Gobierno y Junta de Andalucía se unen para evitar otra sanción millonaria por el desastre de la gestión del agua en Doñana

La deficiente gestión del agua en España está en el punto de mira de la Comisión Europea desde hace años. Y la extrema situación que vive Doñana ha activado otra vez las alertas en Bruselas, que amenaza con llevar de nuevo ante la justicia a España por no defender uno de los espacios protegidos más emblemáticos del país. Con las imágenes de la laguna de Santa Olalla (el mayor humedal de Doñana) seca por completo a principios de mes recorriendo los medios de comunicación europeos, el Gobierno central y la Junta de Andalucía acaban de enviar a la Comisión Europea un plan conjunto de actuaciones.

Ambas administraciones, con responsabilidades compartidas en este asunto, pretenden evitar que el país pueda ser sancionado por no controlar la presión que se ejerce sobre el acuífero del que vive el espacio protegido, amenazado por las extracciones ilegales para la agricultura y la macrourbanización de Matalascañas, perteneciente al municipio onubense de Almonte.

En juego está una previsible sanción del Tribunal de Justicia de la UE. España ocupa los primeros puestos entre los países europeos con más expedientes de infracción abiertos por temas medioambientales y conoce bien las consecuencias de que esos expedientes lleguen hasta el final. Es el caso de la falta de depuración de las aguas residuales urbanas en varios núcleos de población, que ha supuesto ya 74,85 millones de euros desde que la sanción fue impuesta en julio de 2018 por los incumplimientos de la norma en 17 aglomeraciones. Es la mayor multa comunitaria a la que nunca ha tenido que hacer frente España. Mientras persistan los incumplimientos en los municipios por los que fue condenado el país, el importe sigue creciendo cada semestre. Todavía quedan 4 de aquellos 17 núcleos sin solucionar sus problemas y la última depuradora de este expediente que estará en funcionamiento no lo hará antes de 2026, según la comunicación más reciente que el Gobierno ha enviado a Bruselas. Es precisamente la de Matalascañas, que ahora vierte sus aguas fecales con un tratamiento insuficiente a través de un emisario submarino frente a la reserva de la biosfera de Doñana.

Al margen de la deficiente depuración, España tiene abierto desde 2014 otro expediente por las extracciones de agua en el acuífero de Doñana. En el verano de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia condenatoria en la que criticó la falta de control sobre las detracciones de agua por parte de los freseros y desde el municipio de Matalascañas. Aquella sentencia no acarreaba una sanción, una carta que tenía guardada la Comisión.

Sin embargo, en febrero pasado, la directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, amenazó a España por carta con llevarla de nuevo a los tribunales tras conocerse el plan de la derecha andaluza para aumentar el regadío de los invernaderos de fresas cercanos a la reserva, ahora aparcado por el PP andaluz ante la grave sequía. El plan iba en la dirección contraria al cumplimiento de la sentencia de los magistrados del tribunal con sede en Luxemburgo, que exigían corregir de inmediato el daño al acuífero “sobreexplotado” de Doñana.

Ha pasado más de un año del fallo y la crítica situación de la biodiversidad en el humedal se acerca a un punto de no retorno, alertan los científicos. Para revertirla, ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta han aparcado sus diferencias y han presentado a Bruselas un paquete conjunto de medidas correctoras. “Esta vez hemos ido de la mano y no nos vamos pisando uno a otro el cuello, eso es un cambio significativo porque al final la mala reputación es para España. Ha habido una diferencia entre los borradores de hace seis meses y ahora”, afirmó el jueves el viceconsejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Sergio Arjona, en una visita para recorrer la reserva. El calado de las medidas del ministerio supera con creces a las de la Junta.

El ministerio plantea una batería de 20 medidas que suman 114 millones de inversión. En esta suma el Gobierno incluye grandes infraestructuras hídricas para mejorar el estado del acuífero, como la transferencia de aguas superficiales desde la cuenca de los ríos Tinto y Odiel al Guadalquivir y el recrecimiento del embalse del río Agrio, por 45 millones. Transición Ecológica resalta las acciones previstas para minimizar el daño desde Matalascañas, como la nueva depuradora, así como el cierre de los dos sondeos que afectan a los humedales más próximos a la macrourbanización.

Además, figura la acción para cerrar 1.143 pozos ilegales en los invernaderos cercanos a la reserva que llevan a cabo sus agentes medioambientales, un modelo matemático para simular cómo evolucionan los acuíferos y la automatización de los 114 sondeos que miden su nivel, hoy bajo mínimos. Por último, el ministerio rescata actuaciones pendientes aún del proyecto Doñana 2005 por 16 millones, lo que da una idea del retraso de inversiones que acumulan las Administraciones para cuidar la reserva.

La Junta pone el foco por su parte en la creación de un grupo de trabajo científico técnico para aclarar cómo afecta la falta de agua superficial y subterránea a la ecología de Doñana, así como un estudio para constatar la afección de las extracciones de agua —legales e ilegales— a los hábitats protegidos, entre otras medidas. Además, prevé establecer “los umbrales de tolerancia de los hábitats” respecto a los niveles de agua.

En su propuesta, la Junta no aborda de momento el principal problema: los pozos ilegales, que proliferan a pesar de las multas de sus propios agentes medioambientales y los de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del ministerio. El escollo fundamental es la falta de coordinación, ya que cuando la confederación cierra un pozo, poco después el agricultor pincha otro y la Junta no lo obliga a desmantelar la estructura del invernadero que permite continuar con su negocio de bayas. Cuando un agricultor es denunciado, la actuación final de la justicia para intervenir y clausurar las explotaciones se demora entre seis y siete años.

El director de la Estación Biológica de Doñana (perteneciente al CSIC), Eloy Revilla, lamentó el jueves desde Santa Olalla ―que ahora acumula un pequeño charco de 200 metros cuadrados― la “falta de gobernanza”. “La Consejería de Agricultura debería coordinarse con la policía de agua porque es un problema complejo y estructural. Al final, ¿qué pasará? Los pueblos se quedarán sin agua, el acuífero se salinizará y, entonces, ya ni agua ni pueblo. No podemos esperar a que se produzca un desastre ambiental para actuar”.

El retraso que acumula la Junta respecto a la reserva es llamativo. En 2014 se lanzó el plan para proteger su acuífero, pero hace un año solo estaban completadas el 17% de las medidas propuestas, según la organización WWF. El plan carece de presupuesto fijo y oficina técnica, una carencia que la consejería andaluza promete remediar ahora.

Pese a la urgencia para evitar la multa de la Comisión, sobre la mesa del ministerio y la Junta está un plan a largo plazo para salvar Doñana. Transición Ecológica debe decidir ahora si convoca a todos los actores implicados (Junta, confederación, Costas, Estación Biológica...) para anunciar ese gran proyecto. El Consejo de Participación de Doñana ya propuso hace un año ese plan llamado Doñana 2030, que la Junta quiere rebautizar como Doñana Futuro.

Multa por falta de depuración

Los problemas no solo están en cómo se captan las aguas, sino también en cómo se devuelven al medio natural. La justicia europea incluyó en 2018 a Matalascañas en el listado de 17 aglomeraciones urbanas en las que no se depuran bien las aguas fecales. En el momento de la sentencia, España recibió una multa de 12 millones por el incumplimiento de esos 17 casos, la mayoría de ellos ubicados en Andalucía. Y, cada seis meses desde entonces, la multa iba aumentando en función de las depuradoras que faltaban por poner en marcha. Ya ha alcanzado los 74,85 millones. En estos momentos, según un escrito que remitió Fink-Hooijer el pasado mes al Gobierno de España, ya solo quedan cuatro aglomeraciones de este expediente sin resolver el problema de depuración, lo que ha hecho que se rebaje considerablemente el importe que se deberá pagar a partir de ahora.

Las que quedan pendientes son: Valle de Güímar (Tenerife), Barbate (Cádiz), Alhaurín el Grande (Málaga) y Matalascañas. Según la información que ha trasladado el Ejecutivo a Bruselas, la depuradora de Matalascañas sería la última en entrar en operación, algo que no ocurrirá “antes de 2026″. Los ayuntamientos son los primeros responsables de la depuración de aguas residuales. El de Almonte, al que pertenece Matalascañas, ha rechazado hablar con EL PAÍS sobre los problemas de depuración.

En la raíz de la situación está el rechazo o la imposibilidad de muchos consistorios de hacerse cargo de las inversiones necesarias para limpiar sus aguas correctamente (la nueva depuradora de Matalascañas está presupuestada en casi 30 millones) y los problemas con las tramitaciones de los proyectos. A menudo, las administraciones autonómicas y central han asumido la construcción de estas instalaciones. Por ejemplo, en Matalascañas, donde el Estado declaró de interés general la nueva depuradora en 1993. Pero, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica, en 2018 la Abogacía del Estado cuestionó que esa declaración fuera legal. “Esto conllevó la paralización de todos los trámites que se estaban llevando a cabo en relación la redacción del proyecto”, explica el ministerio. “También ha habido problemas con los suelos en los que se hará la depuradora”, explica Antonio Amarillo, coordinador en Andalucía del área de aguas en Ecologistas en Acción. Por fin, a finales del pasado año se cerró un convenio por el que la Junta y el Gobierno central se comprometen a financiar conjuntamente la obra, que tiene un plazo de ejecución de 36 meses.

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