CONTAMINACIÓN

La Fiscalía abre la vía penal contra los conductores que se saltan reiteradamente las restricciones por contaminación

El ministerio público denuncia a dos personas por ignorar sistemáticamente la zona de bajas emisiones de Madrid. 150 municipios de España deberán tener zonas de este tipo en 2023

Cartel de Madrid Central en la calle Alcala.
Cartel de Madrid Central en la calle Alcala.Julian Rojas

La Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido abrir por primera vez la vía penal contra los conductores que se salten de forma reiterada las restricciones de las zonas de bajas emisiones, aquellas que establecen los Ayuntamientos y en las que la circulación de los coches más contaminantes está prohibida o muy limitada. En concreto, el ministerio público ha presentado dos denuncias contra los propietarios de sendos vehículos sin etiqueta ambiental que incurrieron en “constantes y sistemáticas infracciones” de las restricciones impuestas por el plan Madrid Central. La Fiscalía les acusa de un delito contra el medio ambiente, que acarrea penas de prisión de hasta cinco años, según establece el Código Penal.

Más allá del caso concreto de estos dos conductores contumaces, los dos primeros en España contra los que se decide ir por la vía penal por este asunto, la intención de la Fiscalía es continuar con este tipo de acciones en el futuro. De momento, solo Madrid y Barcelona cuentan con zonas de bajas emisiones en vigor. Pero en dos años el panorama va a cambiar radicalmente: en 2023 todos los Ayuntamientos con poblaciones de más 50.000 habitantes de España (casi 150 municipios en total) deberán contar con zonas de este tipo, según fija la nueva ley de cambio climático, que este jueves quedará definitivamente aprobada en el Congreso. Además, los municipios de más de 20.000 con problemas de calidad del aire también tendrán que contar con estos planes de restricción del tráfico.

Madrid fue la primera ciudad del país en crear una zona de bajas emisiones durante el mandato de Manuela Carmena. Estuvo en fase de pruebas hasta mediados de marzo de 2019. A partir de ese momento, el Consistorio empezó a multar a los infractores. Aunque el PP amagó con derogar completamente esta zona de bajas emisiones, finalmente presentó un plan similar, aunque con alguna relajación en las restricciones, llamado Madrid 360.

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El pasado año, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, y su equipo decidieron abrir una investigación y reclamaron los datos de los infractores y las multas impuestas entre marzo y diciembre de 2019. En ese periodo, el Consistorio madrileño detectó 40,5 millones de accesos, apuntan fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente. Y, de todos esos accesos, 1,6 millones fueron vehículos sin distintivo ambiental —los turismos de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006, que tienen prohibida su entrada en el área de Madrid Central—. Tras un trabajo de cribado, la Fiscalía localizó esos dos casos de “constantes y sistemáticas infracciones”, según recogen las dos denuncias presentadas por el ministerio público en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid a las que ha accedido EL PAÍS.

La primera de las denuncias va dirigida contra la empresa propietaria de un Peugeot 405, diésel y matriculado en 1992, y contra el administrador único de la sociedad dueña de este coche, que fue cazado 157 veces entrando en Madrid Central en los nueve meses analizados por el ministerio público. “Este vehículo era utilizado por dicho administrador o por personal a su servicio por orden suya, con fines empresariales”, se apunta en el escrito de la Fiscalía. “Estas constantes y sistemáticas infracciones motivaron la interposición de 155 denuncias administrativas con imposición de 117 sanciones”, añade la denuncia. El otro caso denunciado se refiere a un Peugeot 205, diésel también y de 1997, al que se le detectaron 132 accesos. El propietario es un particular y las infracciones supusieron que se le interpusieran “131 denuncias administrativas con imposición de 130 sanciones”. En ambos casos a la Fiscalía no le consta que se hayan abonado todas esas multas.

En su denuncia, la Fiscalía realiza un cálculo de las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas que este tipo de coches expulsan a la atmósfera. Y se explican todos los efectos que tienen sobre la salud esos contaminantes. “La principal causa del deterioro de la calidad del aire en la ciudad de Madrid es el automóvil, presentando los niveles de contaminación registrados un importante problema de salud pública”, resumen las denuncias. Por eso, la Fiscalía sostiene que se trataría de un delito contra el medio ambiente, pero con la agravante de haber “creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas” (artículo 325.2, párrafo segundo, del Código Penal).

Nueva ley

Con estas denuncias la Fiscalía va más allá de las meras infracciones administrativas que los incumplimientos de las restricciones de este tipo suponen hasta ahora. En un escrito que Antonio Vercher envió en enero de 2020 al Ayuntamiento de Madrid, tras un episodio de alta contaminación, ya indicaba que a su entender se podría ir más allá de las multas al considerar la “muy negativa incidencia” en la salud pública de la polución.

En los próximos meses las zonas de bajas emisiones ocuparán un lugar importante en la agenda y los debates políticos de casi 150 municipios españoles; los de más de 50.000 habitantes que tendrán que aprobar el “establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023″, según la nueva ley de cambio climático. También deberán hacer lo mismo los cabildos y consejos insulares. El Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en “unas directrices” para el establecimiento de estas zonas, según fuentes de este departamento. El objetivo es “ofrecer orientación a los municipios” porque en este momento no existe ni una definición clara sobre lo que se puede considerar un área de bajas emisiones ni sobre los criterios que se deben seguir.

Las fuentes del ministerio consultadas sostienen que las directrices que se están preparando fijarán aspectos como los “elementos relativos a su diseño, criterios de acceso y circulación, posibles medidas complementarias a las citadas restricciones” y “los requisitos relativos a la monitorización de su impacto”. Además, la ley y esas directrices establecerán el principio de no regresión para evitar polémicas como la ocurrida en la capital cuando el PP ganó las municipales e intentó derogar Madrid Central.

Durante la tramitación de la ley de cambio climático en el Congreso se incluyó una cláusula en la que se fija que también deberán poner en marcha zonas de bajas emisiones los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite legales de los contaminantes. El ministerio apunta a que en estos momentos “no hay ningún municipio de entre 20.000 y 50.000 con superaciones”. Sin embargo, Miguel Ángel Ceballos, responsable estatal de calidad del aire de Ecologistas en Acción, afirma que esto se debe a la reducción del tráfico asociada a la pandemia. Si se toman como referencia los últimos cinco años, hay 48 municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes en España en los que se han producido esas superaciones en algún momento.

En cualquier caso, Ceballos incide en la importancia de que el ministerio apruebe un “desarrollo reglamentario”, tanto para el caso de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes como para los de más tamaño. “Se necesita precisar los criterios y medidas”, añade. Y advierte de la tentación que tendrán algunos Ayuntamientos de hacer pasar como zonas de bajas emisiones los cascos históricos en los que ya no hay prácticamente tráfico. “Eso no supondría una verdadera medida de reducción de la contaminación”, advierte.

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