Agenda del clima de la relación estratégica entre la UE y la región de Latinoamérica y el Caribe

La UE ha propuesto una “renovada” relación estratégica con la región de Latinoamérica y el Caribe. La agenda climática de esta nueva relación se centra en gran medida en la propuesta de anexo verde al acuerdo UE-Mercosur y en un paquete de inversiones de la Global Gateway ―el mecanismo de inversión para impulsar conexiones digitales, energéticas y de transporte inteligentes, limpias y seguras en todo el mundo que la UE propuso como respuesta a la iniciativa china Belt and Road―. Ahora que España asume la Presidencia del Consejo Europeo y organiza una Cumbre con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, puede garantizar que su asociación renovada aborde mejor la crisis climática, aborde mejor la responsabilidad histórica y sitúe a las personas y los derechos humanos en el centro.

Aunque América Latina y el Caribe (ALC) solo representa el 8% de las emisiones mundiales, es una de las regiones más afectadas por la crisis climática, cuyos efectos golpean con mayor dureza a las personas económicamente desfavorecidas, las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Las emisiones declaradas por la UE pueden parecer comparables ahora, pero esto no incluye sus emisiones basadas en el consumo, ni su mayor responsabilidad histórica en la crisis climática. La Unión Europea debe tomar medidas mucho más contundentes para acelerar rápidamente la reducción de sus emisiones y apoyar una nueva asociación basada en la justicia climática.

Uno de los principales objetivos de la asociación para la UE es el paquete de inversiones Global Gateway, que se centra en las energías renovables, el hidrógeno verde, las materias primas críticas, los bosques y las finanzas sostenibles. Pero en algunos aspectos se corre el riesgo de repetir errores del pasado, impulsando el extractivismo de materiales y suministros energéticos y anteponiendo los intereses comerciales a las personas. La asociación también debe abordar cuestiones financieras más estructurales: la crisis de la deuda está paralizando a los países del Sur Global a la hora de financiar la acción por el clima, y esto se suma a los desequilibrios de poder arraigados en el sistema financiero mundial, que conducen a enormes flujos financieros del Sur al Norte.

La Presidencia española tiene ahora una oportunidad única de corregir el pasado yendo más allá de una concepción estrecha de la “agenda verde”, escuchando a la sociedad civil, a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas y cooperando con ellos.

No hay justicia climática sin derechos humanos

La población de América Latina y el Caribe está sufriendo una importante merma del espacio cívico y una devastadora escalada de asesinatos y amenazas contra periodistas, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y pueblos indígenas: la región concentró más de tres cuartas partes de los ataques contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo en 2021. Construir una asociación basada en la justicia climática requiere que la UE haga visible este problema y preste un apoyo más explícito a los derechos humanos, la democracia y los activistas que luchan contra la crisis climática. El derecho al acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos medioambientales (protegidos por el Convenio de Aarhus y el Acuerdo de Escazú) deben integrarse en la asociación, así como el respeto del principio de consentimiento libre, previo e informado.

Comercio

Para cumplir sus compromisos en virtud del Acuerdo de París y el Pacto de Glasgow de la COP26 de proteger el clima, los bosques y los derechos humanos, la UE debe cambiar drásticamente su agenda comercial y detener la ratificación de los acuerdos UE-Mercosur, UE-Chile y UE-México. Las políticas públicas de la UE deben servir al interés público. Sin embargo, los únicos beneficiarios de estos acuerdos serán las grandes corporaciones de los sectores agrícola, minero, automovilístico, químico, del agua y de la energía. Los problemas estructurales no se resolverán con adendas o capítulos separados sobre sostenibilidad. La asociación debe crear un nuevo modelo comercial basado en los principios de cooperación, solidaridad, igualdad, democracia y sostenibilidad.

Financiación e inversión

Si la UE quiere que la Global Gateway responda realmente a las realidades locales de la región, como propuso recientemente la Presidenta de la Comisión Europea, debe canalizar más subvenciones y financiación en condiciones favorables hacia la transición justa, la adaptación, las soluciones climáticas locales y feministas, incluidos los servicios públicos, el trabajo de cuidados, la soberanía alimentaria y la suficiencia ecológica, de forma que beneficien a las personas trabajadoras y a las comunidades locales.

De forma conjunta, la UE y sus Estados miembros también deben apoyar medidas más contundentes en relación con el compromiso de financiación climática de 100.000 millones de dólares (CMNUCC), aumentar las subvenciones para la adaptación, y responder al acuerdo histórico alcanzado en la COP27 de establecer un fondo para pérdidas y daños. Este fondo debe ahora llenarse y diseñarse en torno a las personas a las que debe servir, lo que en ALC significa comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes.

La Iniciativa de Bridgetown de la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, ya ha suscitado un debate sobre los problemas estructurales de la financiación de la lucha contra el cambio climático. La cooperación entre la UE y América Latina y el Caribe para impulsarla es clave. La gobernanza de las instituciones financieras debe ser más democrática y abierta a la participación. Para crear un espacio fiscal para la acción climática, la UE-ALC debe apoyar la creación de un mecanismo de reestructuración de la deuda ―incluyendo su cancelación parcial―, un organismo fiscal internacional, mejorar el acceso a la liquidez de emergencia a través de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) y cooperar en torno a nuevos impuestos climáticos y en materia de justicia fiscal. Las finanzas internacionales deben alinearse con estas estrategias y garantizar la eliminación progresiva de los flujos de financiación de los combustibles fósiles. En estos momentos, la UE no solo no los está eliminando, sino que en algunos casos los está aumentando.

El camino hacia la COP30

De cara a la COP30 que se celebrará en Brasil en 2025, la Cumbre y la asociación renovada UE-CELAC brindan una oportunidad para que la UE, América Latina y el Caribe tracen un camino hacia una mayor ambición, con una asociación reorientada hacia los derechos humanos, la democracia, la protección de la biodiversidad y la justicia climática. De cara a la COP28, ambas partes pueden colaborar para lograr resultados ambiciosos en relación a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y a los objetivos globales en materia de energías renovables y eficiencia energética. Tanto la UE como ALC deben replantearse sus respectivos modelos de crecimiento económico y redistribución hacia un modelo económico más redistributivo basado en la justicia climática y la igualdad. No debemos perpetuar los mismos viejos modelos de extracción europea en la región de ALC.

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