Comienza el mayor juicio por el saqueo del agua de Doñana

Este martes comienza en Huelva el juicio clave contra el saqueo del agua de Doñana. Tras décadas de extracciones ilegales para la agricultura en invernaderos en el entorno del espacio natural, dos exalcaldes de Almonte y 13 agricultores se sientan en el banquillo acusados de un delito contra los recursos naturales y alternativamente otro de usurpación de aguas. Después de una veintena de juicios celebrados —casi todos con conformidad de condenas por parte de los agricultores—, esta vista supone un hito en el expolio de Doñana: por primera vez hay dos exalcaldes —Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP)— procesados como cooperadores necesarios junto a los 13 empresarios, para los que la Fiscalía pide dos años y 10 meses de cárcel y tres años y 10 meses, respectivamente.

El acuífero 27, que nutre a la reserva y abarca 2.410 kilómetros cuadrados, incluye la finca Matalagrana, con 13 explotaciones dedicadas a la fresa y los frutos rojos. Los responsables de dicha finca protagonizaron supuestamente un expolio del agua subterránea que ha perjudicado el equilibrio natural del espacio protegido más emblemático de España, hábitat de 1.440 especies de flora y unas 300 de aves, el águila imperial entre ellas, y mamíferos como el lince.

“La detracción ilegal y sistemática de agua entre 2009 y 2012 ha alterado el balance hídrico del acuífero, generando un riesgo de daño grave sobre el espacio de Doñana, así como sobre las especies que alberga”, censura la Fiscalía en su escrito de acusación. El ministerio público estima que los 13 agricultores percibieron un beneficio económico derivado de la extracción ilegal de agua de 648.851 euros solo durante esos cuatro años.

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Alfredo Flores, fiscal jefe de Huelva, explica que la diferencia de este caso —fruto de una investigación lanzada en 2011 por la Fiscalía de esa provincia andaluza y el área de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado— radica en que los cultivos y las captaciones ilegales estaban en montes públicos cedidos a los agricultores. Tanto los empresarios como los exalcaldes sabían que dichas fincas, propiedad de la Junta, carecían de permisos para extraer agua, y los agricultores fueron incluso expedientados por captar aguas subterráneas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ambos alcaldes procesados dijeron a los agricultores que “todo era un error” y se comprometieron a “darle una solución política al tema” para perpetuar la extracción ilegal del agua, según denuncia el fiscal. Los regidores ―licenciados en Derecho— conocían de primera mano el delicado estado del acuífero, dado que ambos asistían a las reuniones del Consejo de Participación de Doñana, pese a lo que ignoraron “el interés general” con “plena conciencia de sus efectos perjudiciales” para la conservación del espacio protegido, cuyo futuro estaba “comprometido” por culpa del saqueo. Ambos han rechazado opinar al respecto para esta información.

Estanislao Naranjo, abogado del exregidor Domínguez, defiende que hay “indefensión” porque “no están concretados los delitos ni los hechos de los que se acusa” al anterior político popular. “En todo caso hubo un aprovechamiento de aguas públicas que se resuelve con una multa a pagar por los agricultores”, alega el letrado.

La Fiscalía pedirá en la vista oral, que el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva celebra en la Audiencia por razones de espacio, 12.000 euros de multa para cada exalcalde y 5.400 euros para cada empresario, además de 24.000 euros para las empresas propietarias de las explotaciones.

Vía penal

Flores sostiene que, hasta que se abrió la vía penal, “el derecho administrativo había fracasado” en la lucha contra el robo del agua en Doñana. “La vía administrativa no era suficiente”, recalca el actual fiscal jefe, que sostiene que esta investigación que se juzga ahora y las querellas que surgieron de la investigación de la Fiscalía General del Estado hicieron que “todo el mundo se pusiera las pilas” contra el robo de agua, algo que también ha motivado que la Comisión Europea haya denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El área de medio ambiente de la Fiscalía General del Estado, que dirige Antonio Vercher, hace una década puso el foco en dos casos emblemáticos de robo de agua: el de Doñana y el de la Tablas de Daimiel, donde también se siguió la estrategia de presentar querellas por delitos contra el medio ambiente.

En el caso de Doñana, tras la denuncia de WWF y con la investigación abierta por la Fiscalía General del Estado, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) puso en marcha varias campañas de inspección que dieron como resultado la localización de más de medio centenar de pozos ilegales y casi 150 balsas también irregulares en el entorno de Doñana.

En este caso de la finca Matalagrana también estuvo imputado el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, por haber supuestamente permitido las captaciones ilegales cuando era consejero de la Junta entre 2012 y 2013. Sin embargo, la Fiscalía no apreció indicios de delito en su actuación y su imputación fue archivada al poco de ser nombrado ministro en junio de 2018.

A pesar de la presión de la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los agricultores de la zona de invernaderos cercana a Doñana siempre han sido respaldados por sus alcaldes y otras autoridades, como el vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, que arengó en una reunión con agricultores de Lucena del Puerto en 2019: “Tenéis que seguir peleando, partiéndoos la cara, lo estáis haciendo de puta madre y eso no os lo quita nadie”.

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