La Fiscalía de Medio Ambiente se enfrenta al Supremo por la caza de aves con pegamento

La caza de aves con la técnica de la liga o pegamento ha generado un importante choque entre la Fiscalía de Medio Ambiente y el Tribunal Supremo. La sala segunda del alto tribunal sentenció hace un mes que el empleo de esta técnica no selectiva no siempre debería considerarse como un delito aunque sea ilegal. Pero el coordinador de los fiscales de medio ambiente, Antonio Vercher, se ha rebelado ante este fallo. Y la semana pasada envió un oficio a todos los fiscales del país especializados en medio ambiente en el que les insta a que ignoren al alto tribunal y sigan persiguiendo como un delito la caza con pegamento como han hecho hasta ahora.

Su consideración o no como un delito no es un asunto menor. Porque verdaderamente no se logró reducir el uso de esta técnica en España hasta que se empezó a perseguir por esa vía penal hace una década, como explica Mario Giménez, delegado de SEO/BirdLife en la Comunidad Valenciana, donde tradicionalmente ha tenido mucho arraigo esta práctica, denominada en valenciano parany. Hasta entonces, apunta, se consideraba una falta administrativa, que se solventaba solo con una sanción. “La sentencia del Supremo puede devolvernos al momento en el que solo era considerada una falta administrativa, cuando se seguía usando ampliamente porque la gente se arriesgaba a pagar solo una multa”, advierte Giménez. Este ecologista señala que este tipo de caza no selectiva, al ser indiscriminada, causa graves efectos en muchas especies: “en la Comunidad Valenciana se emplea para cazar zorzales, pero quedan atrapadas otras especies como petirrojos e, incluso, mochuelos”.

No existen dudas de que en estos momentos es ilegal esta técnica de caza —que normalmente consiste en colocar en arbustos y árboles varillas impregnadas en pegamento para atrapar a pequeñas aves—. Aunque para llegar a ese punto hicieron falta muchos años de pleitos entre Administraciones, expedientes de la Comisión Europea y hasta una sentencia del Constitucional de 2013 en la que se establecía que no se puede autorizar esta técnica no selectiva de capturas.

“Todos los tribunales sentenciaron en contra, pero tenía un fuerte arraigo en zonas como Castellón”, recuerda Giménez. “Era ilegal, pero se seguía usando, hasta que se empezó a considerar delito y el Seprona de la Guardia Civil empezó a perseguirlo con más fuerza”, añade.

Para ello fue fundamental la reforma del Código Penal de 2010 en la que se estableció en el artículo 336 que supone un delito emplear para la caza o la pesca “veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva, o no selectiva, para la fauna”. En un principio, hubo problemas en los tribunales a la hora de interpretar este artículo respecto a si afectaba o no a la caza con liga. Pero, como recordaba la Fiscalía de Medio Ambiente en su última memoria anual, “es un problema claramente superado en este momento” y “la norma penal” se aplica a esta técnica “sin reticencias o dificultades interpretativas”.

Pero la sentencia de hace un mes del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue el magistrado Pablo Llarena, reabre de nuevo este debate jurídico. El tribunal consideró que no es siempre delito la liga, por lo que absolvió a tres hombres que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de 1.440 euros de multa e inhabilitación especial para cazar o pescar durante un año. Los acusados fueron sorprendidos cuando se disponían a cazar jilgueros con esta técnica en Madrid.

Uno de los argumentos empleados por Llarena para fallar así es el sentido contradictorio de las sentencias en los tribunales inferiores. Pero Vercher, en el oficio enviado la semana pasada, rechaza que esas discrepancias se den ahora. “Con el tiempo se ha venido produciendo una paulatina unificación de criterios”, apunta el coordinador de los fiscales medioambientales en ese escrito, al que ha accedido EL PAÍS. Vercher entiende que en la sentencia hay “aspectos más que debatibles”, como que se haga referencia a que la especie afectada es “muy común”. La Fiscalía de Medio Ambiente recuerda que hay “estudios” que demuestran la “sobreexplotación” de las capturas de fringílidos (la familia a la que pertenecen los jilgueros), que hace que esté “disminuyendo la población”. Ese “declive” también ha sido advertido por la Comisión Europea, que lleva años intentando terminar con la caza con liga en varios países de la UE, entre ellos España y Francia. El escrito insiste en que el parany es ilegal, “por más que desde diferentes sectores sociales involucrados tradicionalmente en este tipo de actividades se intentara hacer ver lo contrario”.

Vercher concluye su oficio instando a todos los fiscales especializados en medio ambiente y urbanismo a que sigan “actuando en la misma línea y tal y como se ha venido haciendo hasta el presente momento”; es decir, que se siga denunciando como un delito la caza con pegamento, y otros casos en los que “se usan instrumentos y artes de carácter no selectivos”, hasta que no exista “jurisprudencia consolidada”. Y advierte de los daños que se podrían causar a “una especie de aves cuya situación es francamente delicada y compleja”.

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