Cinco años después del plan para proteger el acuífero de Doñana, solo se aplica el 17% de las medidas

El 83% de las medidas del plan de la Junta de Andalucía para frenar el expolio del acuífero de Doñana están incompletas, el 40% de ellas ni siquiera habían comenzado a aplicarse cinco años después del inicio de las actuaciones, a finales de 2014, y solo el 17% del plan se ha ejecutado. A pesar del reciente cierre de pozos ilegales, las 11.000 hectáreas del mar de invernaderos al borde de la valiosa reserva natural siguen al alza, incluidas 1.600 hectáreas de cultivos irregulares que expolian el acuífero sin permiso, según ha denunciado este miércoles la organización ecologista WWF.

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Ante el avance imparable del plástico y las captaciones ilegales al borde del espacio protegido, la Junta andaluza puso en marcha en 2014 el conocido como “plan de la fresa” para revertir su inacción, que incluso provocó que la Comisión Europea denunciara a España años después. Sin embargo, el análisis actual del WWF sobre el avance de las medidas para salvar el ecosistema de Doñana es sombrío: “Solo el 17% del plan se ha ejecutado, el 43% está incompleto y del 40% no se ha hecho nada, es un flagrante incumplimiento. El incremento de regadío que permite la Junta es inadmisible, la burbuja se romperá en algún momento”, ha criticado Felipe Fuentelsaz, coordinador de agricultura en el WWF, en la presentación del informe en Huelva.

El acuífero Almonte-Marisma, con 2.400 kilómetros cuadrados, está al límite de la sobreexplotación y ha sufrido un expolio continuado durante más de una década para alimentar la rentable industria agrícola de los frutos rojos. Junto a los agricultores legales con permisos para extraer aguas, hay otros ilegales que la roban en zonas identificadas y que ocupan 1.653 hectáreas, según ha contabilizado el WWF. De ellas sobresalen 335 hectáreas de regadío sobre suelo forestal con la máxima protección ambiental, denominada zona A.

Los propios agentes ambientales de la Junta han denunciado a 151 dueños de estas fincas, pero los expedientes a menudo caducan en la delegación onubense del Ejecutivo autonómico, denuncia WWF. Como medida más urgente, esta organización exige a la Junta medidas cautelares para cerrar esas fincas ilegales que expolian el acuífero y recuperar superficie forestal ocupada por el plástico, como recoge el plan del Gobierno andaluz.

El plan especial de ordenación de los regadíos, que la Junta no dotó de presupuesto fijo, afecta a cinco municipios y debía haber concluido sus 30 actuaciones a corto plazo hace un año y medio, algunas de ellas para implantar corredores ecológicos y facilitar el tránsito de especies. Además, incluye otras medidas a medio y largo plazo durante la próxima década. “No hay que cambiar el plan, sino ejecutarlo. Pero falta voluntad política y mecanismos de coordinación interna”, ha censurado Juan José Carmona, coordinador del WWF para Doñana. La organización exige a la Junta que cree una oficina técnica para impulsar las medidas, como hizo tras el desastre de los vertidos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) para coordinar los trabajos de limpieza de lodos tóxicos.

Regadíos ilegales

“El crecimiento del regadío ilegal es menor, es cierto, el problema es el crecimiento legal, que lo autoriza la propia Junta y va en contra de los principios del plan de ordenación”, denuncia Fuentelsaz. Mientras que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —que depende del Gobierno— restringe las concesiones para captar agua, la Junta, a través del organismo gestor de la cuenca de los ríos Tinto y Odiel, ha concedido en los últimos años 1.019 hectáreas más de regadío en el término municipal de Moguer. El Gobierno de Mariano Rajoy compró en 2015 la finca Los Mimbrales —con 889 hectáreas de regadío— por 35 millones, pero ese esfuerzo se ha contrarrestado con el crecimiento de la superficie de regadío impulsado por la Junta (PP y Ciudadanos). La Consejería andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha rechazado opinar al respecto.

La Fiscalía de Huelva lleva años denunciando las captaciones ilegales del acuífero de Doñana y, según su último recuento, ha logrado 36 sentencias condenatorias contra los agricultores denunciados (18 de ellas por conformidad) y siete absoluciones. Esta acción de la justicia ha retraído la apertura de nuevos pozos ilegales, pero muchas captaciones permanecen activas, según fuentes del ministerio público.

“Reclamamos a la Junta andaluza la creación de una oficina técnica del plan y un presupuesto para aplicarlo, o de lo contrario la reputación de las fresas de Doñana siempre estará bajo sospecha dentro y fuera de España”, censura Juan Carlos del Olmo, secretario general del WWF España. La organización conservacionista es tajante, según ilustra Carmona: “Nunca he entendido cómo la patronal fresera no ataca a los agricultores ilegales que compran fincas por debajo de precio y hacen competencia ilegal. Es como si el colegio de abogados amparara a los letrados que no están colegiados y tampoco pagan la Seguridad Social de sus empleados”.

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