Metro podrá seguir retirando el amianto de los trenes

La juez que instruye el caso del amianto en Metro de Madrid ha aceptado las alegaciones de la empresa pública. El jueves pasado, por orden judicial, quedaron suspendidas todas las operaciones de desamiantado en el suburbano: los trabajos de limpieza que realiza una empresa subcontratada, que debe estar dentro del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) debido a la toxicidad del material. Metro inició estos trabajos en 2018, varias décadas después de constatar que había amianto en su red: la empresa lo sabe desde principios de los noventa, pero no se lo comunicó a sus trabajadores hasta 2017, cuando a un empleado le reconocieron la asbestosis.

“Metro continúa con su plan, cuyo objetivo es eliminar este material de toda la red en 2025 con una inversión de 140 millones de euros”, han detallado fuentes de Metro. La compañía afirma que “todo el proceso de desamiantado se comunica a los delegados de seguridad y salud de los sindicatos”. También a los trabajadores por medio de una circular interna: en los últimos dos años ha habido 52 avisos. Pero Metro no siempre ha sido tan transparente con el amianto.

En 2003, la empresa identificó e inventarió la presencia del material en todas sus instalaciones. A pesar de que la Ley de Riesgos Laborales de 1995 les obligaba a informar a sus trabajadores, Metro no lo hizo. Años después, la empresa adjudicó contratos para desamiantar, pero lo hizo de manera discreta. La jueza que investiga a siete trabajadores de la compañía del área de prevención y salud laboral por homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y por poner en riesgo a los trabajadores. Actualmente, han fallecido cinco trabajadores o extrabajadores a causa el material. Además, otro operario tiene la asbestosis reconocida y varios más están realizándose pruebas.

La titular del juzgado 23 permite a Metro que siga desamiantando, pero avisa de que en ningún caso los trabajadores de compañía podrán manipular el material. La jueza que instruye el caso tomó declaración a las víctimas y allegados hace unas semanas. A primeros de marzo les toca el turno a los acusados.

La paralización del desamiantado de la semana pasada no fue el único requerimiento de la magistrada. También demandó el organigrama desde el año 2000 hasta la actualidad (incluyendo cargos directivos, consejeros delegados, y miembros del consejo de administración de Metro) así como las competencias de todos ellos para determinar de quién dependía la aprobación de las partidas de desamiantado que se efectuaron en secreto entre los años 2003 y 2006.

La jueza remarca en su decisión de reanudar el desamiantado que la investigación se centra en "la falta de actuación de determinados responsables de Metro en relación a los elementos con amianto" y en la exposición de los trabajadores a este mineral que puede acabar con sus vidas. Para la instructora resulta "sorprendente" que Metro, "con toda obviedad, responsable civil subsidiario", y a pesar del alcance de los hechos, "no se haya personado todavía en la causa".