Andalucía y Murcia reabren la guerra del agua por el trasvase del Tajo

La decisión del Gobierno central de introducir modificaciones legales que reducirán la cantidad de agua que llegará a Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana desde la cabecera del río Tajo irá acompañada de un enfrentamiento político y recursos judiciales una vez que se formalice. De momento, los presidentes andaluz y murciano, los populares Juan Manuel Moreno Bonilla y Fernando López Miras, han mostrado este lunes una posición común en contra de estos cambios. “Nos unimos frente a una decisión no dialogada y unilateral”, ha protestado Moreno. “Es una decisión terriblemente injusta y que supone un intenso recorte para los agricultores del Levante”, ha añadido el presidente andaluz después de firmar una declaración de defensa del trasvase con López Miras.

El Ministerio para la Transición Ecológica tiene abiertas dos modificaciones que impactarán directamente en el trasvase del Tajo, y que pueden reabrir la guerra del agua entre comunidades —que nunca se ha conseguido cerrar con un acuerdo de paz que contente a todos—. Por un lado, el ministerio está ultimando una modificación de las reglas de explotación del trasvase. Esas normas fijan las cantidades que pueden pasar a la cuenca del Segura en función del agua que tengan acumulados los dos pantanos de la cabecera del Tajo: Entrepeñas y Buendía, ubicados en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Todo se centra ahora en el nivel 2, al que se llega cuando el agua embalsada en estos dos pantanos está por debajo de los 1.300 hectómetros cúbicos (un 35% de su capacidad). El PP estableció en 2013 que cuando se llegue a esa situación se enviarán 38 hectómetros cúbicos mensuales al Segura. Ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica, partiendo de un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), propone reducir esa cantidad a 27 hectómetros cúbicos mensuales. Este cambio podría suponer una reducción anual de 13 hectómetros cúbicos del agua trasvasada a la cuenca del Segura, según los cálculos del Cedex. El trasvase medio anual ronda los 320 hectómetros cúbicos.

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La otra modificación que tiene sobre la mesa también el ministerio es la del plan hidrológico del Tajo, en la que se incluirán caudales ecológicos que supondrán también límites a la cantidad de agua a trasvasar. Se espera que este plan, como el del resto de cuencas, esté aprobado definitivamente en abril de 2022.

Aunque ahora se amenace con recursos y demandas, este asunto lleva ya muchos años judicializado. “Ante quienes debemos rendir cuentas ahora es ante los tribunales”, explica Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Se refiere a que cinco sentencias del Tribunal Supremo han instado al Gobierno a establecer esos caudales ecológicos en el Tajo. La cuenca cedente —es decir, Castilla-La Mancha— propone que en la zona de Aranjuez el caudal medio anual que se establezca sea de 10,5 metros cúbicos por segundo. Y, según detalla Morán, las cuencas demandantes —Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana— abogan por seis. La propuesta actual del Gobierno es de 8,5 metros cúbicos por segundo de media anual. Cuanto mayor sea el caudal ecológico establecido en la zona de Aranjuez, menos agua se podrá trasvasar. Según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, ese mínimo de 8,5 supondría 80 hectómetros cúbicos al año menos de agua que llegaría a Alicante, Murcia y Almería.

El agua que llega desde el Tajo se emplea para el consumo urbano de entre 2,5 y 3 millones de personas y para el regadío. Morán asegura que el consumo humano estará siempre garantizado. El problema es el agua con fines agrícolas. En muchas de las zonas que reciben las aguas del trasvase existe ya una red de plantas desalinizadoras porque las sucesivas sequías hacen que muchos meses no se pueda enviar agua desde el Tajo. Pero esa agua desalada supone un coste añadido para los agricultores, que por eso defienden con uñas y dientes el trasvase.

La guerra del agua por este trasvase —en España hay varias decenas que no generan este enorme conflicto— es también una guerra de cifras. Un ejemplo claro es la modificación de las reglas de explotación del actual trasvase, que el Gobierno espera tener aprobada a través de un real decreto en unas semanas, según Morán. El cambio en el umbral del denominado nivel 2 supondrá, según Andalucía y Murcia, una reducción de 80 hectómetros cúbicos anuales de agua trasvasada. Castilla-La Mancha, sin embargo, sostiene que serán 50 hectómetros cúbicos menos, según Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de esa comunidad. Y el informe del Cedex que ha empleado el Ministerio para la Transición Ecológica apunta a una merma de 13 hectómetros cúbicos.

“Quien pretenda cerrar el trasvase nos tendrá enfrente”

Martínez Arroyo aplaude los cambios que está preparando el Ejecutivo central. “Es la primera vez que se está priorizando a la cuenca cedente”, asegura el consejero de Castilla-La Mancha. En las anteriores batallas de esta guerra del agua —que supuso, incluso, duros enfrentamientos dentro de los partidos políticos— a un lado estaba su comunidad y al otro Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en la firma de la declaración de este lunes no ha estado presente el socialista Ximo Puig, presidente valenciano. Según López Miras, no se ha unido “por problemas de agenda”.

Los presidentes de Andalucía y Murcia han lamentado que el Gobierno perjudicará a sus agricultores al modificar el trasvase. “Si se llevase a cabo la propuesta unilateral del Gobierno de España, basada en criterios políticos y no técnicos, para reducir el trasvase o la elevación de caudales ecológicos, eso haría que muchas familias se quedasen sin oportunidades. Me preocupan esos dos millones y medio de españoles que pueden ver reducida la llegada del agua y cómo aumenta su factura un 30%”, ha sostenido López Miras. “Quien pretenda cerrar el trasvase nos tendrá enfrente, pero al mismo tiempo lanzamos una mano tendida para el diálogo y la cogobernanza”, ha añadido el presidente murciano dirigiéndose al Gobierno central.

Por su parte, la Junta andaluza ha asegurado que el cambio en las reglas de explotación afectaría a 130.000 almerienses y tendría un impacto de 3.000 millones de euros en el PIB español. “No hay razón jurídica, ni medioambiental, no existe razón de peso que recomiende al Gobierno tomar esta decisión grave y severa en contra del Levante español”, ha lamentado Moreno.

Horas después de la firma de la declaración, la Comunidad Valenciana ha afirmado que no formará parte de este frente junto a Andalucía y Murcia a pesar de que considera el trasvase “irrenunciable”. “Nosotros tenemos una posición leal y permanente con los regantes, que son el factor fundamental de esa cuestión, pero no estamos en la confrontación y el partidismo. Y en esta reunión no se tenía demasiado interés en que estuviera la Comunidad Valenciana”, ha dicho este lunes Ximo Puig, invitado al acto el pasado viernes a mediodía, con la agenda ya cerrada. Fuentes del Gobierno valenciano matizan que “nunca” se sentarían en “un frente partidista” con López Miras después de haber dado entrada en su Gobierno “a la ultraderecha”. “El trasvase es irrenunciable y estamos dispuestos a ir a los tribunales, pero no junto a Murcia”, añaden en cualquier caso dichas fuentes.

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