Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana: “Tengan coraje, retiren la iniciativa, paren esta absurda guerra”

La tramitación de la proposición de ley de PP y Vox que amplía regadíos en el entorno de Doñana ha echado a andar este martes en el Parlamento de Andalucía con las comparecencias de agentes sociales, cooperativas, ecologistas, alcaldes, agricultores y regantes. La última voz en oírse, 10 horas después del comienzo de la comisión, ha sido la del presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes de Castro, vetado inicialmente por el PP, aunque luego este partido rectificó.

“Tengan coraje y retiren la iniciativa de ampliación de regadíos”, ha pedido el que fuera director de la Estación Biológica de Doñana ante la comisión parlamentaria. Del mismo modo, ha pedido a la oposición que no aproveche la situación para arrimar el ascua a su sardina si esa situación se produjera.

Como todos los comparecientes, Delibes de Castro ha pedido a Gobierno central y la Junta que se sienten en una mesa y negocien. “Pueden engordar esta absurda guerra u ofrecer una paz buscando consenso. Les pido que elijan la paz”. El biólogo ha reconocido que en su anterior comparecencia hace un año acudió irritado, pero que ahora su “nivel de enfado está ya saturado”. Delibes de Castro no ha variado su oposición a la propuesta porque la considera “inadecuada” y destacó que la polémica “ha llegado demasiado lejos”. “Ha desembocado en la mayor crisis institucional, política y mediática. Detengamos la crispación. No es solo la conservación de Doñana, sino la paz social”.

El presidente del Consejo de Participación no ha calificado de engaño la proposición de ley, pero casi: “La esencia de la proposición es declarar zonas regables sin agua. Es como ofrecer a los conductores sevillanos y onubenses viajar entre Huelva y Sevilla en AVE. A los conductores les gustaría, pero es una tomadura de pelo. Pienso que nos distraen con un truco: ¿zonas regables sin agua será seguir bombeando, convertir las infracciones penales en administrativas? Tenemos derecho a ser informados como ciudadanos”.

Con independencia de los posicionamientos a favor o en contra de la polémica iniciativa, que cuenta con el rechazo de la Comisión Europea, de la Unesco, del Gobierno central y de la comunidad científica, la mayoría de los comparecientes exigieron a los Ejecutivos central y andaluz que dialoguen, busquen una solución y saquen de la agenda electoral un asunto que está poniendo en un brete al potente sector de la fresa de la provincia de Huelva. La aprobación de la ley por trámite de urgencia está prevista para finales de julio o septiembre, después de las elecciones generales. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reiterado que está dispuesto a modificar la ley si hay una alternativa “creíble y viable”. El PSOE, por su parte, insiste en que no hay abierta ninguna vía de negociación.

El Parlamento ha despachado en un solo día el preceptivo trámite de audiencia. En ese listado se han quedado fuera representantes de la comunidad científica críticos con el proyecto, como el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. También Robert Casier, representante de la Unesco; los ecologistas de SEOBirdLife o la asociación de agricultores Puerta Doñana y de los regantes de Almonte, municipio en el que se encuentran el 50% de los regadíos del Condado de Huelva.

Las personas citadas han tenido 10 minutos para hacer su exposición. Cada uno de los cinco grupos parlamentarios han podido hacer preguntas durante dos minutos. La sesión ha comenzado con bronca, porque la presidenta de la comisión, Ana Chocano (PP), ha afeado al ponente socialista de la ley, Mario Jiménez, la forma de hacer sus preguntas. Unas 200 personas se han manifestado a las puertas de la Cámara andaluza en contra de la propuesta.

La proposición de ley de PP y Vox pretende ampliar las zonas agrícolas regables en la comarca del Condado de Huelva, cuyos propietarios quedaron fuera de regulación cuando en 2014, vía decreto, se aprobó y consensuó el llamado plan de la fresa, el Plan Especial de Ordenación de Regadíos del Condado de Huelva que afecta a cinco municipios (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado). La iniciativa no aclara a cuántas hectáreas afectará esa ampliación de regadíos, pero, en una carta remitida a la Comisión Europea en febrero de 2022, la Junta de Andalucía detallaba que estas ascenderían a 748,62. El PP dice que esos cultivos se regarán con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, no con agua del acuífero de Doñana, que está “sobrexplotado”. Ese trasvase, de casi 20 hectómetros cúbicos, está ya comprometido, pero para las zonas con derechos de agua. Y las obras del trasvase no están ejecutadas.

Una veintena de comparecencias

Antes de Delibes, se han producido una veintena de comparecencias. Los cinco alcaldes del Condado (tres de ellos ya no lo son desde el pasado 28 de mayo) han pedido al unísono diálogo y consenso entre el Gobierno central y la Junta. “Se ha dado una patada al avispero que ha hecho que todas las avispas salten y nos piquen. Esto no es nada bueno. Es necesario consenso y diálogo. La imagen que estamos dando es de vergüenza. El bombo mediático nos está perjudicando”, ha dicho el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE). Solo el alcalde saliente de Lucena, Manuel Mora, ha dado su apoyo rotundo a la proposición de ley, posición que comparte el alcalde electo, del PP. La aún alcaldesa de Almonte, Rocío Castellano, ha dicho que la propuesta “es insostenible, porque no hay agua”.

En contra de esta posición se ha manifestado el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Juan Antonio Millán, que ha sostenido: “Cuando se dice que no hay agua en Huelva es mentira. Se miente deliberadamente. Las sequías son cíclicas. Es falso que Doñana se muera”.

Los representantes de la COAG y de Comisiones Obreras han pedido la suspensión de la tramitación de la proposición de la ley y han reclamado que se constituya una mesa de diálogo entre Administraciones. “Primero hay que consolidar el regadío existente, recuperar el acuífero y cuando estén las obras hídricas estudiar nuevos regadíos en la zona. La guerra entre administraciones, solo traerá falsas expectativas a los agricultores y ninguna solución ni para el sector ni para el parque”, ha dicho Eduardo López, de COAG. Esta organización ha facilitado el siguiente dato: el 2,5% de los propietarios son grandes explotaciones dominadas por fondos de inversión que acaparan el 60% de la superficie de frutos rojos y el 80% del volumen de agua.

El representante de CC OO, Emilio Fernández, ha alertado de que la iniciativa legislativa “pone en riesgo la excelencia de la marca de la fresa de Huelva”, ha destacado que el 70% del empleo que genera el sector es por cuenta ajena y ha pedido “retomar el acuerdo político y sacar de esta absurda batalla política” al sector. También ha exigido a los gobiernos central y autonómico que ejecuten las infraestructuras previstas, sin las cuales no es posible el trasvase.

Sobre la reputación de los frutos rojos se ha referido el representante de Freshueva, la patronal del sector. “La campaña reputacional tiene una componente económica. En Alemania hay plataformas que atacan a la fresa, otras veces a los productos de Turquía y otros a los de Grecia”.

Los ecologistas de WWF han pedido la retirada de la proposición de ley. Su portavoz, Juanjo Carmona, ha sostenido que con esta iniciativa “se les quiere hacer un favor a los que están regando ilegalmente” y ha destacado que la propuesta va a revalorizar unos terrenos que ahora son de secano al calificarlos de regables. Una hectárea de secano está valorada en unos 10.000 euros, mientras que si es de fresón su precio asciende a los 80.000 euros.

El representante de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez Conradi, ha apostado por la proposición de ley porque “no supone la concesión de ningún derecho automático al riego. Hay que dar seguridad jurídica a terrenos que ahora están en un limbo. Lamentamos que se esté trasladando un mensaje desvirtuado y que criminaliza al sector de frutos rojos”. También ha reclamado “sacar de la agenda electoral a la fresa, porque es una confrontación oportunista” y ha criticado la “nefasta gestión hídrica”.

Todos los intervinientes han reconocido que el llamado plan de la Fresa de 2014 provocó situaciones “injustas”. Hubo agricultores cuyos terrenos se quedaron fuera de la regulación y reclaman ahora unos “derechos históricos” para que sus suelos sean calificados de regables. En este sentido ha incidido Ana Warleta González. jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, quien ha destacado los “errores” del sistema cartográfico que se empleó en su día y que se utilizó para dar o no agua a las zonas agrícolas. Dos agricultores, padre e hijo, citados por el PP, han contado su “historia personal” y han puesto voz a esas “injusticias” de la que se quejan algunos agricultores.

Un funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Juan Saura, ha insistido en la necesidad de que Gobierno y Junta vayan de la mano. “Esto requiere de una política de Estado más allá de que si 800 hectáreas quieren incorporarse o no cuando hay un problemón en Doñana. Siempre hay que partir de un consenso del Gobierno de la nación y de la Junta”.

A la comisión no ha asistido el presidente de la CHG, Joaquín Páez, quien ha preferido enviar un informe. Se trata de un documento demoledor en que se sostiene que la proposición de ley está al margen del plan hidrológico, la legalidad europea y los compromisos con la Unesco. “Declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua es como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño”, sostiene.

Tampoco la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citada por PP y Vox, ha acudido a la comisión.

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