Gobierno y Junta chocan por Doñana mientras se agrava el deterioro ecológico

El Gobierno y la Junta de Andalucía han vuelto a chocar esta semana por culpa de Doñana. Mientras la reserva más emblemática del país se deteriora a gran velocidad por la sequía extrema, las extracciones para el turismo en Matalascañas y el robo masivo de agua para la agricultura intensiva que esquilma su acuífero, ambas Administraciones escenifican sus desacuerdos y eluden alcanzar un pacto para lanzar el plan que salve una biodiversidad que cae en picado, tal y como exigen los científicos.

La paradoja es que tanto el Gobierno como la Junta (PP) apoyaron hace un año acordar ese plan de recuperación en el Consejo de Participación del parque, que por unanimidad lanzó la estrategia denominada Doñana 2030. Desde entonces, la proposición de ley de la derecha andaluza (PP, Cs y Vox) presentada en enero para aumentar el regadío en el entorno de la reserva rompió el diálogo, que se retomó el pasado verano de manera discreta tras las elecciones, y solo cuando la Junta dio su brazo a torcer para abandonar su intención de beneficiar a los agricultores ilegales ante la frontal oposición internacional de organismos como la Unesco y la Comisión Europea.

Sobre el terreno, la bióloga Carmen Díaz incide en la desaparición de la fauna acuática y en la invasión progresiva de la vegetación sobre las lagunas de Doñana, secas la inmensa mayoría excepto la de Santa Olalla y la Dulce. “Media cubeta de Santa Olalla está perdida, ocupada por tarajes y juncales. La gente se acostumbra, pero son pasitos atrás muy difíciles de regenerar. Además, se nota mucho la vegetación terrestre, con alcornoques, madroños y pinos muy secos, como si hubiera pasado una lengua de fuego”, cuenta desolada.

El diálogo Madrid-Sevilla no ha dado frutos tras el verano y el próximo miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viaja a Almonte (Huelva), a las puertas de la reserva, para anunciar “el marco de actuaciones para Doñana”, según la convocatoria del acto cursada este jueves. La Junta no ha confirmado la asistencia del consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. “Aún no hemos decidido si iremos. Hace tres semanas mandamos una carta al ministerio para reunirnos con el secretario de Estado, Hugo Morán, y nos responde con la invitación al acto, en el que nos consideran uno más”, censuran fuentes de la consejería andaluza. Transición Ecológica ha rechazado opinar al respecto. Al evento acudirán autoridades, agentes sociales y científicos que estudian la reserva, pero no está invitado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Antes del acto público, la vicepresidenta tiene previsto reunirse con los 14 alcaldes de los alrededores de Doñana, pero los regidores del PP aún no han confirmado su asistencia. “Lo ideal es que Junta y Gobierno vinieran de la manita porque los dos tienen que poner dinero para salvar el parque, pero la Junta lleva pensándose 10 días si acudir al acto, están tensando la cuerda por un problema de dinero o competencias”, afirman fuentes conocedoras del difícil diálogo entre ambas Administraciones.

La Junta andaluza lleva meses exigiendo más dinero e inversiones en obras hídricas a Transición Ecológica para paliar la sequía, y esta responde que cumple con sus compromisos. Ambas Administraciones solo se pusieron de acuerdo con Doñana para mandar sus alegaciones de manera conjunta a la Comisión Europea y así evitar la multa millonaria anunciada, pero fue un espejismo. Ahora las discrepancias han primado y el plan conjunto, que la Junta quiere llamar Doñana Futuro, sigue en el aire. Tanto los científicos como los agentes medioambientales y los agricultores de la zona tienen claro que el acuerdo conjunto es esencial porque las competencias en agua y agricultura son complementarias y la gobernanza en la zona es imposible sin contar con ambas y los alcaldes de la zona.

Voluntad política

“Lo primero que hace falta es la voluntad política para que salga adelante el plan. Pero mientras las discusiones se prolongan en el tiempo, la reserva se deteriora”, lamenta Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. El presidente del Consejo de participación de Doñana, Miguel Delibes, reclama “coraje político de aceptar lo que la otra parte propone”. “Se trata de pensar qué gano en el acuerdo y no en la pelea”, destaca. “El ministerio tiene que perdonar sanciones a ayuntamientos y relajar la tensión, porque algunos están ahogados con las multas. Se puede plantear permutar terrenos, comprar o expropiar, u otras fórmulas como prejubilaciones para los agricultores, hay mucho trabajo por delante”, añade.

El reputado biólogo pone como ejemplo el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Gobierno central con el lince, en peligro crítico de extinción hace dos décadas y hoy a punto de pasar a especie vulnerable: “Mientras que [Jaume] Matas no contestaba a las cartas, Elvira [Rodríguez] dijo que lo importante era el lince y en un gesto muy noble, aceptó lo que le proponía la Junta”, recuerda.

Llueve sobre mojado en la dificultad para superar diferencias ideológicas para corregir desastres medioambientales. En agosto de 2021, con la última crisis del mar Menor fresca, Ribera anunció una comisión bilateral junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, para “sumar esfuerzos”. Un año y medio después, no hay acuerdo. “En numerosas ocasiones la comunidad ha reiterado al Gobierno de España que firme el protocolo de colaboración entre ambas administraciones para mejorar la coordinación de las actuaciones en favor del ecosistema. Se trata de cumplir el artículo 5 de la Ley del mar Menor. Sin respuesta del ministerio”, reprochan fuentes del Gobierno autonómico.

En Doñana, este otoño solo han llovido unos 50 litros por metro cuadrado, una cantidad mínima. El estado del parque es “calamitoso”, coinciden varios científicos de la Estación Biológica de Doñana, encargada de evaluar el estado de la biodiversidad de la reserva. La mayor laguna y semáforo de Doñana, la de Santa Olalla, apenas conserva menos de una hectárea con agua tras secarse por completo en agosto, cuando en el pasado llegó a ocupar 45 hectáreas. Y el problema acuciante es que la vegetación se come un poco más del humedal cada vez que se seca.

Javier Bustamante, responsable científico del programa de seguimiento del parque, explica cómo los escasos 50 litros por metro cuadrado que han caído este otoño no deja agua en la superficie de la marisma, ya que el barro absorbe los primeros 100 litros de la temporada. Superada esa cantidad de lluvia empiezan a multiplicarse los gansos, que comen bulbos de castañuela (hierba alta), y los patos cuchara, entre otras especies.

La primera consecuencia de la falta de lluvia en Doñana tras varios años secos es que muchas aves migratorias no paran y continúan su viaje hasta el norte de África o incluso Senegal. “Si cuando llegan a Doñana no hay condiciones, las aves continúan viaje, pero si llegan debilitadas corren el riesgo de morirse en el viaje. El parque está muy seco y esperando las lluvias, es muy preocupante”, alerta el científico. Las excepciones son las balsas para piscifactoría de Veta La Palma y los arrozales, pero con las restricciones el área inundada se ha reducido.

Doñana ya sufría el pasado enero un grave deterioro tras varios años de pocas lluvias, pero empezó el año con la peor noticia: la derecha andaluza (PP, Cs y Vox) presentó la proposición de ley para aumentar en 1.460 hectáreas los cultivos de regadío en el entorno del parque y agravar así el mal estado de su acuífero. La iniciativa legislativa desató tal tormenta en contra, con amenazas de multas millonarias de la Comisión Europea incluidas, que la Junta reculó. Tras decaer el plan para favorecer a los regantes ilegales por el adelanto electoral del pasado junio, el Ejecutivo de Moreno empezó poco a poco a deslizar que no era su prioridad porque la sequía lo hacía inviable.

El discurso de los populares se ha ido modulando y sus responsables medioambientales han ensalzado los valores ecológicos de Doñana y ocultado sus intenciones iniciales. Vox ha presentado en octubre de nuevo la misma proposición de ley que debatirá el Parlamento autonómico, pero la Junta ha evitado emitir su informe previo para aclarar si está conforme o no con que se tramite dicha ley.

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