese populismo ha calado, pero sobre todo entre los más jóvenes que no tienen cultura política ni democrática. Los más veteranos, que somos la mayoría, no creo que vayamos a cambiar nuestro voto”, explica Pepe Puntas, que tiene 550 cabezas de cordero segureño en Huéscar (Granada) y es el presidente de la cooperativa Cosegur. “El bienestar animal nos preocupa a quienes nos dedicamos a la ganadería extensiva, el problema es que nos meten a todos en el mismo saco y los mercados no entienden”, abunda, volviendo a incidir en la brecha entre el campo y la ciudad. Puntas advierte: “Las políticas agrarias se deciden en Europa o en las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. Me parece mentira que algunos vayan a votar a quienes no creen en ninguna de las dos”.