Neuroderechos: aterriza en el Congreso el peligro de los implantes cerebrales y las tecnologías para leer la mente

Rafael Yuste siente sobre sus hombros un peso similar al de Robert Oppenheimer, el líder del proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. En su caso, el arma que le quita el sueño ―y que aún no se ha detonado― es la neurotecnología, ámbito en el que es experto de primer orden. Este neurocientífico español de la Universidad de Columbia, que convenció a la Casa Blanca de que invirtiera cientos de millones para mapear el cerebro, sabe que las tecnologías de lectura de la mente son reales y peligrosas. Implantes para conectar el cerebro a las máquinas, dispositivos que inducen recuerdos, aparatos que leen los pensamientos: ya se desarrollan en laboratorios de todo el mundo y por compañías como la de Elon Musk, que ya ha implantado su primer chip en un humano. Por eso, desde 2017 Yuste viaja por todo el mundo para conseguir que los gobiernos protejan con leyes los neuroderechos, los derechos de la mente humana. Ya lo ha conseguido en Chile, Brasil, México y EE UU. La semana que viene aterriza con toda esa convicción en el Congreso de los Diputados, para que España se incorpore a ese club de vanguardia y sea el primer país europeo que defienda legalmente la privacidad de los pensamientos.

“Voy con la mejor intención del mundo, a lograr un consenso de todos los partidos políticos. Es parte de mis deberes, convencer a todo el espectro, desde los independentistas hasta Vox, porque esto es lo que hemos logrado en otros países”, explica Yuste por videoconferencia. El lunes 26, el neurocientífico presentará ante las señorías la película Theatre of Thought (teatro del pensamiento), que ha rodado junto con el famoso cineasta Werner Herzog para alertar sobre los riesgos de las neurotecnologías para la privacidad, la identidad y el libre albedrío. El martes 27, a puerta cerrada con los diputados, se producirá un diálogo con especialistas sobre las implicaciones éticas de los avances en neurociencia.

“El objetivo es no solamente pasarlo bien discutiendo este tema, sino enfilar la posibilidad de hacer un proyecto de ley en España que cubra este terreno, promover una ley específica de protección, como está ocurriendo en otros sitios”, reconoce Yuste, presidente de la Fundación Neuroderechos. “Así se incorporará, aunque tarde, pero más vale tarde que nunca, a todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo con este tema”, explica el español, codirector del Centro de Neurotecnología de Columbia. Yuste, madrileño, lamenta que mucha gente se cree que es chileno, porque consiguió conmover a los legisladores de ese país antes que los del suyo propio.

“Este es un tema en el que mágicamente se pone de acuerdo todo el mundo porque a nadie le gusta la idea de que le lean el pensamiento”, dice entre risas. Al neurocientífico no le asustan las dificultades de la política española para alcanzar consensos: lo ha logrado en entornos políticos tan polarizados como Chile, Brasil, México y EE UU. En este último país ha conseguido su éxito más reciente, este mes: el Estado de Colorado ratificará la primera ley de protección del cerebro del mundo, técnicamente hablando. En Chile y en Brasil se consiguió antes, pero no mediante normativas específicas, sino con un reconocimiento más abstracto en enmiendas constitucionales.

El escenario español para sumar a izquierda y derecha es propicio, puesto que ya se han puesto de acuerdo en lo importante, el dinero, con la firma de dos de las administraciones más enfrentadas de España, las que dirigen Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. El cuartel general del desarrollo de los neuroderechos será el futuro Centro Nacional de Neurotecnología, Spain Neurotech, que contará con una plantilla de 400 empleados y una financiación de 200 millones hasta 2037: el 60% lo aportarán el Gobierno central y los fondos europeos y el 40% la Comunidad de Madrid (78 millones) y la Universidad Autónoma de Madrid, en cuyo campus estará ubicado.

En este Centro Nacional de Neurotecnología habrá un equipo de 30 personas, “el grupo más importante del mundo”, en palabras de Yuste, “trabajando en el ámbito de los neuroderechos desde el punto de vista científico-médico, tecnológico, pero también jurídico, ético, filosófico, con la intención de llevar el abordaje de derechos humanos para incrustarlo en medio de la neurotecnología en todo el mundo”. El impulso científico de este centro, junto a Yuste, lo realizan José Carmena, de la Universidad de California-Berkeley, y Álvaro Pascual-Leone, de la Universidad de Harvard.

Ayuso ha mostrado especial interés en la iniciativa Spain Neurotech, ya que visitó a Yuste en Columbia cuando estuvo en Nueva York en octubre. Y el Gobierno de Sánchez ha impulsado desde el principio el valor de estos nuevos derechos mentales. La secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial incluyó los neuroderechos en su Carta de Derechos Digitales de 2021 (punto XXVI). Y la vicepresidenta Nadia Calviño aprovechó la presidencia rotatoria de la UE para que una treintena de países los reconocieran en octubre de 2023 en la Declaración de León, “primer documento europeo que establece principios éticos para el desarrollo y uso responsable de las neurotecnologías, con un enfoque centrado en el ser humano”. Un portavoz de la secretaría de Estado reivindica además otros esfuerzos que han “contribuido a fortalecer el debate sobre los neuroderechos a nivel europeo e internacional”. Pero todavía no hay en España nada con rango normativo.

Oficina C

La reunión de Yuste con los diputados la propicia la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, la llamada Oficina C, que se dedica a asesorar mediante informes sobre temas específicos para mejorar el conocimiento del Legislativo en cuestiones técnicas. En su última ronda de informes incluyen uno sobre los avances en neurociencia, y la reunión de la semana que viene coincide con la presentación en la cámara de estos documentos. En el debate a puerta cerrada del martes también participarán Pascual-Leone, Mavi Sánchez Vives (de ICREA) y Liset Menéndez de la Prida (del Instituto Cajal, CSIC), que han colaborado en la elaboración del informe para los diputados, como el propio Yuste.

En el documento también se recogen los neuroderechos, que sus impulsores definieron en un artículo en la revista Nature de 2017, y que hoy se resumen en cinco: derecho a la identidad personal, por integrar cerebros con tecnología y la influencia de los algoritmos; al libre albedrío, porque las herramientas tecnológicas comprometen la autonomía humana; a la privacidad mental, el más urgente, porque ya se puede recopilar la información cerebral; al acceso equitativo, para no aumentar las desigualdades existentes; y a la protección contra sesgos, para corregir prejuicios en algoritmos y prevenir la discriminación.

“La neurotecnología va directamente a la esencia del ser humano, que es nuestro cerebro, por eso para nosotros es muy normal abordar el problema desde el punto de vista de los derechos humanos”, afirma Yuste. De momento, las únicas objeciones que ha encontrado en su proselitismo han sido los de algunos grupos de presión corporativos: “Todo el mundo está de acuerdo cuando se lo cuentas, excepto algunas partes de la industria tecnológica que lo ven como una amenaza y que no quieren ninguna regulación”. En todo caso, asume que su trabajo “es hablar con todos y lograr convencerles, de manera que sea muchísimo más fácil si se presenta después una proposición de ley, para que tenga un apoyo rápido y vaya sin problemas”.

En su documental, Herzog le pregunta a un científico: “¿Podrías en el futuro leer mi mente y conocer mi próxima película antes incluso de filmarla?”. Mientras se resuelven dudas preocupantes como esta, algunos científicos esperan que se legisle antes de que podamos leer, y manipular, la mente de Herzog. Y la de cualquier otro humano.

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