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La juez ordena paralizar los trabajos de desamiantado de Metro

Los investigadores del caso, que buscan dilucidar la responsabilidad de la compañía por exponer a los trabajadores al asbesto, han pedido también información sobre responsables ejecutivos de la empresa pública

Talleres de Metro en Canillejas, sede en la que se realizan las labores de desamiantado.
Talleres de Metro en Canillejas, sede en la que se realizan las labores de desamiantado.

La juez que instruye el caso amianto de Metro —que investiga a siete responsables del suburbano de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia, y delitos contra los derechos de los trabajadores— ha paralizado los trabajos de desamiantado de la compañía. Desde el martes y hasta nuevo aviso, la empresa pública, gestionada por la Comunidad, no puede desamiantar trenes, según confirmaron fuentes de Metro. La empresa presentó en 2018 un plan, dotado con 140 millones y de siete años de duración, para limpiar su red de la presencia del mortífero material. Metro va “a pedir la reanudación de los trabajos cuanto antes”.

Metro no puede realizar trabajos de desamiantado en sus trenes. Así lo ha decidido la juez que investiga a siete responsables de Salud y Prevención del suburbano a los que acusa de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia, y delitos contra los derechos de los trabajadores por exponerles durante años al amianto sin avisarles. “La policía judicial nos ha requerido la suspensión de los trabajos”, han confirmado fuentes de la compañía que puede realizar esas labores en el resto de sus instalaciones.

La paralización del desamiantado ha llegado después de que el Sindicato de Maquinistas (SCMM) denunciase que al desamiantar los trenes más antiguos, se podrían eliminar pruebas. Aunque dos conductores de la compañía tienen reconocida la enfermedad laboral asociada a la exposición —ambos han fallecido—, Metro no reconoce al colectivo es condición de víctima potencial. Los maquinistas quieren que se investiguen los componentes con amianto de esos trenes más vetustos.

Por otro lado, el SCMM criticó también que en una estación, que fue limpiada el año pasado dentro del plan de desamiantado de Metro —la de Valdecarros, en la línea 1—, apareciese de nuevo el tóxico material. “Las medición de fibras en el aire dieron negativo, pero las de suelo no”, explica un portavoz del sindicato. El amianto es un material que al degradarse (al cortarse, partirse, fundirse…) genera un polvillo blanco y emite microfibras. Esos hilos microscópicos pueden insertarse en algún tramo del tracto respiratorio, convirtiéndose en precursores de diversas patologías, algunas mortales, como cáncer, mesotelioma o asbestosis.

Cuando se realizan labores de limpieza, no puede quedar ni un resto de ese polvillo por eso se deben realizar mediciones en el aire, pero también en la zona y las superficies donde estaba el material. “No es normal que nos digan que se ha desamiantado un tren o una estación y que resulte que no es verdad”, apunta Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa de Metro.

Décadas de mentiras

La desconfianza de los trabajadores con Metro por la gestión del amianto viene de largo. Aunque hay constancia de la presencia del material en la red pública al menos desde principios de los años noventa del siglo pasado, la compañía lo estuvo ocultando durante décadas. Solo avisó a sus empleados hace tres años, después de que le fuese reconocida la enfermedad laboral a uno de ellos. Por el momento han fallecido cinco trabajadores o extrabajadores de Metro a causa del material. Además, hay otro con la enfermedad laboral reconocida. Y varios más pendientes de confirmación.

La magistrada también ha pedido a Metro que identifique a la empresa (o empresas) externa contratada para la gestión del mineral. Como Metro no está inscrito en el RERA (el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), todas las tareas relacionadas con el mineral las realizan una serie de subcontratas acreditadas. Metro debe aportar a la instrucción los contratos con las mismas. También, un compendio de todos los avisos enviados hasta la fecha a los 7.000 trabajadores de la compañía cada vez que se ha identificado alguna pieza con el material: “Solo entre 2018 y 2019 superamos el medio centenar de avisos”, explican fuentes sindicales. En eso dos años se emitieron 52 circulares sobre el amianto. Esta semana, la compañía ha encontrado otras tres piezas peligrosas por contener el material.

La investigación judicial se centra en la gestión del asbesto en el suburbano desde 2003. Ese año, Metro realizó un inventario para conocer la presencia del material. A pesar de que la Ley de Riesgos Laborales de 1995 les obligaba a informar a sus trabajadores al respecto. Metro la obvió.

Por otro lado, demanda el organigrama desde el año 2000 hasta la actualidad (incluyendo cargos directivos, consejeros delegados, y miembros del consejo de administración de Metro) así como las competencias de todos ellos para determinar de quién dependía la aprobación de las partidas de desamiantado que se efectuaron en secreto entre los años 2003 y 2006. Una decisión celebrada por los representantes sindicales.

“Se están dando cuenta de que también pueden estar implicados los máximos responsables de Metro”, explica Juan Carlos de la Cruz, secretario de CC OO en el suburbano. Los próximos 4 y 17 marzo continúan las comparecencias con las citaciones de los siete investigados. “Son mandos intermedios”, remarca De la Cruz, “hay mucha gente por encima de ellos; son los que tomaba las decisiones”.

La empresa recurre el último caso detectado de asbestosis

Metro no está conforme con el último reconocimiento de la enfermedad laboral realizado a un trabajador de la empresa pública. La Seguridad Social determinó el pasado 17 de octubre que un maquinista padecía asbestosis.

El hombre, que tenía la jubilación parcial, falleció ese mes. El INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) concluyó que la patología se originó por la “exposición prolongada al amianto” y determinó que la muerte fue un “accidente de trabajo”.

Metro no está conforme con ese dictamen y demanda a la Seguridad Social (tanto al INSS como a la Tesorería de la institución); a la mutua colaboradora Asepeyo; y a los familiares del fallecido. “Es una demanda injusta”, valoran los miembros del Sindicato de Maquinistas en un comunicado.

"La empresa considera que el motivo de la muerte fue el tabaquismo y argumenta que en el puesto de trabajo del fallecido no había exposición al amianto", explica Francisco Javier del Llano, presidente del comité de empresa. Una “mentira” para los conductores. “Quedó probada la existencia de amianto en toda la red del suburbano, pero además en la cabina del maquinista”, explican.

Metro había asegurado que se había producido un cambio de criterio y que no se iban a cuestionar los dictámenes del INSS para no alargar el dolor de las víctimas. En este caso, consideran que tienen que pelear el reconocimiento.

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