El Gobierno fija por primera vez un caudal ecológico en el Tajo que reducirá el agua del trasvase

El Gobierno va a fijar por primera vez un caudal ecológico en la cuenca del Tajo, lo que influirá en la cantidad de agua que se podrá trasvasar desde la cabecera del mayor río de la península Ibérica a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, recogida en la nueva planificación hidrológica que se ha sacado este lunes a información pública, establece un caudal ecológico mínimo en Aranjuez de 7 metros cúbicos por segundo desde que se apruebe el plan de cuenca hasta 2026. En enero de ese año subirá a 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6. Fuentes del ministerio explican que ese incremento paulatino se hace para dar tiempo a realizar las obras oportunas en las cuencas receptoras para compensar la caída en el agua que les llegará.

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Ahora mismo en el Tajo está establecido un caudal mínimo circulante de 6 metros cúbicos de media anual, con lo que la propuesta del Ejecutivo incrementa la cantidad de agua que debe fluir por el río. Cuanto mayor sea ese caudal, menos agua se puede desviar para trasvasar a Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Con este caudal ecológico el Gobierno intenta cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo en las que se instaba al Ejecutivo a acatar la legislación europea y a fijar estos mínimos de agua para mantener una buena calidad medioambiental. Sin embargo, los regantes del levante rechazan que se limite más lo que les llega. En las últimas semanas esta guerra por el agua se ha calentado porque el Gobierno está ultimando además un cambio en las reglas de este trasvase desde el Tajo que también tendrá un impacto en el agua que llega hasta el Segura. El Ejecutivo asegura que el consumo urbano nunca se verá comprometido. El problema está en la potente industria regante creada en parte gracias a este trasvase, que comenzó a operar en los años ochenta.

Pero, según explica el ministerio, “el caudal total del Tajo ha bajado un 12% desde 1980 por efecto del cambio climático”. De ahí que se proponga una limitación del agua que se puede trasvasar, argumenta el Ejecutivo. Estas modificaciones previstas ya han desencadenado las protestas de Andalucía y Murcia, gobernadas por el PP, y, con menos virulencia, de los responsables de la Comunidad Valenciana, gobernada por los socialistas junto con Compromís y Unidas Podemos. La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha acusado este lunes a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de “sentenciar y condenar a muerte” el futuro de su comunidad.

El Gobierno defiende que, para compensar la reducción del agua que se trasvasará, se potenciará la desalación y la reutilización. La desalación es la alternativa que se lleva años proponiendo a los agricultores afectados para que dejen de depender del trasvase. Pero el agua desalada es más cara que la que llega por el acueducto desde Castilla-La Mancha, lo que impacta en la rentabilidad de sus negocios. El departamento de Ribera asegura que el plan europeo de recuperación contempla inversiones para “duplicar la capacidad de generación de agua desalada de todo el sistema” ligado a este trasvase. Y para abaratar los costes energéticos del proceso de desalación —que son los que más encarecen la factura— se prevén inversiones en energías renovables, principalmente fotovoltaica, asociadas a estas plantas.

Depuradoras

El trasvase es uno de los puntos más polémicos de la planificación que ha comenzado a tramitarse, pero la nueva normativa va mucho más allá de este asunto. Lo que se saca ahora a información pública son los planes de una decena de cuencas del país —las que ocupan más de una comunidad autónoma y son competencia estatal—. Además, también se actualizan los programas contra las inundaciones.

Los planes de cuenca serán los que guiarán las actuaciones en estos ríos y los usos del agua durante los próximos seis años, hasta 2027. En total, las actuaciones previstas en estos programas, que ahora deben someterse al proceso de alegaciones y tramitación durante seis meses, prevén una inversión de 21.000 millones de euros, de los que 8.000 los ejecutará la Administración central, explica Transición Ecológica. “Es un esfuerzo inversor sin precedentes”, ha asegurado Ribera.

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La partida que contempla una inversión más voluminosa es la referida a los “objetivos ambientales”, que lleva asociada actuaciones por valor de 10.546 millones de euros —3.117 millones de la Administración central—. Dentro de este capítulo se encuentran las obras previstas de depuración de aguas urbanas para cumplir con la legislación europea, que España lleva décadas sin respetar y que le ha supuesto la mayor multa europea que ha recibido hasta ahora el país.

Además del expediente que se refiere a esa multa, España tiene abiertos otros cuatro procedimientos más por parte de la Comisión Europea que afectan a un millar de núcleos de población: localidades, pedanías y urbanizaciones de menor tamaño que vierten sus aguas residuales directamente al mar y a los ríos sin tratar o que las tratan insuficientemente. El director general del Agua del ministerio, Teodoro Estrela, ha asegurado este lunes que con la nueva planificación “se pueden completar todas las actuaciones” que afectan a las depuradoras incluidas en estos expedientes de la Comisión en los próximos seis años.

Reducción del uso del agua

La vicepresidenta Ribera ha recordado que el país está ya experimentando “serias alteraciones del régimen hídrico” debido al cambio climático. Las previsiones a medio y largo plazo, ha añadido, “alertan de una reducción de la disponibilidad de agua, del aumento de las superficies áridas o semiáridas y de una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos”. Ante este panorama general, el ministerio baraja un escenario en el que será necesaria una “reducción en la disponibilidad de agua para los distintos usos” de alrededor de un 5% para 2030 y del 15% para 2050.

En los planes hidrológicos esto se materializará en que en los tres próximos años se reducirá el agua disponible en 1.700 hectómetros cúbicos en el conjunto de todas las cuencas. El principal sector afectado es la agricultura, que consume alrededor del 80% del agua. En estos momentos, hay en España oficialmente 3,8 millones de hectáreas de regadío. Erika González, de Ecologistas en Acción, ha abogado este lunes por frenar el crecimiento de los regadíos y por reducir la superficie actual. Habría que bajar hasta los 3 millones o los 3,2 millones de hectáreas para llegar a un “equilibrio hídrico”, ha asegurado González en un debate organizado por Transición Ecológica. Pero Juan Valero, secretario general de la asociación de regantes Fenacor, ha rechazado esa reducción y ha advertido de que supondría “mandar al paro” al 25% de este sector.

Según la planificación del Gobierno, la inversión prevista para abastecimiento y regadío ascenderá a 5.141 millones en los próximos seis años, lo que la convierte en la segunda partida con una mayor dotación. La referida a la desalinización y reutilización supondrá 1.002 millones. En su intervención, Valero ha pedido que estas actuaciones “se cumplan”, porque ha recordado que en las anteriores planificaciones puestas en marcha en las últimas décadas muchos programas de inversiones no se ejecutaron.

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