La Junta de Andalucía alega ante Bruselas que la ley de ampliación de regadíos no afecta al acuífero de Doñana

La Junta de Andalucía ha trasladado a la Comisión Europea sus argumentos en defensa de la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana, impulsada por PP y Vox, en respuesta a las advertencias que lanzó Bruselas sobre el posible incumplimiento de la ley medioambiental de la UE. El razonamiento de la Junta está incluido en la carta que el Gobierno de España, único interlocutor con Bruselas, ha enviado a las autoridades comunitarias para explicar la situación. El Gobierno andaluz se ampara en que el texto de la norma no es definitivo y que está sujeto a las modificaciones que realicen las enmiendas del resto de grupos parlamentarios autonómicos, por lo que “la mera tramitación de esta proposición de ley no implica de manera directa e indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia, puesto que, en estos momentos, se desconoce el resultado final del texto”. También insiste en que la redacción actual “deja claro que el acuífero ni se toca ni se afecta”.

En el documento, firmado por el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, en respuesta al escrito remitido por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, se precisa también que la iniciativa de ampliar los regadíos no es de la Junta de Andalucía, sino del Parlamento andaluz. No obstante, los argumentos esgrimidos en esta misiva son los mismos que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, trasladó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en otra carta que le remitió el pasado 12 de abril, el mismo día en que se daba luz verde a la tramitación de la ley. “La proposición de ley no afecta a un solo centímetro cuadrado de todo el Espacio Natural de Doñana, ni parque nacional ni natural, sino que se encuentra al norte de la Corona Forestal de Doñana”, señala el dirigente popular.

Desde el PP se insiste en que los municipios afectados por la disposición están a “30 kilómetros” del parque, pero buena parte de su abastecimiento proviene de las aguas subterráneas del acuífero de Doñana. Ni en la carta remitida por la Junta a la Comisión Europea, ni en la que Moreno trasladó al Gobierno central, se alude a los informes contrarios a la medida emitidos por los científicos de la Estación Biológica de Doñana CSIC, que alertaron de que la norma genera “falsas expectativas”, la Unesco o los letrados del Parlamento andaluz, que cuestionan que la modificación del Plan Especial de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva, aprobado por decreto en 2014 —que es lo que pretende la nueva iniciativa legislativa―, se tramite a través de una proposición de ley.

Tanto en la misiva remitida a Bruselas como en la enviada por Moreno a la vicepresidenta tercera, se alude al Plan Especial de Ordenación de zonas de regadío ubicadas en la Corona Forestal de Doñana de 2014 —que afecta a los municipios de Almonte, Rociana, Bonares, Moguer y Lucena― y que incluye, entre las medidas, eliminar los invernaderos ilegales que esquilman el acuífero de Doñana. Este plan, que debe ejecutar la Junta, es el que ahora se pretende modificar a través de la proposición de ley. Tanto el Gobierno andaluz como su presidente aluden también en sus respectivas cartas al incumplimiento de la ley 10/2018 que establece la transferencia de agua desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir para sustituir las aguas subterráneas por las superficiales.

La administración regional acusa al Ejecutivo central de no haber ejecutado esas infraestructuras que son en las que se apoya la proposición de ley para abastecer de nueva agua a las nuevas zonas que se declaren como regadío. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ya tiene adjudicada buena parte de ese nuevo caudal a agricultores de Almonte y Rociana, sin embargo, ya ha advertido de que no va a dar más títulos de agua mientras continúe la sequía extrema. El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía azul, Ramón Fernández-Pacheco —que el 3 de mayo se reunirá en Bruselas con miembros del gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente para explicarles el plan de ampliación de regadíos―, reconoció que, si no se hacían esas infraestructuras, no habría agua para nadie.

La Junta hace hincapié en su carta en la necesidad de constituir comisiones técnicas bilaterales con el ministerio para “trabajar conjuntamente para acabar con las amenazas actuales de Doñana”, mientras que en su escrito, Moreno insta a Ribera a acordar “una delegación conjunta para ir a explicar en detalle el objeto de esta proposición de ley a la Comisión, así como establecer en detalle las medidas que vamos a llevar a cabo ambas administraciones para el cumplimiento de la sentencia”.

Los regantes: “Nos llaman piratas”

“Nos llaman terroristas ambientales, piratas, ladrones de agua (…) los términos hacen daño y apelamos a todos a que bajen el diapasón”. Los regantes que apoyan la ley del PP y Vox para aumentar los suelos regables junto a Doñana han pedido este viernes que cesen ciertos ataques porque consideran que no les retratan. En la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva hay agricultores con regadíos ilegales, pero su portavoz rechaza aclarar cuántos de sus 1.500 asociados carece de derechos de agua y roban desde hace años las reservas subterráneas que dañan el maltrecho acuífero de la reserva. “Es una situación muy heterogénea”, se ha excusado su portavoz, Julio Díaz, para eludir dar la cifra.

Los regantes que apoyan la proposición de ley de la derecha andaluza buscan tumbar el plan de la fresa vigente, aprobado por la Junta en 2014, pero este viernes han reconocido su robustez jurídica: de los 500 recursos contencioso-administrativo que han presentado en los tribunales contra dicho plan, ninguno ha prosperado y los jueces han estimado que el proceso para instaurarlo no tiene fisuras, según ha admitido su asesor jurídico, Javier Domínguez. El Gobierno andaluz (PP) defiende que la mejor manera de sustituir ahora el plan que ordena los cultivos ilegales y legales es alterarlo mediante una ley, que puede prescindir de los informes científicos y técnicos necesarios si fuera una iniciativa de la Consejería de Sostenibilidad. Y la norma “se gesta y diseña” con los regantes, según sus palabras.

A pesar de la firmeza jurídica demostrada, los agricultores han cargado esta mañana contra el plan de 2014, vigente de momento: “No hubo un amplio consenso y las más de 3.000 alegaciones por disconformidad no se respondieron, es mentira lo que ha dicho en el Parlamento Miguel Delibes [presidente del Consejo de Participación de Doñana]. Además, hubo protestas de los agricultores”, ha incidido Díaz. A la pregunta de si la plataforma veía con buenos ojos algún mecanismo para que la ley discriminara entre los agricultores que han robado agua a mansalva y otros que dejaron sus fincas en secano y trasladaron su producción al Oeste onubense, el portavoz ha rechazado dicha opción.

Los agricultores que defienden la ley de la derecha andaluza se sienten víctimas de las Administraciones, y este viernes han explicado que aquellos en su colectivo multados por la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ven la nueva ley como “un bálsamo” ante el calvario de sanciones que sufren. Díaz sostiene que la Junta impone entre 10 y 15 multas diarias a los freseros con irregularidades en la ordenación del territorio. Es decir, que por ejemplo poseen un terreno calificado como secano, pero que tiene invernaderos con lucrativos beneficios por la cosecha de frutos rojos. La cifra de más de 3.000 multas al año es difícil de sostener dadas las carencias de inspectores que sufre la Junta en Huelva, pero la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha rechazado aclarar el número diario de sanciones que impone en la comarca onubense próxima a Doñana.

Díaz ha echado balones fuera sobre si estos agricultores multados deben ser considerados ilegales por la opinión pública, ya que sus sanciones son recurridas en los tribunales cuando los agricultores se niegan a pagarlas y alargan el proceso hasta siete años hasta que la justicia logra ejecutar una sentencia y cierra un pozo ilegal. El problema es que abrir otro sale muy barato y al regante le compensa de sobra. “Los Ayuntamientos [dueños de terrenos arrendados por agricultores incumplidores] están recibiendo multas. ¿Son los Ayuntamientos unos piratas?”, ha interrogado Díaz.

Los agricultores consideran que el plan de la fresa de 2014 fue “una injusticia social” y “un erro masivo” que hizo daño a muchas familias “y se puede corregir ahora”. “Solo pedimos que lleve el agua superficial y Doñana se preserve. Somos víctimas de un error y pedimos solución, aunque sabemos que muchas tierras se quedarán fuera. Cuando se apruebe la ley, tendremos un papelito que dice que el suelo es de regadío y tendremos que esperar”, ha relatado el agricultor Javier Gutiérrez. Esa clave está en el corazón de la polémica.

La ley que ahora se tramita en el Parlamento andaluz solo concederá la calificación de suelos regables a centenares de hectáreas, pero no los permisos de agua, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. De ahí que el Gobierno considere que la norma andaluza invade competencias y la llevará al Tribunal Constitucional para que decida al respecto.

Los regantes han alabado la decisión de la Junta y han cargado contra el Ministerio por no ejecutar a tiempo las infraestructuras hídricas que permitirían aumentar sus regadíos. “El Gobierno no dice la verdad. Estamos insultados y secuestrados por una estrategia político-electoral y lo que hay aquí es sufrimiento, la situación es kafkiana”, ha dicho Díaz, exdiputado de Ciudadanos en la Cámara andaluza, y que se ha quejado de “la versión simplista” que muchos medios proyectan sobre la polémica.

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