La Unesco advierte a España: Doñana entrará en la Lista de Patrimonio en Peligro si no se toman medidas urgentes
El organismo de la ONU muestra su “extrema preocupación” por la ley de ampliación de regadíos de Andalucía y da de plazo al Gobierno hasta el 1 de diciembre de 2024 para que presente un informe sobre la protección del parque nacional
![Doñana Unesco](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/A3L7JKEB5E5MUWIMA4XN72QVE4.jpg?auth=bbb9ea9ef06b745d17f92210d8acca27ed56923756cd0c7adf8c9ee4dc79355c&width=414)
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Hace tiempo que la Unesco no esconde su preocupación por el acelerado deterioro del entorno natural del Parque de Doñana, que se puso de manifiesto en mayo cuando advirtió seriamente de las consecuencias de que se aprobara la ley de ampliación de regadíos impulsada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía. Tres meses después, esa inquietud se ha canalizado en forma de ultimátum a España: O se adoptan medidas urgentes que reviertan la sobreexplotación de los acuíferos y que respondan al impacto del cambio climático o la reserva entrará en la Lista de Patrimonio en Peligro de este organismo de Naciones Unidas.
“Si el continuo deterioro del acuífero de Doñana no se revierte mediante la implementación rápida y efectiva de medidas, incluidas las recomendaciones de la misión de observación de 2020, para fortalecer la resistencia del parque y reducir las presiones sobre este bien Patrimonio Mundial derivadas del impacto del cambio climático, podría provocar un impacto negativo en el mismo y generar las condiciones para su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro”, señala la Unesco en su último informe. El organismo insta al Gobierno a que le remita un informe actualizado sobre el estado de conservación del parque y la aplicación de las medidas que se recomiendan en el documento antes del 1 de diciembre de 2024.
El informe de la Unesco es extremadamente crítico con la proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía y que prevé la regularización de entre 700 y 1.900 hectáreas de regadío y recuerda que “la legalización de pozos ilegales supone una preocupación extrema y es contraria las recomendaciones que trasladó en 2020 la misión de observación, y del compromiso del Estado de implementar el Plan Especial de Zonas Regables de la Corona Forestal de Doñana y cierre de pozos ilegales, algo que es crucial para preservar el carácter de Patrimonio Mundial”.
De hecho, entre las 13 recomendaciones que la Unesco traslada en su último informe para garantizar la supervivencia de la reserva se encuentra la de que el Gobierno “complete” el “Plan Especial de Zonas Regables de la Corona Forestal de Doñana”, conocido como el plan de la fresa, “en su redacción actual” y el cierre urgente de los pozos ilegales. La norma que se está tramitando en el Parlamento andaluz supone una modificación de ese plan, otorgando derechos de regadíos a propietarios que cuando esa iniciativa se ejecutó habían quedado excluidos.
El plan de la fresa se aprobó en 2014 para tratar de frenar el impacto que la ampliación de los cultivos de fresa estaban generando sobre el parque de Doñana y la explotación de sus acuíferos. Pero en este tiempo, de acuerdo con la organización WWF, el plan, que afecta a los municipios de Bonares, Almonte, Moguer, Rociana y Lucena del Puerto, no se ha ejecutado. En 2021, cuando se cumplieron cinco años de su aprobación, la ONG denunció que solo se habían ejecutado el 17% de las medidas previstas en el plan. “Tenemos que actualizar los datos, pero de acuerdo con nuestros informes anuales, dos tercios de las iniciativas todavía no se han implantado, y son de las más importantes”, señala Juan José Carmona, portavoz de WWF en Huelva. “La Junta y el Gobierno tienen acciones pendientes, el Gobierno andaluz hacer cumplir el plan de ordenación, porque tiene competencias para sancionar infracciones, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va muy lenta en la ordenación del acuífero y en tener listo el plan de extracciones”, abunda.
Inquietud por la reapertura de Aznalcóllar
Entre las 13 recomendaciones de su último informe, la Unesco también requiere al Gobierno que confirme si el Plan Hidrológico del Guadalquivir ha sido aprobado y en qué estado de ejecución se encuentra; que desarrolle un modelo ecohidrológico, de acuerdo con las recomendaciones de la misión de 2020, que redacte un plan estratégico que defina las consecuencias del cambio climático sobre Doñana y las medidas para adaptarse y mitigar su impacto y que se reduzca el consumo humano del agua de los acuíferos.
Además de la “extrema preocupación” que le causa la propuesta de ley que se tramita en el Parlamento andaluz, la Unesco también advierte de la disminución de las aves acuáticas que hibernan en Doñana, “uno de los atributos que definen su carácter de Patrimonio Mundial” y del hecho de que “algunas especies ya no se están avistando” en las marismas. La organización también llama la atención sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar e insta al Ejecutivo a que “asegure que se han adoptado planes que garanticen la reacción ante los riesgos sistemáticos y la adopción de medidas de emergencia que tengan en cuenta la protección y las necesidades de protección” del Parque. Unos documentos que deberían remitirse al Comité del Patrimonio Mundial antes de que la mina entre en funcionamiento”.
La resolución de la Unesco se aprobará, de acuerdo con la información que baraja WWF, en la reunión que el Comité de Patrimonio Mundial celebrará en Riad (Arabia Saudí) entre el 10 y el 25 de septiembre.
La advertencia de la Unesco llega pocas semanas después de que la Estación Biológica de Doñana constatara de que la laguna de Santa Olalla, la mayor con agua permanente en su superficie, se había secado por segundo año consecutivo, algo que nunca había ocurrido en la historia. Esta institución, dependiente del CSIC, también advirtió de la necesidad de reducir de manera urgente el uso de agua, tras advertir de la sobreexplotación excesiva del acuífero por el uso intensivo de la agricultura. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) también adelantó a mediados de julio que entiende que la reserva debe abandonar su lista verde.
El Gobierno andaluz no se da por aludido
Desde 2011, la Unesco ha exigido de manera cíclica a España que aplique medidas eficaces para proteger Doñana. El informe que ahora requiere al Gobierno es el último de muchos otros que han requerido desde entonces para garantizar un sistema que se deteriora de manera irremisible. Desde WWF, que ha adelantado el contenido del informe, son contundentes y piden al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que pare la tramitación de la ley de legalización de regadíos y que se cumpla el plan de la fresa y lamentan que la Unesco “aún no haya propuesto la inclusión de Doñana” en el listado de Patrimonio en Peligro. Para Juan Romero, de Ecologistas en Acción, entrar en la lista negra supondría “un descrédito”. “Supondría reconocer que esto es un fracaso y todos perderíamos como sociedad”. Romero aboga por que las instituciones vayan de la mano y cumplan el plan de la fresa. “La Unesco nos lleva tiempo amenzando, pero siempre se ha dicho que era mejor corregir las deficiencias. Deberíamos cumplir con el plan que ya está hecho y establecer planes para la restauración hídrica y la recuperación de la biodiversidad”. Romero se lamenta que “por un puñado de votos”, la Junta de Andalucía haya perdido el prestigio”.
El Gobierno andaluz hasta ahora se niega a vincular la ley de ampliación de regadíos con el futuro del Parque Natural y la necesidad de revertir su deterioro. Su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, declaró esta semana que la norma es “un papel”, que no ha podido tener efecto en la degradación del ecosistema de la reserva natural, si bien fuentes cercanas al Gobierno andaluz dan por hecho que la ley morirá en el Constitucional si Pedro Sánchez logra formar gobierno y la recurre, como ya ha adelantado.
Desde 2011, la Unesco ha exigido de manera cíclica a España que aplique medidas eficaces para proteger Doñana. El informe que interpela ahora al Gobierno es el último de muchos otros que han requerido desde entonces para garantizar un sistema que se deteriora de manera irremisible.
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