El ‘parany’ persiste entre la ineficacia de Medio Ambiente y el furtivismo

La tradicional modalidad de caza del parany sobrevive en la Comunidad Valenciana pese a su ilegalidad. Adquiere forma de furtivismo y se aprovecha de la ineficacia de la Administración.

“¿Que si hay tradición de parany? Muchísima”. Una camarera del bar de la plaza principal de Càlig, un pequeño municipio de Castellón, no duda cuando se le pregunta por la persistencia de este método de caza que se resiste a desaparecer pese a estar prohibido por ley y estar catalogado como delito. Pasan pocos minutos de la una del mediodía y comienza a llegar un grupo de una decena de quincuagenarios. En poco tiempo comienzan a hablar del parany. Todos responden negativamente cuando se les pregunta si siguen cazando. “He llegado a pagar 6.000 euros en multas, hace tiempo que lo dejé”, dice uno de ellos. Casi todos aseguran haber sido sancionados. “Ahora es que además van por lo penal, no somos delincuentes”, dice otro.

El parany es un conjunto arbolado donde se instalan varillas con pegamento (liga) para capturar tordos con ayuda de reclamos sonoros. Lleva 12 años de prohibición y fue tipificado como un delito en diciembre de 2010. Se persigue porque los tribunales (el Constitucional y el de Luxemburgo) han dictado que el uso de la liga es un método no selectivo y que, por ello, no se puede evitar que en estas trampas extendidas principalmente por la provincia de Castellón y parte de la Valencia, se atrape a especies protegidas. Para los paranyers es una tradición que ha sobrevivido a generaciones y, por ello, se resiste a desaparecer como admite el grupo de vecinos de Càlig. Dicen que se sienten perseguidos. “La gente está muy quemada, te roban en la finca y no pasa nada, te pillan en el parany y te denuncian, cualquier día pasará algo”, asegura uno de ellos en alusión a un violento episodio ocurrido días atrás.

El 22 de octubre dos agentes de la Consejería de Medio Ambiente denunciaron haber sido víctimas de una agresión en esta localidad. Aseguran que fueron rodeados por varios vehículos y que unas siete personas les empujaron y golpearon, sin causar daños físicos “graves”. Poco después les volvieron a interceptar y fueron agredidos de nuevo. “Lo que allí ocurrió es una supuesta infracción penal tipificada como delito de atentado contra la autoridad”, recalca uno de los agredidos. El episodio ha sido denunciado.

Los dos, un hombre y una mujer, se sienten “víctimas de la mala gestión”. Denuncian falta de medios de la Consejería de Medio Ambiente que los envía a controlar el parany “con las manos en los bolsillos y en medio de un avispero, interponiendo denuncias que llegan a sobrepasar los 2.000 euros en medio de esta crisis”. Ninguno de los dos quiere dar su nombre. Insisten en que no hay ninguna voluntad de la Administración de terminar con este delito y hablan de “paripé” para quedar bien. Dicen que el número de agentes destinados al control es “ínfimo”, apenas cuatro parejas a turnos para toda la provincia. La consejería lo niega: “Consideramos que es el correcto”.

Pero los datos hablan por sí solos. Medio Ambiente solo ha elevado 11 denuncias esta temporada (la caza se inicia en octubre y se extiende hasta principios de noviembre). Los ecologistas han registrado 98 en Castellón. “Apenas un 10% de los paranyers serán denunciados”, explica Francisco González, de Gecen (Grupo para el Estudio y conservación de los espacios Naturales). También él habla de “abandono total” de los agentes y de aumento del furtivismo: “Se han adaptado por el miedo a ser denunciados, han puesto vallas, cazan por horas…”.

Desde Apaval, la asociación que aglutina este colectivo, afirman que seguirán trabajando para lograr que se legalice. “Es un error del legislador querer comparar el pegamento con el veneno o el explosivo”, sostiene su presidente, Miguel Ángel Bayarri. También argumentan que, de cazarse un ave protegida, esta se limpia de liga y se libera sin causar la muerte. “Es irrelevante que el cazador libere la pieza una vez que ya se ha cometido el delito”, recoge una reciente sentencia de la Audiencia de Castellón que ha condenado a un vecino de Vinaròs por un delito contra la fauna. El fallo recalca que el pegamento no es selectivo y que por ello no se puede evitar que un ave protegida caiga en la trampa. Solo esa captura ya es delito, independientemente de su liberación posterior. El fallo recalca el centro del conflicto: “Los imputados (paranyers) parecen no comprender la ilicitud penal de su actividad”.