El ministro Luis Planas, a punto de ser desimputado en un caso de robo de agua en Doñana

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En la mesa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez se sienta un ministro imputado. Aunque en breve dejará de estarlo. El titular de Agricultura, Luis Planas, figura desde 2016 como investigado (antigua imputación) en una causa sobre el robo de agua en Doñana a través de pozos ilegales que pinchan el acuífero del que vive este espacio protegido. La juez instructora de la Palma del Condado (Huelva) encargada del caso le acusa de un delito medioambiental por haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía, entre 2012 y 2013.

Pero la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, que prepara ya el escrito de acusación para el juicio y que durante la instrucción había mostrado dudas sobre la imputación del ahora ministro, no aprecia delito en su actuación.

En los próximos días el ministerio público presentará ese escrito, no acusará a Planas y la causa en su contra se archivará, según avanzan fuentes de la Fiscalía. No ocurrirá así con los agricultores implicados y con dos exalcaldes socialistas de Almonte —Francisco Bella y José Antonio Domínguez—, a los que sí acusará el ministerio público e irán a juicio. La Fiscalía es la única acusación en este caso, con lo que su postura es determinante cuando se llega a la fase del juicio.

Robo de agua

Doñana tiene desde hace años un problema con las captaciones de agua ilegales. Desde cientos de pozos se extrae sin control el agua del Acuífero 27. En 2015 el Seprona de la Guardia Civil desarrolló la Operación Vernum en busca de pozos. Uno de los casos detectados fue el de una finca pública en la zona de Matalagrana, en Almonte. Esos terrenos, donde los agentes encontraron captaciones ilegales, eran explotados por unos agricultores a través de un convenio con el Ayuntamiento, que a su vez había recibido la cesión de los suelos por parte de la Junta.

La instructora ha acusado durante este tiempo a Planas de tener "conocimiento de la falta de regularización de los pozos" y de haber "consentido" el uso irregular del agua. Pero la Fiscalía, en su escrito de diciembre pasado —al que ha tenido acceso EL PAÍS—, ya señalaba que no existía la "mínima seguridad jurídica" que pudiera "determinar" que Planas o cualquier miembro de la Administración regional hubieran "colaborado de forma activa y relevante con los agricultores" o que hubieran cometido "una omisión grave y reiterada". La Fiscalía ya avanzaba entonces lo que ocurrirá ahora: "El ministerio fiscal no formulará acusación contra el investigado".