El Parlamento andaluz pone reparos jurídicos a la proposición de ley de PP y Vox que amplía los regadíos en Doñana

La proposición de ley de PP y Vox que defiende la ampliación de zonas regables en el entorno de Doñana podrá ver la luz el próximo 12 de abril, ya que el PP se basta y sobra gracias a su mayoría absoluta (58 de 109 diputados) para sacarla adelante. Y aunque el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha evitado de nuevo emitir un informe sobre su posición, los letrados del Parlamento de Andalucía sí han puesto reparos jurídicos a la iniciativa, sin llegar a descalificarla en ningún momento. Los juristas vienen a decir que la vía legislativa utilizada —la proposición de ley― es como matar moscas a cañonazos, ya que lo que se propone son cambios normativos ordinarios que competen al Gobierno, no al Parlamento, por lo que “no se respeta” el principio de jerarquía normativa.

Esta será la segunda vez que el PP defienda la ampliación de regadíos en cinco municipios del Condado de Huelva (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). En la anterior legislatura, la propuesta decayó porque se anticiparon las elecciones, pero ahora los populares vuelven a rescatarla azuzados por Vox, que fue el primero en plantearla en este mandato. El trasfondo no es otro que la cercanía de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Aunque la propuesta no corre ningún riesgo parlamentario y la legislatura andaluza acaba de empezar, el PP ha pedido su tramitación por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad. Es muy probable que antes de las vacaciones de agosto salga publicada en el Boletín Oficial del Parlamento.

El Gobierno andaluz no ha querido, como ya ocurrió en la anterior legislatura, emitir su criterio, a favor o en contra, respecto a su toma en consideración. El Ejecutivo no está obligado a dar su parecer, es decir, puede escurrir el bulto ante una propuesta legislativa de los grupos parlamentarios, aunque no es lo habitual. En el caso del Parlamento eludir este trámite no es posible, ya que debe emitir un informe preceptivo, aunque no vinculante.

Carmen Noguerol, la letrada que firma el informe, con fecha del 24 de marzo, cuestiona que se utilice una ley para propiciar cambios normativos de rango inferior. “Aunque se pueda entender que la proposición de ley tiene una justificación objetiva, lo que no se explica en ningún momento es que la concreta modificación que se propone del Plan Especial [de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva, aprobado por decreto en 2014] se deba hacer mediante una ley formal y no mediante un reglamento (…) que justifique la omisión del procedimiento regulado” en la ley de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobada en 2021. “No parece que quede justificado que en el presente caso se cumpla (…) que la utilización de la ley formal resulte una medida razonable y proporcionada a la situación excepcional que justifica su aprobación”. En ese sentido, el informe cita una sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2015 en la que se afirma: “La adopción de leyes singulares debe estar circunscrita a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administración”. El informe aconseja cambios de técnica legislativa de la proposición de ley por considerar que la registrada “no resulta correcta”.

El mismo día en que se prevé la aprobación de la iniciativa de PP y Vox, el Parlamento debatirá una proposición no de ley del PSOE, pactada con el Misterio de Transición Ecológica, en la que se defiende acordar con las autoridades europeas las actuaciones en Doñana. También propone la creación de una comisión bilateral Junta-Gobierno central para tratar todo lo que afecte al Parque Nacional, entre ellas, la “ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes”.

La tramitación de la futura ley propuesta por PP y Vox, que prevé ampliar en unas 1.500 hectáreas las zonas regables, provocó un nuevo aviso de Bruselas. El pasado 17 de marzo, la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, envió una carta al Gobierno de España en la que advertía de que si sale adelante la proposición de ley que regularizaría esos cultivos ilegales, la Comisión no dudará en adoptar “todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impusieran sanciones pecuniarias”.

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, sostiene que la iniciativa del PP “protege como nunca” a Doñana porque se “prohíbe la extracción de cualquier recurso hídrico de la zona”.

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